El Gobierno confirmó que evalúa vender la participación minoritaria que el Estado mantiene en cuatro de las principales empresas sanitarias del país, una operación que busca recaudar cerca de US$150 millones mediante remates en la Bolsa de Comercio y que podría concretarse sin necesidad de aprobación del Congreso.
El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien señaló que el Ejecutivo está revisando los activos estatales con el objetivo de «liberar recursos que no se están utilizando con la máxima eficiencia y redirigirlos hacia las personas que más lo requieren».
La primera etapa del proceso contempla la eventual venta de la participación que, a través de Corfo, el Estado mantiene en Aguas Andinas, Essbio, Esval y Suralis, empresas responsables del suministro de agua potable y servicios sanitarios en distintas zonas del país.
Más que una venta de acciones
Aunque la participación estatal alcanza aproximadamente un 5% de la propiedad de estas compañías, especialistas advierten que la operación tendría efectos que van mucho más allá de la obtención de recursos fiscales.
Actualmente, las acciones que posee Corfo corresponden a series especiales (Serie B o C), las que otorgan al Estado facultades estratégicas de control.
Entre ellas, la posibilidad de vetar decisiones relacionadas con la venta, cesión o gravamen de derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones sanitarias, impidiendo que estas operaciones se realicen sin autorización estatal.
De concretarse la venta, esas acciones perderían su carácter especial y pasarían a ser acciones ordinarias, eliminando ese poder de veto.
Menor capacidad de fiscalización
La operación también implicaría que el Estado deje de participar directamente en la estructura societaria de estas empresas.
Con ello, perdería acceso directo a información estratégica sobre la administración de las sanitarias y a las instancias de gobierno corporativo, reduciendo su capacidad de seguimiento y control interno.
La supervisión quedaría radicada exclusivamente en los organismos fiscalizadores externos, sin la presencia del Estado como accionista.
Un debate sobre el rol del Estado
La propuesta abre un nuevo debate sobre el papel que debe cumplir el Estado en empresas que administran servicios básicos para la población.
Para diversos especialistas, la eventual venta no solo representa una decisión financiera destinada a obtener recursos, sino también una reducción de las herramientas de control público sobre empresas que gestionan un recurso estratégico como el agua.
En ese contexto, advierten que el Estado perdería capacidad para incidir en decisiones estratégicas de compañías que operan concesiones esenciales para millones de personas, trasladando toda la supervisión a la regulación externa.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de revisar activos considerados prescindibles para generar ingresos fiscales. Sin embargo, la eventual enajenación de estas acciones vuelve a instalar la discusión sobre el equilibrio entre eficiencia financiera, resguardo del interés público y control estatal en sectores estratégicos.