Además de los riesgos que advirtió la presidenta Elisa Loncon acerca de los aspectos presupuestarios para llevar adelante el proceso, el documento base que permitiría su implementación generó una fuerte disputa entre representantes indígenas de la instancia. Mientras un grupo acusó que les «pasaron la máquina», la titular de la constituyente pidió dejar «de lado los calificativos tan absurdos”.
Fue la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien encendió las luces de alerta respecto del proceso de participación y consulta indígena contemplado en los reglamentos del órgano constituyente y que serán requisito para la elaboración de la nueva carta magna, además de cumplir con una obligación internacional del Estado de Chile.
En la sede del Congreso, en Santiago, la máxima autoridad de la Convención advirtió este lunes que “está en riesgo la participación y consulta indígena, porque no tenemos los recursos para realizarlo, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”.
Lo que la presidenta no dijo, sin embargo, es que el proceso no solo podría correr riesgo en caso de no contar con los fondos necesarios, sino que -además- ha generado una fuerte tensión entre los representantes de los pueblos originarios. Esta se mantuvo presente en las casi dos horas que duró la sesión que ayer realizó la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, instancia que debe resolver los aspectos vinculados a la consulta respectiva.
Tanto por aspectos de forma como de fondo, hubo cuestionamientos, quejas y recriminaciones cruzadas, cuya mayor evidencia se dio en la votación de una enmienda sustitutiva al documento base que la coordinación de la instancia elaboró para llevar adelante el proceso, cuestión en la que -incluso- se solicitó la intervención de la mesa ampliada de la Convención.
El origen de la polémica está en la elaboración del documento que estipuló las orientaciones para la realización de la consulta, texto que fue encomendado a los coordinadores de la Comisión, Margarita Vargas (kawésqar) y Victorino Antilef (mapuche), y presentado durante la sesión del viernes 12 de noviembre. Ahí se dio cuenta del conflicto: el documento fue aprobado por 11 votos a favor y 9 abstenciones.
¿La razón? La propuesta consignaba una serie de artículos normativos, que preestablecían ciertos derechos y acciones a los pueblos originarios sin que estos se hubieran pronunciado previamente.
Con un plazo de enmiendas dispuesto hasta el 17 de noviembre, algunos de los convencionales, liderados por la representante del pueblo rapa nui, Tiare Aguilera, redactaron un texto que buscaba adecuar la propuesta de los coordinadores para eliminar los artículos normativos propuestos, tales como el fin a las concesiones mineras, el “derecho a la autonomía política, territorial, funcional, fiscal y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales”, o la recuperación de tierras que hubieran perdido.
Claro que, la argumentación para esta enmienda no descansaba en cuestionamientos a los derechos planteados, sino en la plena libertad y autonomía de las propias comunidades para definir los temas que querían incorporar en la nueva Constitución.
Así, Aguilera junto a Loncon, Rosa Catrileo (mapuche), Lidia González (yagán), Luis Jiménez (aymara), Adolfo Millabur (mapuche), Félix Galleguillos (atacameño), Fernando Tirado (chango) e Isabella Mamani (aymara), redactaron una enmienda sustitutiva global del documento base. Es decir, entregaron un escrito que reemplazaba por completo la propuesta de la coordinación.
Esto motivó a que se solicitara la intervención de la mesa ampliada, pues el reclamo de un sector de la instancia era que no podía desecharse el documento en su totalidad, sino que se debían incorporar las enmiendas parciales que fueran perfeccionando el texto. La respuesta al oficio enviado llegó este lunes y usó como base lo ocurrido a comienzos de octubre con el reglamento de Participación y Consulta Indígena, donde la comisión transitoria que había trabajado en esa normativa sufrió el mismo revés, dado que un grupo de convencionales presentó una indicación sustitutiva que reemplazaba el texto por completo.
De este modo, por unanimidad, en una votación en la que se inhabilitó la presidenta de la Convención y la vicepresidenta Aguilera -por ser parte en la disputa-, los vicepresidentes Jaime Bassa, Lorena Céspedes, Elisa Giustinianovich, Natalia Henríquez, Pedro Muñoz y Rodrigo Álvarez informaron a la comisión que, con el antecedente mencionado, se trata de una enmienda que sustituye la propuesta global, cuya votación es pertinente y que, en caso de ser aprobada, debían votarse las enmiendas parciales que fueran compatibles con el nuevo texto y desecharse aquellas que no fueran compatibles.
Para defender la propuesta, Jiménez subrayó que el documento base, tal como estaba planteado “no permite la deliberación”, que significaría “neutralizar el debate” y sentenció: “Por responsabilidad conmigo, con el pueblo aymara y con todos los pueblos originarios, invito a aprobar esta indicación”.
La convencional Amaya Alvez (Apruebo Dignidad), en tanto, dijo que “me gusta la idea de dejarlo abierto, porque la consulta tiene la exigencia de ser previa, tenemos que dejar el espacio para que la participación de los pueblos tenga incidencia”, mientras que Rosa Catrileo enfatizó que la enmienda apuntaba a “presentar la consulta indígena de una manera en que las comunidades y los distintos pueblos puedan deliberar”. “Es una cuestión de forma, no de fondo”, remarcó.
En contraste, Eric Chinga (diaguita) explicó que rechazaría la indicación por la necesidad de “que quede claro en el documento base las propuestas de norma”, argumento con el que coincidió la representante colla, Isabel Godoy, quien sostuvo que “no podemos llegar con un documento en blanco, tenemos que llegar con un documento que ellos puedan analizar y debatir (…) si vamos a tener solamente participación, el proceso no se va a cumplir”.
Tras el debate, la propuesta de Aguilera se aprobó por 13 votos, 9 en contra y dos abstenciones, resultado que generó recriminaciones cruzadas. La convencional Godoy acusó que “no nos sentimos representados por ese documento, nos sentimos pasados a llevar, nos pasaron máquina”, a lo que la presidenta de la Convención retrucó: “No nos peguemos la desconocida ahora porque tuvimos una votación (…) No nos merecemos ningún calificativo y decir que aquí se pasan máquinas. Hay que ser enérgicos en decir esto, para que dejemos de lado los calificativos tan absurdos”.
Haciendo frente al tenso ambiente que cruzó la instancia -la que sesionará de manera extraordinaria el viernes para terminar de votar las enmiendas al documento-, la convencional yagán afirmó tras la cita que “esta votación no significa que ganan unos o pierden otros, aquí ganamos todos. Llamamos a la unidad, estamos con la coordinación, estamos apoyando, pero en estos debates a veces hay unos en contra y otros a favor, pero no significa que el espíritu sea dividir, todo lo contrario (…) Llamo a la coordinación a no sentirse frustrados”.
Otro tema que se tomó parte de la discusión fue respecto de los plazos que la propia instancia debía cumplir. Esto, porque el reglamento respectivo imponía un plazo de 15 días para el establecimiento del documento base desde que se constituyera la comisión, lo que ocurrió el 2 de noviembre. Por ello, el tiempo límite para concluir el texto vencía el 22 de noviembre.
En ese sentido, Eduardo Cretton (UDI) planteó que se debía realizar una modificación al reglamento antes de votar las enmiendas, pero no contó con el respaldo de sus pares ni de la coordinación, pues si bien coincidieron con la necesaria adecuación reglamentaria, definieron no seguir aplazando la votación. Así, el integrante del colectivo Unidos por Chile se abstuvo en la votación.
Por otro lado, la advertencia que había hecho más temprano la presidenta del órgano constituyente respecto del financiamiento necesario para lleva adelante el proceso fue otro de los puntos abordados en la instancia. Al respecto, la propia Loncon explicó que, hace varias semanas, la mesa se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, a quien explicaron la necesidad de contar con recursos sin tener una respuesta satisfactoria de su parte.
Desde el gobierno, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, aseguró que “no hemos recibido ninguna solicitud formal para la entrega de recursos en materia de participación indígena. Es importante recordar que todo el presupuesto 2022 fue respaldado y aprobado en el Congreso Nacional unánimemente por ambas cámaras. La mesa de la Convención asistió a la comisión mixta de Presupuesto, representada por su vicepresidente -la presidenta no compareció a esa instancia- y no hubo una solicitud especial para efectos de la participación indígena”. Pero, añadió que “como Ejecutivo, en nuestro deber de prestar la asistencia administrativa, financiera y técnica, desde luego podemos evaluar, en el marco del Presupuesto vigente, todas las solicitudes que nos lleguen, como en el caso de la participación indígena, siempre y cuando vengan debidamente presupuestadas, justificadas y que permitan hacer una planificación de caja y de gasto, cosa que hasta el minuto no ha llegado”.
Fuente: La Tercera