Tras la pista de José Antonio Gómez. Durante toda la mañana de este viernes, un grupo de más de 100 civiles no uniformados de Gendarmería, intentó hablar con el ministro de justicia en busca de una respuesta a sus demandas de trabajo, aunque sin una respuesta positiva.
Lo que piden los más de 4 mil trabajadores a nivel nacional es que sean incluidos como personal de planta, y dejen de ser contratados por proyectos. Además de que se aumenten los recursos para la reinserción social, los que actualmente sólo significan el 13% de los recursos de Gendarmería, todo en el marco de un nuevo proyecto social que plantea el Gobierno, pero sin el personal civil de la agrupación.
Por eso, se acercaron hasta el Ministerio de Justicia, en donde los dirigentes de la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnico Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN) junto al apoyo de la ANEF llegaron para entrevistarse con Gómez, pero sólo fueron recibidos por los asesores del titular.
Tras la reunión de casi una hora, Octavio Sáez, presidente de la ADIPTGEN sostuvo que “expresamos nuestro profundo malestar por la situación que estamos viviendo. Es un momento en el que es posible terminar con la discriminación que hemos sufrido gran parte de quienes cumplimos una misión fundamental en Gendarmería”.
Ante una posibilidad de dividir las funciones al interior de Gendarmería, proyecto que el ejecutivo tiene en carpeta, el mandamás del personal no civil añadió que “queremos que el Gobierno cumpla su palabra con los trabajadores. La próxima tendremos una nueva audiencia con el ministro para comenzar a hablar sobre la reestructuración de la planta”.
Como aval de los posibles acuerdos actuó la ANEF. Raúl de la Puente, presidente de la colectividad indicó que “acá hay una agrupación de trabajadores profesionales que están interesados en la reinserción social. Ellos hacen su trabajo diariamente y lo que queremos es que sean escuchados. El Gobierno muchas veces no sabe lo que esta pasando en las cárceles”, cerró.
A la espera de una respuesta de parte del Gobierno, el personal no uniformado continuará en alerta, sin descartar nuevas movilizaciones.
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