Este lunes los seis imputados por el caso Penta sobre los que pesa la prisión preventiva decretada por el juez Juan Manuel Escobar el sábado pasado cumplen dos días presos a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones, luego de que las defensas respectivas presentaran los recursos para que se revisen las medidas cautelares.
Según La Tercera, hoy ingresaron al sistema de la Corte los requerimientos, y al término de los cinco días hábiles como plazo, el tribunal puede revisar las solicitudes para Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Marcos Castro, Iván Álvarez y Hugo Bravo, este último en un centro hospitalario de Gendarmería tras descompensarse el día que el juez determinó la cárcel.
A continuación los argumentos de la defensa para sacar los imputados de la Capitán Yáber.
Los Carlos
Lo que pide la defensa de los dueños de Penta, encabezada por el abogado Julián López, es que se cambie la prisión preventiva por arraigo y firma mensual, o arresto domiciliario parcial o total.
Asimismo aseguran que “hay una falta de fundamentación” para imputarles el delito de cohecho.
“En lo que se refiere a los ilícitos tributarios en donde controvertimos la participación criminal de nuestros representados, la resolución vuelve a declarar que se dan los presupuestos del artículo 99, pero sin agregar nada al mero tenor literal de la ley”, agrega la apelación presentada.
El principal argumento para sacarlos de la cárcel es que “nuestros representados son hombres de edad avanzada (67 y 72 años respectivamente), ambos casados, con hijos y nietos. Han tenido una exitosa y extensa trayectoria laboral, durante la cual nunca dejaron de lado el plano social. Jamás han tenido problemas con la justicia: no tienen anotaciones en sus extractos de filiación y antecedentes y no tienen procesos pendientes. Durante la audiencia y el desarrollo de la investigación se han acompañado una gran cantidad de antecedentes probatorios que dan cuenta de su compromiso social, tanto en el ámbito empresarial como asistencial. La verdad es que resulta impensable que su libertad constituya un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Pablo Wagner
Según los abogados, los abogados argumentan que la explicación del juez del Octavo Juzgado de Garantía fue “liviana”.
Respecto del delito de cohecho, “este requiere en todo caso que el funcionario reciba un beneficio económico para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos”.
En cuanto al delito de lavado de activos, la defensa del ex subsecretario de Piñera sostiene que “si son las boletas, entonces en realidad son constitutivas del delito del inc. 5º del art. 97 Nº 4 del C.T. Evidencia de aquello es que la modalidad no es propuesta por nuestro representado, sino que ideado y exigido por el imputado Bravo, quien idea y exige esta forma de realización a nuestro representado y determina las sociedades a las cuales hay que emitir las boletas”.
Respecto a los delitos tributarios
“A mí representado se le imputa solamente un delito de obtención fraudulenta de devoluciones, que es el correspondiente al periodo 2013 (año comercial 2012), por un monto de $1.296.053.-, me permito nuevamente su señoría Iltma. atraer su atención al monto antes señalado. No nos encontramos aquí frente a una suma de enorme entidad y ese monto, así como el hecho que corresponda solo a un período tributario tiene relevancia, como se explicará más adelante”.
Los abogados apelan a la colaboración y la irreprochable conducta anterior de Wagner.
Iván Álvarez, el ex SII y cerebro tras el mega fraude
El ex funcionario del ente fiscalizador es el único de los imputados que ya se encontraba en prisión preventiva por el Fraude al FUT y respecto de la resolución del sábado, la defensa argumenta que “en cuanto a la necesidad de cautela, la resolución resuelve la petición de medidas cautelares con los criterios, prácticas y estándars del antiguo sistema procesal penal”.
Hugo Bravo, el hombre que sabía demasiado
“Hacemos presente, que los únicos intervinientes que tenían legitimación activa en el ejercicio de la acción penal de los delitos tributarios, y por tanto, de los tipos que eventualmente podrían llegar a tener en concreto, pena efectiva de una mayor cuantía, estimaron desproporcionada la media cautelar de prisión preventiva para mi representado u propusieron la medida de arresto domiciliario total”, plantea la defensa del ex gerente de Penta, quien destapó la olla a presión en que se transformó el caso.
Marcos Castro
“Asimismo la necesidad de cautela exigida por la ley para la procedencia de la prisión preventiva no se aprecia. Esto muy especialmente en el caso de mi defendido; toda vez que para fundamentar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad el juez a quo simplemente extrapoló los mismos razonamientos utilizados para justificar la prisión preventiva respecto de Hugo Bravo en circunstancias que mi representado no fue formalizado por el delito de obtención fraudulenta de devoluciones indebidas”, indica la apelación de la defensa del contador, que durante la audiencia sostuvo la tesis de que Castro sólo cumplió órdenes y que su pecado fue no oponerse a una trama que ya existía.
Este lunes comenzó a desfilar en el anexo cárcel capitán Yáber un fila de parientes y amigos de los seis imputados para el proceso de enrrolamiento que les permite visitarlos en la cárcel, tras el fallido intento de ayer de algunos empresarios amigos de los Carlos que llegaron hasta el centro penitenciario.
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