En la reciente elección de convencionales, gobernadores y alcaldes, los bancos otorgaron créditos por un total de $3.500 millones a cuatro partidos y 58 candidatos. El Servel no conoce los avales y garantías de esos préstamos y cualquier tercero puede hacer suya la deuda de un postulante en forma reservada. CIPER pidió a todos los deudores que exhibieran los documentos para identificar a sus avales y garantías. Evópoli respondió que tenía un acuerdo de confidencialidad con sus avales y 25 candidatos no entregaron los documentos por diversos motivos. Eduardo Engel, quien encabezó la comisión para la reforma al financiamiento político tras el escándalo de Penta y SQM, dijo que deben hacerse ajustes con urgencia para que podamos “conocer la identidad de cada aval en las elecciones de noviembre”.
Si Julio Ponce Lerou –el controlador de SQM, la minera investigada por proporcionar el mayor financiamiento político ilegal conocido hasta ahora–, garantizara un crédito bancario solicitado por un candidato para costear su campaña política, no lo sabríamos. La información sobre quién pone la espalda financiera para que las instituciones de la banca aprueben estos préstamos es estrictamente confidencial. Y esa persona, en la opacidad, puede transformarse en el mayor aportante de una contienda electoral.
El Servicio Electoral no fiscaliza quiénes son los avales de estos préstamos y los bancos no pueden informarlo, pues se trata de información cubierta por el secreto bancario.
Los “créditos con mandato” son préstamos que los bancos facilitan a los candidatos y que se pagan con el dinero que el Servel entrega por cada voto recibido. Para la reciente elección de convencionales, gobernadores y alcaldes, esa modalidad fue utilizada por 58 candidatos de todos los sectores políticos y cuatro partidos (Evópoli, RD, UDI y PC), los que en total pidieron $3.500 millones.
Los bancos analizan el patrimonio de los solicitantes y sus flujos, por lo que no piden aval o garantías a algunos si estiman que cuentan con respaldo propio. CIPER consultó por los nombres de los avales al Servel, a cada uno de los candidatos y partidos que utilizaron estos créditos, al Banco Estado (la institución financiera más requerida bajo esta fórmula) y a los notarios que certifican los documentos que constituyen las garantías. La respuesta siempre fue la misma: los nombres de los avales y de los titulares de depósitos a plazo u otros instrumentos o bienes que garantizan las operaciones están protegidos por el secreto bancario.
De esta forma, cualquier tercero puede respaldar el crédito y la opinión pública no puede conocer su identidad. En caso de que el candidato o partido no obtenga votos suficientes para asumir el pago, esta persona que se mantiene bajo reserva podría asumir la deuda. Así, se convertiría en aportante a la campaña –quizás el mayor de todos– sin que la opinión púbica conozca su identidad.
Frente a la imposibilidad de obtener la información desde fuentes oficiales, y en un ejercicio de transparencia, pedimos a los 58 candidatos y cuatro partidos que solicitaron préstamos que enviaran a CIPER los documentos que identifican sus avales y/o garantías, o que demuestran que el banco no les pidió ese requisito. Del total, 25 candidatos no entregaron los documentos adecuados, al igual que un partido: Evópoli. Dos candidatos no pudieron ser contactados para este reportaje.
El grupo de los 25 candidatos que no enviaron los documentos es transversal a todo el arco político: 19 del oficialismo y seis opositores. En esa nómina figuran, por ejemplo, la nueva alcaldesa de Santiago Iraci Hassler (PC) y la convencional Teresa Marinovic (independiente en cupo Republicano). También aparecen los periodistas Beatriz Sánchez (Frente Amplio) y Bernardo De La Maza (cupo Evópoli), y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).
Eduardo Engel, presidente de la comisión que propuso la reforma al financiamiento político después de los casos Penta y SQM, sostuvo que se deben hacer ajustes con urgencia para que en las próximas elecciones de noviembre los “avales anónimos” ya no existan: “Si el Servel cree que no tiene las facultades para regular los avales, debe informar a la brevedad para que el legislador se haga cargo. Debemos conocer la identidad de cada aval en las elecciones de noviembre”.
-Los importantes avances transparentando el financiamiento de la política se ven amenazados por la existencia de avales anónimos de los créditos de las candidaturas. Un aval que no le cobra la deuda a la candidata puede terminar siendo su principal financista, sin que se conozca su identidad y burlando los límites a las donaciones-, agregó Engel.
Para la elección de mayo pasado, Evópoli tomó dos créditos por un total de $320 millones ($285 millones para gobernadores y $35 millones para concejales). Su secretaria general, Luz Poblete, señaló a CIPER que los avales del partido solicitaron confidencialidad y declinó darlos a conocer para este reportaje.
-Esas personas nos pidieron especial reserva de nombres públicamente. Ellos se reservan este derecho-, dijo.
Catalina Parot, ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana y actual secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional.
Los otros partidos que pidieron préstamos son RD, UDI y PC. En el caso de RD, pidió $20 millones y envió documentación que acredita que sus avales fueron dos militantes: el diputado Jorge Brito y la periodista Juanita Rojas. Tanto la UDI (que pidió $93 millones) como el PC ($52 millones) remitieron documentos que confirman que no les pidieron avales o garantías.
Otra figura a la que los bancos no pidieron aval es la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Catalina Parot (Evópoli), quien utilizó el crédito más oneroso de la pasada campaña: solicitó en total $720 millones. Ella envió a CIPER copia del contrato con el Banco Estado que muestra que efectivamente no le pidieron aval. La hoy secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional quedó con una deuda cercana a los $280 millones, pues obtuvo menos votos de los que proyectaba. ¿Cómo pagará su deuda? Parot señaló a CIPER que no gastó todo el crédito, pensando que podría haber ido a segunda vuelta.
RESPUESTAS SIN DOCUMENTOS
La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, no envió documentación sobre el crédito por $30 millones que usó en su campaña. Ella señaló que no lo hacía por falta de transparencia, sino que por falta de tiempo y olvido.
Bernardo De La Maza, tampoco transparentó la información sobre su crédito por $35 millones: “No me acuerdo quién fue (el aval). Y no lo voy contar, es personal, lo pueden averiguar con el banco. Ya me extrañó que lo pidieran, pero ni siquiera tengo tiempo para preguntarle a mi aval si está dispuesto a que yo lo cuente”, dijo.
El candidato a la convención, no electo, Jaime Coloma Álamos (UDI), pidió un crédito por $30 millones. Él dijo que fue avalado por su padre, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), pero no aportó documentos para comprobarlo.
Teresa Marinovic utilizó un crédito de $20 millones. Consultada por CIPER, señaló que el banco le solicitó respaldarlo con un depósito a plazo por la misma cantidad, pero no envió documentos que lo acrediten. También vinculado al Partido Republicano, el ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Rojo Edwards, no accedió a enviar los antecedentes sobre su préstamo de $60 millones, y solo afirmó que su cónyuge había sido su aval.
La actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), declaró ante el Servel un crédito por $30 millones. Aunque insistimos durante varios días a su equipo de comunicaciones, la única respuesta fue que estaba concentrada en resolver problemas municipales, por lo que no entregaron información.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), utilizó un crédito por $50 millones. Le dijo a CIPER que el banco le pidió como garantía un depósito a plazo por el mismo monto y que ella lo proporcionó junto a su marido, Jorge Desormeaux. No envió documentos que comprobaran esa información.
El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), declaró un crédito por $60 millones. A través de sus asesores aseguró que el banco no le había solicitado aval, pero no envió documentos que lo confirmaran. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente, UDI) aseguró que no le pidieron aval para su crédito de $20 millones, pero no acompañó documentos.
Bernardo De La Maza, Karina Oliva y Rojo Edwards.
El ex senador PPD y derrotado candidato a gobernador por La Araucanía, Eugenio Tuma, declinó entregar la información sobre su crédito de $69,5 millones. Al ser contactado sostuvo que uno de sus hermanos fue su aval, pero que no transparentaría la información por considerarla privada: “Que cambie la ley primero”, fue parte de lo que dijo.
Tampoco transparentó la información el ex candidato a gobernador por Ñuble, Jezer Sepúlveda (UDI). Inicialmente, respondió pidiendo que le enviáramos las preguntas. Cuando lo hicimos, no volvió a contestar. Él declaró un crédito por $25 millones.
La candidata a gobernadora por Biobío, Flor Weisse (UDI) tomó un préstamo por $100 millones, según los registros del Servel. Su equipo de campaña señaló que además pidió otro por $40 millones. No entregó documentación.
El integrante de la Convención, Jorge Arancibia (cupo UDI), no entregó antecedentes sobre su crédito por $20 millones. En el equipo de prensa del también ex comandante en jefe de la Armada y ex senador, indicaron que toda la información al respecto está disponible en el Servel, lo que no es cierto.
La constituyente electa Tania Madriaga (Lista del Pueblo), pidió un crédito de $20 millones. Su equipo señaló a CIPER que «en nuestro caso el banco no solicitó un aval en función del análisis de ingresos del último tiempo», pero no enviaron documentos que lo respaldaran.
Otras dos ex candidatas que utilizaron este tipo de créditos y no transparentaron las condiciones son la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (independiente, UDI) y la ex candidata a constituyente y figura de la televisión Macarena Venegas (cupo Evópoli). Barriga declaró un crédito por $48 millones, y Venegas por $25 millones. Ninguna respondió los mensajes y llamadas de CIPER.
La ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes, Frente Amplio), registra siete créditos entre la primera y la segunda vuelta por un total de $211 millones. Ella envió a CIPER un documento que ratifica que para los créditos que solicitó para la segunda vuelta no le pidieron aval. Pero no ocurrió lo mismo con los créditos de la primera ronda, donde ella estaba en una situación de mayor incertidumbre, porque nadie esperaba que lograra los 600.000 votos que obtuvo. Sobre esos documentos señaló que no los tenía y que los había solicitado al Banco Estado, pero que hasta el cierre de esta edición, no se los habían enviado.
El convencional independiente ligado al FA, Fernando Atria, envió la información incompleta. El posee dos créditos: uno de $30,7 millones y otro de casi $10 millones. CIPER accedió a la información de este último solamente, en cuyos documentos aparece que el Banco Santander no le solicitó aval.
LA NÓMINA DE LOS QUE QUEDARON CON DEUDA
Los ex candidatos que están en una situación más compleja son los que quedaron endeudados porque los votos que obtuvieron no alcanzaron para cubrir el monto de los créditos. Diez ex candidatos que no transparentaron documentación sobre sus avales o garantías están en esa situación. Si ellos no pagan, serán esos avales anónimos los que deben asumir la deuda. En este grupo hay saldos a pagar de hasta $27 millones.
La excandidata a convencional Verónica Campino (RN) no envió la información y solo señaló que el Banco Bice no le solicitó aval. Ella obtuvo 2.147 votos y su crédito fue de más de $30 millones.
Luis Silva (independiente, Republicano), Andrés Carey (Independiente, RN) y René Cortázar (DC) también quedaron con deuda. De los $30 millones que pidió, Silva debe cubrir $24 millones. Carey, en tanto, solicitó $30 millones y debe pagar $22 millones. El ex director ejecutivo de TVN, René Cortázar, declaró un préstamo de $30 millones y su deuda asciende a más de $21 millones. Ninguno accedió a enviar información y solo Silva explicó que el banco no le pidió aval, lo que CIPER no pudo constatar.
René Cortázar.
Los candidatos a constituyentes y cónyuges Francisca Ayala y Hotuiti Teao (independientes, Evópoli), solicitaron $20 millones cada uno. Ella quedó con una deuda cercana a los $18 millones y él con una que supera los $14 millones. Teao dijo que no recordaba quiénes habían sido sus avales, señalando que revisaría la documentación de ambos. Tras varios contactos en los que se comprometió a enviar la información, finalmente eso no ocurrió.
Otra aspirante a convencional, Bernardita Paul (RN), sobrina del senador Manuel José Ossandón, dijo que su padre fue su aval, pero no dio acceso a los antecedentes sobre su crédito de $20 millones, del que debe pagar un saldo de $6,8 millones.
El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, solicitó dos créditos de $25 millones cada uno. Su votación no alcanzó para cubrirlos y le restan $5,5 millones por pagar. El edil afirmó que su esposa fue su aval, pero no facilitó documentación.
LOS QUE SÍ TRANSPARENTARON
Además de los tres partidos ya mencionados que transparentaron su situación (RD, UDI y PC), 30 ex candidatos también lo hicieron.
Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, usó un crédito de $22 millones y presentó como aval a su colaboradora y administradora municipal de su comuna: Camila Rubio. El actual gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recibió apoyo de la encargada de contenidos de su campaña, Macarena Pereira, quien fue su aval para conseguir $25 millones.
En seis casos, la documentación acredita que el aval fue el o la cónyuge. En este grupo están los convencionales Cristián Monckeberg (RN, $30 millones); Arturo Zúñiga (UDI, $20 millones) y Felipe Harboe (PPD, $20 millones). También figura el derrotado aspirante a la Convención, Gonzalo Blumel (Evopoli, $35 millones) y la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI, $70 millones), quien además del aval de su marido, puso como garantía una propiedad.
Verónica Pardo, quien compitió por la alcaldía de Providencia, envió a CIPER el expediente completo de la tramitación de su crédito de $40 millones en el Banco Estado: no solo debió contar con su cónyuge como aval, sino también presentar un depósito a plazo por la misma cantidad. Para cumplir este último requisito ocupó $10 millones que tenía ahorrados en el Banco Security y solicitó otro crédito por $30 millones, pero al Banco Falabella, que obtuvo con ayuda de una hermana y dos amigos.
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC, $35 millones) también fue avalado por su mujer. La aspirante a gobernadora de Los Ríos, María José Gatica (RN, $30 millones), también contó con el aval de su cónyuge.
La discrecionalidad de los bancos es un aspecto que algunos candidatos reclaman. El equipo del gobernador metropolitano Claudio Orrego (DC) envío a CIPER documentación que confirma que no le solicitaron aval para sus créditos de campañas, pero sí le pidieron exámenes médicos.
Patricia Politzer, Cristián Monckeberg y Mariana Aylwin.
A otros doce candidatos que también transparentaron sus documentos, tampoco les pidieron avales:
- La ex ministra Marcela Cubillos (independiente UDI, $78 millones);
- El ex senador Carlos Ominami (ex PS, 21 millones);
- El ex ministro Antonio Walker (Independiente Evópoli, $20 millones);
- El hijo del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Echeverría (Independiente pacto Chile Vamos, $20 millones);
- La alcaldesa Carolina Leitao (DC, $20 millones);
- Hernán Larraín Matte (Evópoli, dos préstamos por un total de $30 millones);
- El ex candidato a gobernador de Valparaíso, Manuel Millones (UDI, $100 millones);
- El convencional Agustín Squella (Independiente Lista Apruebo, $20 millones)
- La ex candidata a convencional, Mariana Aylwin (Independientes con Chile, $20 millones).
- El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS, $50 millones);
- La convencional Constanza Hube (UDI, $20 millones);
- El gobernador por La Araucanía, Luciano Rivas (Independiente Chile Vamos, $30 millones).
Los periodistas que compitieron por un escaño a la Convención, Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) y Patricio Fernández (Independiente liberal), acreditaron que les hicieron tomar un depósito a plazo de $30 millones en sus mismos bancos, para respaldar créditos por la misma cantidad. También periodista, Bárbara Rebolledo (Evópoli, $20 millones) entregó documentos que indican que presentó como aval a una hermana
Los papeles enviados por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), muestran que le pidieron un depósito a plazo por $20 millones. Él explicó que su hermano lo ayudó con $4 millones para completar esa garantía.
CIPER no pudo contactar a dos postulantes: Alejandro Fernández (Evópoli, $20 millones) Y María Soledad Cisternas (Independientes No Neutrales, $21 millones).
¿PUEDE FISCALIZAR EL SERVEL?
En la legislación sobre financiamiento electoral, la palabra aval no existe. Los candidatos o partidos que acceden a créditos no están obligados a declarar ante el Servel quién o quiénes garantizan esos préstamos.
Según información constatada por CIPER, ninguno de los candidatos de las elecciones de 2017 que accedió a estos créditos tuvo que informar sus avales. Y hasta ahora, en el proceso de fiscalización de la votación del 15 y 16 de mayo pasado, que todavía no culmina, tampoco.
Al ser consultado el Servel respecto de por qué no fiscaliza los nombres de los avales, respondió que solo revisa documentos que acreditan la obtención y uso del crédito: “De acuerdo con la legislación vigente, para acceder a esta modalidad de financiamiento, el administrador electoral o el administrador general electoral respectivo, deberán acreditar la obtención del crédito y la efectividad del uso de éste en la campaña electoral, requisitos que son fiscalizados en el marco del proceso de rendición de cuentas, conforme a las atribuciones legales del Servicio Electoral”.
En relación a si el Servicio ha consultado sobre avales en las rendiciones que se encuentran en proceso, el Servel solo contestó que ese trámite está en curso: “El plazo para la presentación de cuentas de ingresos y gastos electorales venció el 30 de junio pasado, teniendo como fechas de pronunciamiento del director el 1 de septiembre para Convencionales Constituyentes y el 22 de noviembre para Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales”.
CIPER accedió a la información que entregaron al Servel nueve candidatos que tomaron créditos con mandato en el marco de las elecciones de 2017, todos cuyos votos no alcanzaron a cubrir sus deudas. Estos son: los entonces presidenciables Sebastián Piñera y Alfredo Sfair; además de los ex candidatos al Congreso Lily Pérez (Amplitud), Gustavo Hasbún (UDI), Ximena Rincón (DC), Rodrigo Galinea (RN), Carolina Goic (DC), Kenneth Pugh (Ind-RN) e Isable Allende (PS). En ninguno de los documentos que hicieron llegar al Servel se hacía referencia a los avales o las garantías comprometidas. Esto, porque según el instructivo –todavía vigente–solamente pide los datos del candidato y una copia del mandato para obtener el crédito, donde conste lugar, fecha de otorgamiento, condiciones y firmas (vea aquí esos documentos de 2017).
Por su parte, el Banco Estado explicó a CIPER que este crédito, si bien tiene una fuente de pago fiscal, jurídicamente no difiere de otros préstamos. Como se basa en una proyección de la votación que el candidato puede obtener, la que no siempre se cumple, se analizan también el patrimonio e ingresos del postulante, así como otras eventuales garantías.
“El monto de los créditos y sus condiciones se dan a conocer al Servel y a la ciudadanía con la rendición de cuentas que presenta el Administrador Electoral. Antes de eso es una información que en virtud del artículo 154 de la Ley General de Bancos se encuentra sujeta a reserva, por lo que es confidencial. También goza de reserva bancaria, la información personal y patrimonial del candidato, que éste entrega a la institución bancaria, para que ésta pueda realizar su evaluación de riesgo de crédito”, señala la respuesta del banco.