Por Claudio Fuentes/ Director de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales
El 10 de marzo de 1990 el ex dictador Augusto Pinochet se dirigió por última vez al país a través de un mensaje de radio y televisión. Vestía traje militar de gala blanco y la tradicional banda presidencial. El discurso no duró más de cinco minutos y en la imagen televisiva aparecía solo, sin edecanes o la Junta Militar a sus espaldas. En sus palabras expresó un particular agradecimiento a las Fuerzas Armadas y de orden por su labor y manifestó que siempre estuvo dispuesto a “enfrentar a los enemigos de la libertad y la democracia”, recalcando que lo continuaría haciendo “sin temores ni vacilaciones”.
El discurso no estuvo pensado para la sociedad en general, sino más bien para los mandos militares y los actores políticos. Destacó la “cohesión granítica” de los institutos castrenses y les agradeció haber sentado las bases de una nueva institucionalidad. La visión que proyectó Pinochet aquella noche era de unidad. Realizó un llamado a las nuevas autoridades para respetar la institucionalidad vigente y preservar los logros alcanzados. Pero inmediatamente agregó, alzando la voz frente a las cámaras, que “debemos mantenernos constantemente alertas frente a quienes pretenden socavar las bases del crecimiento y la convivencia pacífica”.
La interesante paradoja del caso chileno es esta doble transición: una transición lenta y de larga duración que permitió la transferencia formal de poderes a la civilidad, y una segunda transición más sustantiva y transformadora que ocurre 25 años más tarde y que se atreve a revisar y cuestionar el legado institucional de la dictadura. La gran interrogante para esta y las nuevas generaciones es si serán capaces de borrar la sombra institucional de Pinochet, sentando las bases de un nuevo pacto político y social inspirado en la democracia y la justicia social.
El mensaje era claro. Pinochet se mantendría al mando del Ejército para proteger las bases de la institucionalidad creada y esa noche remarcaba el rol vigilante que continuarían teniendo los militares. Estas bases económicas e institucionales se habían establecido desde fines de la década de los 70, pero se terminaron de demarcar pocos días antes del cambio de mando. Así, a las reformas estructurales en materia by shopwit»>LABORAL, de educación, pensiones, salud, aguas, partidos políticos, gobierno y administración regional, y Constitución, se sumaron en los últimos cuatro meses de la dictadura cambios en materia de aborto, Banco Central, Carabineros, Estado de excepción, Fuerzas Armadas, y Ley Orgánica de Educación. Hasta comienzos de marzo de aquel año 1990 el régimen aprobó leyes orgánicas para atar la transición.
Cumplidos 25 años desde la inauguración de la democracia, los temas que marcan la agenda hoy están en gran parte delimitados por el legado del régimen militar. La sombra de Pinochet sigue acompañándonos en cada uno de los grandes temas que discutimos. Una somera enumeración de la agenda pública y legislativa nos remite con porfía a las bases fundacionales de la dictadura. Hoy debatimos relaciones by shopwit»>LABORALES, sistema electoral, pensiones, salud, educación, derechos de agua, aborto, ley de partidos políticos, descentralización, Fuerzas Armadas y, sobremanera, la cuestión constitucional. Quizás con la sola excepción de temas asociados a transparencia, en todo el resto lo que está en discusión es la revisión del legado de la dictadura.
Entonces, lo que nos divide sigue siendo Pinochet. Quizás no en cuanto figura pública –muy pocos hoy alzan su voz para defenderlo–, pero sí respecto del proyecto ideológico refundacional que impulsó en esos 17 años. No cabe duda que la transformación política más significativa de estos 25 años ha sido el menor peso que han adquirido las Fuerzas Armadas como actores de veto del sistema político. Recordemos que la transición partió con comandantes en jefe inamovibles, militares que se acuartelaban, ex militares designados en el Senado y un Consejo de Seguridad Nacional que tenía la capacidad de bloquear al Presidente. Hoy los militares no tienen ese poder inicial, aunque siguen manteniendo privilegios no eliminados (esto es, Ley Orgánica, pisos mínimos de Presupuesto, Ley del Cobre, Ley de Amnistía, previsión y salud especiales).
La interesante paradoja del caso chileno es esta doble transición: una transición lenta y de larga duración que permitió la transferencia formal de poderes a la civilidad, y una segunda transición más sustantiva y transformadora que ocurre 25 años más tarde y que se atreve a revisar y cuestionar el legado institucional de la dictadura. La gran interrogante para esta y las nuevas generaciones es si serán capaces de borrar la sombra institucional de Pinochet, sentando las bases de un nuevo pacto político y social inspirado en la democracia y la justicia social.
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