Se trata recién de la votación en general de las iniciativas.
En contraste, se rechazó la norma que permitía que el Estado garantice el derecho a la educación, además del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó este miércoles en general cuatro normas relacionadas a salud y educación.
Se trata recién de la votación en general de las iniciativas en la instancia, por lo que durante la tramitación en particular podrían sufrir modificaciones y, además, deben buscar los dos tercios (103 escaños) en el Pleno de la asamblea para quedar plasmadas en el borrador de la nueva Carta Fundamental que se plebiscitará este año.
SALUD
Una de las propuestas visadas, una iniciativa popular de norma, consagra que «el Estado de Chile reconoce el derecho de toda la población al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva de acuerdo a su origen cultural, y en un medioambiente saludable. Esto con el fin de que todas y todos puedan gozar del bienestar necesario para ser igualmente libres».
El texto establece además la existencia de un «Sistema único y Universal de Salud», de carácter público, que deberá estar financiado por «a través de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales. Estos se destinarán íntegramente a este sistema, avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social».
En esa misma línea, la comisión aprobó una iniciativa del Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales que asegura a todas las personas el «derecho a la salud integral», y, entre otras cosas, estipula que el Estado deberá hacerse cargo de ese derecho a través de un sistema universal de salud de carácter nacional, público e integrado, regido por los principios de «equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación».
El texto establece que le corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud y la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.
A diferencia de las otras iniciativas, ésta sostiene que el financiamiento será a través de las «rentas generales de la Nación» y, de forma adicional, la ley podría determinar el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras y trabajadores «con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema».
En caso de que prestadores privados se integren al nuevo sistema de salud, esta propuesta prohíbe que estos persigan fines de lucro.
EDUCACIÓN
En el ámbito educacional, la comisión dio luz verde a una iniciativa indígena constituyente que postula que «las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo».
En ese sentido, el Estado -dice el texto- deberá adoptar «medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales».
Igual suerte corrió una norma que garantiza que «el Estado de Chile reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza, diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia».
En contraste, se rechazó la norma que permitía que el Estado garantice el derecho a la educación, además del acceso a una educación sexual integral y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Sin embargo, aún resta votar otras propuestas y varias abordan de igual forma apuntan en la misma dirección.
«Esto es importante aclararlo: para poder lograr eso (consagrar esos derechos) tenemos que elegir una o dos normas que sirvan de base. No significa que esas iniciativas en particular van a quedar en forma intacta ni que en aquellas que han sido rechazadas van a ser rechazadas todos sus elementos; se trata de elegir una norma base que sirva para la construcción de la norma definitiva», explicó César Valenzuela (Partido Socialista), co-coordinador de la comisión.
«Por ejemplo, la iniciativa que presentamos junto al Frente Amplio, Independientes No Neutrales y con el Colectivo Socialista, incorpora el elemento del derecho preferente de los padres. Aclarar que no es que ese elemento haya sido rechazado ,es más, nosotros apostamos a que esa norma va a ser aprobada el día de mañana», añadió.
Fuente: Cooperativa