No es nada nuevo decir que la Fenpruss está trabajando desde hace tiempo con la temática del trabajo decente, lo nuevo, es que esta vez lo está materializando a través de una alianza con la Coordinadora Nacional de Honorarios que se creó recién en octubre de este año y que alberga a más 40 mil prestadores de servicios de la administración pública centralizada y descentralizada (municipios) en Chile.
Decimos 40 mil, porque como reconocen sus dirigentes aún no hay un número certero que refleje tal realidad, “nosotros hablamos de 200 mil personas en esa calidad, y el Estado habla de 35 mil”, explica Pablo Tapia, uno de los cuatro secretarios generales que compone la coordinación de esta mega organización.
La razón según el dirigente, es que existen distintos tipos de contratos a honorarios, de ahí la importancia del Estudio que llevará a cabo el gobierno el año 2015, gracias a uno de los acuerdos alcanzados en la negociación del sector público para determinar cuántos son y donde están este tipo de trabajadores.
Sin embargo, Tapia también aprovecha de lanzar una crítica al gobierno por cuanto dice que en el sector hospitalario se siguen licitando las horas profesionales de los médicos y de las matronas; “te dicen primero que harán un estudio y que luego te protegerán, y lo que vemos en la práctica es todo lo contrario”, dejando el claro que lo que se necesita en el ámbito laboral para el sector público es una gran reforma.
En esa misma línea, otro de los secretarios de la Coordinadora, Patricio Bustamante señala que además de “saber certeramente cuántos somos, el estudio nos permitirá también conocer de dónde sale el dinero”, cuestión no menor según el dirigente para avanzar en las reivindicaciones esenciales que mueven a esta organización como son los derechos como trabajador.
“El Estado permite que los honorarios reciban muchos de los beneficios que tienen los empleados públicos, sin embargo, los municipios discrecionalmente no le otorgan ni siquiera las herramientas básicas a sus honorarios para cumplir tareas ligadas a las metas de gestión”, expresa Tapia.
Y agrega, “nosotros cumplimos la misma función que ustedes y acusamos al Estado de hacerle el quite y disfrazar el cumplimiento de las funciones con nuestras condiciones. El Estado hipócritamente no nos reconoce para no enemistarse con la derecha”.
Organizando a los des-organizados
Por otro lado, los representantes de la Coordinadora explican que ya se encuentran organizados a nivel nacional con una representación que abarca la administración centralizada y los municipios, y que el objetivo principal es que se modifique la ley para que se los incorpore como sujetos de derechos.
Dicen que la alianza con la CUT y con la mesa del sector público a través de las organizaciones que la componen, es fundamental para sus reivindicaciones, por lo que agradecen a la Fenpruss “la única organización que ha atendido nuestras demandas”.
“Entendemos que la mesa del sector público es el espacio donde se deben discutir nuestros problemas, y así se lo dijimos al ministerio de Hacienda. Queremos retomar nuestra condición de trabajador, pues hoy sólo somos prestadores de servicios, y avanzar en el desarrollo del sector público a través de la mesa”, señala Bustamante.
Situación conocida por la presidenta de la Fenpruss, Gabriela Farías que por segunda vez, junto al Directorio Nacional, recibe a los representantes de los honorarios para coordinar acciones conjuntas que le permitan a estos “trabajadores” contar con empleo decente.
En ese sentido, si bien la dirigenta reconoce que el acuerdo obtenido en la negociación del sector público y que establece que 8 mil honorarios serán traspasados a la contrata en cuatro años, no es suficiente, al menos, es un avance que permite abrir la puerta a una problemática que hasta el año pasado no veía solución.
Y asegura que “mientras el Estado siga escondiendo la necesidad real de contratar más trabajadores para responder con los servicios que presta, vamos a seguir en esta situación”, añade Farías quien además, cuestiona el actual papel del Estado y la discusión ideológica respecto a la reducción de la planta y el incremento de contratos precarios.
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