Rendiciones de gastos sin respaldos; indemnizaciones por vacaciones de directivas que no se justifican; boletas de restaurantes, comida rápida y una cervecería que no se ajustan al funcionamiento de un partido político; y mobiliario de oficina que desapareció de inventario, son algunas de las razones detrás de los montos que el Servel pide se devuelvan al fisco. El ex Partido Progresista tomó la contraofensiva e ingresó un recurso a la Corte de Apelaciones porque, a su juicio, la restitución de $113 millones que le exige el Servel es “ilegal y arbitraria”. Desde el PRI, por su parte, señalan a CIPER que el Servel “no revisó bien la información” y que enviarán los respaldaron de los cerca de $236 millones que el Servel les reclama. Pero para el organismo electoral los plazos se acabaron y hace solo semanas pidió al CDE activar las cobranzas judiciales.
La ley electoral es clara: si un partido político no alcanza el 5% de los votos en las elecciones a diputados en ocho regiones a lo largo de Chile o tres regiones contiguas, se disuelve. Y para dejar de existir, la normativa exige casi lo mismo que sucede con una empresa que se declara en quiebra: se designa a un liquidador para que haga un inventario de bienes muebles e inmuebles y les fije un precio acorde al mercado, luego eso se vende para pagar deudas y saldar a acreedores.
12 partidos políticos fueron disueltos en febrero de este año (vea esa lista) quienes, por primera vez, no tuvieron opción de fusionarse con otros colectivos para seguir existiendo desde que la ley cambió en 2020. Obligatoriamente debieron someterse al proceso de liquidación que el Servel estableció a través de un instructivo donde, lo primero que hace, es frenar aportes estatales.
Cuatro de estos colectivos no pasaron la prueba y tras ser rechazadas sus propuestas de liquidación, el Servel ahora les exige que restituyan recursos proporcionados por el Estado que no fueron respaldados como gastos y que en total, asciende al monto de $395,9 millones.
Los expartidos rechazados y los montos que el Servel pide restituir son:
- Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI): $263.760.415
- Partido Progresista (PRO): $113.238.547.
- Partido Unión Patriótica: $10.756.180.
- Partido Nacional Ciudadano: $8.205.829.
El 4 de octubre pasado, el Servel remitió al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes de estos cuatro partidos políticos disueltos. En el oficio el organismo electoral acusa que, hasta esa fecha, los partidos no habían devuelto los dineros ante la Tesorería (lea aquí el documento). Con esa acción se inició la solicitud judicial de los recursos.
CIPER consultó al Servel si al cierre de este reportaje los partidos habían restituido fondos, a lo que respondieron: “Hasta el momento, tras su disolución como partidos, los colectivos por los que se consulta no han justificado ni reintegrado tales fondos. Es por ello, que fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado para que inicie el cobro judicial de los mismos”.
En su proceso de liquidación, el Servel ha exigido a otros partidos restituir fondos que, según documentos obtenidos vía Ley de Transparencia, fueron saldados a tiempo. Es el caso del disuelto Partido Humanista que reintegró más de $77 millones; o del Partido Ecologista Verde que devolvió $48 millones; y del Partido Ciudadanos que reintegró cerca de $1 millón.
Según la misma información, el Partido Humanista posee otro problema vinculado al proceso de disolución que tiene que ver con su patrimonio. Según los antecedentes a los que tuvo acceso CIPER, el colectivo arriesga poner a disposición del fisco dos departamentos de su propiedad ubicados en calle Victoria Subercaseaux, comuna de Santiago (donde estaba su sede). Pese a que estos inmuebles formaban parte del patrimonio del PH desde mucho antes de que se modificara el financiamiento estatal para partidos políticos en 2016, según establece el artículo 59 de la Ley de Partidos Políticos, si al momento de su disolución todavía son propiedad del partido, estos pasarían a manos del Estado.
Tras revisar la documentación completa de los 12 partidos disueltos, CIPER verificó que algunos poseen inconsistencias que datan desde varios años atrás. Problemas contables, omisiones y faltas de respaldos de gastos de directivas son parte de lo que reclama el organismo. De hecho, según señala la ley, mientras los partidos políticos no logren tener sus balances aprobados cada año, no podrán acceder al aporte trimestral que les otorga el Estado para su funcionamiento, porque el Servel los retiene. Y si se juntan tres aportes seguidos sin contabilidad en orden, el colectivo simplemente pierde esos recursos.
Según conocedores del proceso, el Partido Comunes se encuentra hoy en ese caso y ya perdió tres cuotas de aportes.
PRO NO PRESENTÓ LIQUIDACIÓN
En el informe que dio cuenta sobre la liquidación del Partido Progresista, existen 10 puntos sobre observaciones y aspectos de su contabilidad que gatillaron el rechazo de su proceso de liquidación. Entre estas figura que, por ejemplo, antes de ser disuelto, el partido finiquitó al presidente, Camilo Lagos en $13,5 millones; a su tesorera, Andrea Condemarin en $15 millones; y a una de sus consejeros, Gabriel Peirano -también Community Manager como señalan en el colectivo- en $9 millones.
El Servel objetó que dentro de esos finiquitos no hubiera respaldos de los 68 días que el partido les pagó a cada uno de estos dirigentes por vacaciones adeudadas. También rechazó una indemnización voluntaria que pagó el PRO a uno de sus colaboradores. En total, por vacaciones e indemnizaciones, el Servel solicitó la devolución de más de $18 millones al partido cuyo principal líder era Marco Enríquez-Ominami. “No se logra justificar la cantidad de días de vacaciones”, señala el Servel en el documento.
Al ser consultado el expresidente PRO, Camilo Lagos -quien se encuentra en vías de constituir un nuevo partido-, señaló a CIPER que el Servel está equivocado en la restitución que solicita: “Es tan malo lo que hace el Servel, que nos cobran deudas por pagar. O sea, los finiquitos de los trabajadores del PRO, gente que estuvo cuatro años contratada, ellos nos ponen como que tenemos que devolverlos al fisco, pero no los hemos pagado”, dice.
El dirigente está dentro de los tres trabajadores a quienes se les pagaron entre $3 millones y $5 millones por 68 días de vacaciones que poseía cada uno y no se tomaron, refrendando que estas efectivamente se acumularon: “Yo creo que el 2018 fue la última vez que debo haber tomado unos días de vacaciones. El 2019 vino el estallido y ahí iba a ser el plebiscito y nos quedamos todo ese verano preparando la campaña de marzo. Nadie tomó vacaciones. El plebiscito se aplazó, pero después nos cayó la pandemia. Después el plebiscito de octubre, después inscribir candidaturas en diciembre y enero y prepararnos para elección de constituyentes y después, segundo año nadie vacaciones. Y nuevamente se aplazó la elección. Y después viene el tercer año”.
Otra observación tiene relación con los cerca de $3.3 millones en “consumo reiterado”, dice el Servel, de comida rápida, sushi, Rappi, pizza, hamburguesas y otros. “Esto no se justifica ni se advierte su relación con las actividades propias de un partido político”, objeta el organismo, solicitando que el monto sea restituido.
Lagos también posee explicación para ello: “¿$3 millones? En un año eso da menos de $300 mil mensuales en comida para un equipo de 20 personas”, calcula.
El organismo electoral también señala que no hay informes de actividades de 15 personas que trabajaron en el colectivo con honorarios que en total suman $32 millones. Tampoco lo hay sobre actividades de la mujer cifradas en $14 millones. Y el organismo reclama no saber el destino de los activos del partido -muebles, útiles y equipos computacionales- avaluados en cerca de $9 millones. El Servel además alude a $23 millones que entregó al partido el 6 de enero de este año, los que “no fueron rendidos dentro de la liquidación de fondos del partido”, dice, solicitando que ese y todos los recursos que suman $113 millones, sean devueltos.
A través de su abogado, Ciro Colombara, el PRO interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 21 de octubre pasado. En este alega que la solicitud del Servel es “Ilegal y arbitraria”. Si bien la corte no dio lugar a la solicitud de paralizar el proceso ante el Servel -a través de una orden de no innovar-, acogió el recurso a trámite y hoy todavía radica en esa sede penal. En la acción judicial contra el Servel, Colombara afirma: “El acto recurrido es ilegal por haber solicitado a nuestro representado el reintegro de fondos fiscales fuera del marco de la ley”, dice. Y agrega: “Es necesario aclarar que la disolución del Partido Progresista en nada afecta la continuación del procedimiento de aprobación del balance, toda vez que, los montos que se están solicitando reintegrar corresponden a fondos otorgados y gastados o comprometidos cuando nuestro representado aún no había sido disuelto”.
Respecto de ese recurso, el Servel señaló a CIPER que se encuentra “preparando un informe solicitado por la Corte de Apelaciones de Santiago”.
EL PRI YA TIENE DENUNCIA EN RANCAGUA
El Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI), que hasta su disolución estaba presidido por Rodrigo Caramori, es el colectivo con el monto más alto a restituir entre la lista de los 12 partidos.
La cifra la componen gastos de su directiva que, a juicio del Servicio Electoral, no se encuentran suficientemente respaldadas. Señala, por ejemplo, gastos de Caramori por $8.7 millones en un año -gastos de hasta $2.7 millones en un mes-. Y gastos varios por $2 millones asociadas a él y donde se incluye el pago de cuentas en restaurantes como La de Torre de Las Condes, El Glower Cultura Cervecera Valdivia, Restaurant Inca, Pantaleón, China PF Chang, Tierra del Fuego, Caprese, Il Capo di Tutti y Greta and Charlie, entre otros.
El Servel señala que en estos gastos “no se advierte su relación con las actividades propias de un partido”.
También se objetan anticipos entregados a proveedores del colectivo en 2020, de los cuales no existe documentación suficiente para acreditarlos. Entre estos se cuentan $1.2 millones traspasados a la Fundación Yo propongo, cuyo presidente es justamente Caramori.
Además se señalan anticipos consignados a proveedores no identificados en 2020 por $4 millones y $4.5 millones, ante lo cual el Servel insiste en conocer. Porque según la documentación enviada, las boletas por $8.5 millones emitidas por Javier Pérez Barrientos -asesor de comunicación política-, poseen fecha de mayo de 2021, es decir, de un año después de ingresada la contabilidad.
El Servel objetó esos comprobantes señalando lo siguiente: “Dicha documentación no puede ser presentada como respaldo, debido a que corresponde al periodo 2021, campaña electoral (…) y los pagos realizados pendientes de justificar corresponden al periodo 2019 y 2020”.
En total por la entrega de anticipos, el Servel pide al PRI que restituya $12.6 millones.
Rodrigo Caramori, ex presidente del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI),
Asimismo, el organismo señala $110 millones sin respaldos sobre gastos de 2021. Allí figuran disímiles pagos en honorarios al periodista Luis Casanova, por un total de casi $20 millones: uno en febrero de 2021 por $740 mil; dos en marzo por $1,4 millones y $1.8 millones cada uno; dos en abril 2021 por $5 millones cada uno; otro de $2 millones en mayo de ese año; y cuatro de $800 mil cada uno en septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021. El Servel señala en su escrito que “no hay respaldo fehaciente del gasto realizado”.
El PRI tampoco rindió gastos por $35 millones que recibió en enero de este por concepto de remanente de campaña, por lo que también se solicita su devolución.
Al ser consultado, el expresidente del PRI, Rodrigo Caramori -quien también hoy se encuentra en plenos trámites para constituir un nuevo partido que denominará Sentido Común-, explica: “Yo ya he pasado por temas administrativos, por tanto lo sigo viendo de esa manera, porque no es primera vez que nos encontramos con algo administrativo y no le estoy bajando el perfil”, dice. “Te explico bien en simple para que se entienda: nos están pidiendo la devolución total de todos los aportes completos de un año y más, cuando eso no es así, porque hay gastos que están allí. El tema es que están pidiendo más detalles, cosa que ahora se les está entregando con todo lo que corresponde. Incluso nos están pidiendo la devolución de dineros que fueron devueltos en su momento. Te hablo de montos menores, de un millón de pesos, de quinientas luquitas, cosas así”.
En sus resoluciones el Servel menciona que ustedes señalan haber devuelto dineros, pero acusa que no acompañan los comprobantes de reintegro y que en su contabilidad eso no se refleja. ¿Cómo se explica?
– No es así. Y esto es súper simple y transparente: está en las cartolas del Banco Estado. Y eso es justamente lo que en los próximos días les vamos a entregar. Porque ahora a cada pregunta le vamos a adjuntar el recibo y le vamos a hacer la pega nosotros.
¿Y no está vencido ese plazo? Porque hablamos de comprobantes de 2020 y 2021 y hoy, con el partido disuelto, se solicita restituir esos fondos.
– Es que se entregó en su momento y viene así como de arrastre, por decirlo de alguna manera. Pero se entregó en tiempo y forma, hace meses. Nosotros cuando ingresamos esto, pasaron muchos meses, para que ellos nos respondieran. Si nos hubieran dicho esto rápido, nosotros habríamos entregado una respuesta hace mucho tiempo.
CIPER consultó a Servel respecto de si posee tiempo el PRI para ingresar documentación de respaldo, a lo que respondieron: “El proceso de liquidación de los partidos disueltos tras la elección parlamentaria de noviembre de 2021, culmina en lo administrativo con el envío de los antecedentes para iniciar acciones de cobro al Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, de contar con nuevos antecedentes y los respaldos solicitados, ellos deberían ser presentados directamente ante el Consejo de Defensa del Estado. Sin perjuicio de ello, si el partido disuelto PRI los presenta ante este Servicio serán derivados al CDE como corresponde”.
En 2021,a sugerencia del organismo electoral, Caramori interpuso una denuncia en contra de la administración anterior del partido, época en que militaban Eduardo Salas y Elson Borques. Se trata de cerca de $60 millones sin respaldos que se vienen arrastrando de los balances de 2018 y 2019, que corresponden a directivas anteriores y fusiones de partidos.
Según antecedentes confirmados por CIPER, en la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua existe una investigación judicial relacionada a las observaciones por falta de respaldos que detectó en su oportunidad el Servel.
Caramori lo relata: “Según Servel, había gastos sin respaldos, sin factura sin nada (…) Nosotros nunca recibimos nada, ni un archivador, nada. Ni siquiera nos entregaron la chequera de la administración anterior. Entonces el Servel nos indicó que presentáramos la denuncia ante el tribunal y que informáramos al Consejo de Defensa del Estado, cosa que hicimos”.
CIPER constató que la investigación se encuentra desformalizada.
UPA, CNA Y LOS DEPARTAMENTOS DEL PH
El partido Unión Patriótica, cuya principal figura fue el excandidato presidencial Eduardo Artés, debe reintegrar cerca de $10 millones tras pasar por el proceso de liquidación. La cifra se centra básicamente en la falta de respaldos del arriendo de su sede ubicada en calle García Reyes, en Santiago. Lo que dice la observación es que el contrato de arriendo no corresponde al dueño de la propiedad y tampoco se acompaña poder para subarriendo. La sede tenía para el partido un valor cerca de $5 millones en 2020 y $3 millones en 2021. Además, se solicitó que se reintegren los saldos que quedaron en las cuentas del partido al momento de su disolución, cosa que al cierre de esta edición, no había ocurrido.
El reintegro solicitado por el Servel al Partido Nacional Ciudadano es más simple: entre 2020 y 2021, el Estado le transfirió al colectivo la suma de $8.205.829 por concepto de financiamiento fiscal y remanentes electorales. Sin embargo, el colectivo cuyo presidente fue militante RN, René Rubeska, no presentó en ninguno de esos años rendiciones de cuentas al Servel y, por tanto, no registra aprobación de balances. En ese sentido, el organismo solicitó se devuelvan todos los aportes públicos que recibió el PNC mientras fue partido. La restitución tampoco se ha hecho.
La situación del Partido Humanista es más delicada. Porque el colectivo que en 2020 fue fraccionado luego de que, por diferencias con Pamela Jiles, renunciara el diputado Tomás Hirsch, se encuentra en riesgo de perder dos departamentos que posee hace más de 30 años.
Sucede que la Ley de Partidos Políticos estipula que si no hay destino de los inmuebles al momento de su disolución, estos pasan al fisco. Y según registros, eso es lo que sucede con dos propiedades del PH ubicadas en un edificio de calle Victoria Subercaseaux, de la comuna de Santiago. Ambas propiedades están siendo solicitadas por el Servel, dado que no se acredita que exista traspasos de esos inmuebles a un tercero.
Eduardo Artés, ex candidato presidencial del Partido Unión Patriótica (UPA).
Sobre este punto, el Servel respondió a CIPER lo siguiente: “En el mes de septiembre el Servicio Electoral ofició a la liquidadora del disuelto partido, con el fin de acreditar el traspaso a la ‘Comunidad para el Equilibrio y el Desarrollo del Ser Humano’ del dominio de un departamento ubicado en la calle Victoria Subercaseaux. También sobre los derechos sobre otro departamento ubicado en el mismo edificio. Las respuestas y respaldos entregados a Servel no dan cuenta del traspaso o donación de los bienes inmuebles indicados anteriormente, recibiendo solo sendas escrituras de donación cuya evolución se desconoce. En consecuencia, este Servicio informó de lo anterior al Ministerio de Bienes Nacionales, correspondiendo a este último el eventual proceso de traspaso”.
El abogado del colectivo, Francisco Sepúlveda, reconoce a CIPER que el traspaso se atrasó y que deberán activarse judicialmente: “Son dos propiedades que se adquirieron en los años 90, que se adquieren por unos legados”, dice Sepúlveda, respecto al episodio en que mediante una donación, un adherente al partido que admiraba a la ex diputada PH, Laura Rodríguez, traspasó los inmuebles.
Según agrega, hubo un retraso en el traspaso de estos bienes cuando el partido cambió de Alianza Humanista Verde a Partido Humanista y se constituyó por primera vez. “Quedamos un poco entrampados porque no hay una continuidad legal entre lo que es la Alianza Humanista Verde y el Partido Humanista antiguo. Y eso es lo que tengo que empezar a discutir yo ahora. No lo logré porque la personalidad jurídica de la Alianza Humanista Verde, también fue cancelada en su momento”, afirma.
Ni el nuevo Partido Humanista hoy en vías de formación, ni el abogado Sepúlveda, estaban enterados que el Servel había remitido hace dos semanas, el 14 de octubre pasado, los antecedentes al Ministerio de Bienes Nacionales para comenzar la restitución de ambos departamentos que, según la normativa vigente, podrían pasar a ser propiedad del fisco.