Por Jaime Vieyra-Poseck/Licenciado en Ciencias Sociales y Periodismo U.de Estocolmo
Entre broma e ironía –y en éstas hay siempre mucho de verdad- un llamado urgente a la todopoderosa clase empresarial chilena: El ser humano ha dejado la época cuadrúpeda y ha pasado a la del bipedalismo, hace ya algún tiempo. Y es que la clase empresarial chilena no se ha dado por enterada de que la eterna oposición que ha corroído las relaciones entre trabajadores y empresarios ya está superada en el mundo posmoderno democrático: estos dos universos se entienden, viven en paz y con justicia social.
El caso es que desde que los gobiernos concertacionistas, y especialmente los de Michelle Bachelet, recogen la necesidad, convertida ya en clamor popular, de legislar y ordenar las relaciones asimétricas entre trabajadores y empresarios, excesivamente a favor de los últimos, e implementar el diálogo social, ha degenerado en una belicosidad, por parte de la clase empresarial, desproporcionada. Este verdadero poder de facto en Chile ha sufrido de ataques histéricos de pánico por reformas tan esenciales en cualquier país civilizado, como un Estatuto de los Trabajadores o un seguro por desempleo. La clase empresarial chilena padece de una hiperideologización muy cercana al dogmatismo y al fundamentalismo reaccionario más feroz.
Este ánimo aniquilador y de oposición sin tregua que ha mantenido contra la implementación de relaciones simétricas entre los agentes sociales más importantes en el sistema de producción –empresarios y trabajadores-, ha creado un clima político preocupante de animadversión con la clase trabajadora, y no se concilia con la posmodernidad democrática del siglo XXI.
Chile debe institucionalizar el diálogo social entre trabajadores y empresarios, sin exclusiones recíprocas, donde los derechos y obligaciones se repartan en forma equilibrada por ambas partes. Este consenso y armonización entre empresarios y trabajadores, plasmados en grandes pactos sociales, ha sido el fundamento estratégico para el desarrollo económico, y ha otorgado a los países donde se ha implementado un enriquecimiento económico, una paz y justicia sociales sin precedentes históricos, digna de sana envidia, permitiendo la creación de la Sociedad del Bienestar, que no es otra cosa que el programa de seguridad social que trata, contra viento y marea, de aplicar Michelle Bachelet.
La conciliación de intereses entre trabajadores y empresarios y la implementación de la justicia social, es la condición sine qua non para que Chile supere el subdesarrollo. Sólo este entendimiento esencial y estratégico, que debe institucionalizarse, otorgará la justicia social y una sólida paz social, que harán que Chile se convierta en un país desarrollado.
Bucear en las causas reales que impiden este entendimiento y corregir los errores impropios de un organismo de su envergadura en un país que pretende establecer un régimen de justicia social, es de máxima urgencia. El actual estado de las asimetrías en Chile en la distribución del ingreso, basadas casi exclusivamente en la falta de actualización y modernización del Estatuto de los Trabajadores, son impresentables para un país que pretende ser desarrollado. La Presidenta Michelle Bachelet lo expuso hace ya bastante tiempo “(…) tenemos un país moderno del siglo XXI en lo que es el desarrollo económico (…) pero a la vez tenemos (…) condiciones laborales del siglo XIX”.
Por último, este ç”Manual” para que la clase empresarial chilena alcance la posmodernidad democrática:
1. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
2 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, y a la protección contra el desempleo.
3. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo.
4. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social.
5. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
6. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
7. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
8. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
No, este “manual” no está diseñado por un peligroso partido político de izquierda: son los Artículos 22, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Fuente: El Quinto Poder
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