A comienzos de enero, un grupo transversal de concejales le pidió al alcalde explicar parte del millonario presupuesto de la Comudef, antes de aprobar el que corresponde para este año. Pese a la rendición, quedan preguntas sobre montos excesivos en sueldos de asesores de la Secretaría General de la entidad, gastos en actividades que parecen de campaña y que el propio jefe comunal calificó como “lo más vulgar que he visto”. Esto, además de serias fallas en el control, tal y como quedó al descubierto tras el pago de liquidaciones a una funcionaria que se encontraba en prisión preventiva, en conjunto con las preguntas que persisten sobre abultados gastos en ítems específicos y tratos directos con algunos proveedores. La controversia revela una lucha por la sucesión en la alcaldía y un distanciamiento de Carter con su mujer de confianza, Janett Fernández Pizarro, quien además debe responder a un juicio de cuentas en Contraloría.
Rodolfo Carter Fernández y Janett Fernández Pizarro no son parientes. Pero es como si lo fueran. La abogada acompañó formalmente al alcalde en el camino de tres años que lo llevó a la adopción de sus dos hijos. Es la madrina de una y, técnicamente, formaron un clan desde que se fue a compartir casa con ellos, en enero del año pasado, como parte del proceso de adaptación de los menores a su nuevo hogar.
En medio de esta convivencia en la esfera más privada, Carter le dio otro voto de confianza al nombrarla a cargo de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). Se trata de la corporación de derecho privado sin fines de lucro que gestiona la salud y la educación de la comuna, y que el alcalde legalmente preside. La misma entidad fue objeto de un informe de Contraloría que encontró inconsistencias financieras por $4.600 millones, en el manejo de recursos públicos destinados a subvenciones para educación. Eso fue durante el periodo 2018-2020, en que Fernández aún no asumía en la corporación, pues llegó allí en abril de 2022.
Hace poco más de un mes, el 3 de enero, en el primer Concejo Municipal de 2023, luego de los saludos, comenzó la ronda para aprobar los presupuestos de este año. Todos fueron votados sin discusión, salvo el de la Comudef, por un total de $9.240 millones.
Antes de votar este presupuesto, el Concejo transversalmente cuestionó la gestión de Janett Fernández. El alcalde, una de las figuras mejor evaluadas en la derecha, según las encuestas Cadem y UDD –aunque reaccionaría molesto al otro día de llevarse a cabo dicho Concejo, al enterarse de que no apareció en la encuesta del CEP–, venía llegando de la “zona cero” afectada por los incendios en Viña del Mar, donde fue a donar viviendas de emergencia. Carter escuchó las críticas y, cuando intervino, se desmarcó de su amiga, que estaba presente en la sala.
“No estoy conforme con lo que ha pasado en los últimos días. Hay ciertas actitudes que son imprudentes. Todas las personas tienen derecho a ser candidatos a lo que quieran, y Janett Fernandez quiere ser candidata a alcaldesa de La Florida. Lo que no puede ocurrir son actitudes imprudentes que puedan cuestionar la transparencia en el uso de recursos”, dijo. Se refería a una serie de actividades con vecinos ocurridas durante las últimas semanas de diciembre, donde Fernández fue protagonista.
Carter va a cumplir 12 años en el puesto y sabe que la competencia por la sucesión ya se desató. Pero, también, que los problemas al interior de la municipalidad pueden complicar sus intenciones presidenciales. Por eso fue enfático: “Quería exponer mi opinión en público. No seguir con este baile de máscaras. Todos sabemos que respecto a Janett Fernández hay recelo y desconfianza. Es natural, en la vida política eso ocurre. Pero quiero dejar bien claro que todos, incluidos ustedes y Janett Fernández, también tienen el derecho a escoger su vida como mejor les parezca. Lo que nadie tiene derecho es a usar una institución, o recursos fiscales, para una campaña política”, expresó Carter, tres semanas antes de que sus preocupaciones se hicieran realidad con la amplia difusión del informe de Contraloría, con 4.600 millones de pesos cuestionados, y que la municipalidad tiene 60 días para responder.
Sobre Fernández, efectivamente hay recelo y desconfianza. Al mes de ser nombrada en su actual puesto, fue notificada de un juicio de cuentas que sigue la Contraloría por $148 millones, cuyo gasto durante su gestión como administradora municipal debe aclarar, y la entrega de cajas durante la pandemia a personas fallecidas o con cédulas de identidad inválidas. Sin embargo, el principal cuestionamiento, tanto en la sesión del 3 de enero del Concejo Municipal como en una de la Comisión de Hacienda realizada días antes, fue el uso de $2.520 millones del presupuesto total de la Comudef.
Carter aseguró que la información con el desglose de los gastos había sido enviada a los concejales. Lo que ninguno desmintió. Pero la mayoría consideró que la explicación no resultaba satisfactoria.
El concejal Felipe Mancilla (RN) fue el más conciso en su preocupación. “Los antecedentes sí llegaron en PDF, lo que no me satisface son las respuestas que vienen en ese documento (…), el área de educación reconoce gastos y también ingresos. El área de salud reconoce gastos y también ingresos. Pero en la propuesta que se nos hace llegar, no se reconoce cuántos son los gastos de la administración central y cuántos son los ingresos que va a reconocer la administración central. Hay una legítima duda de por qué se transfieren recursos de educación a administración central, y de salud a la administración central, y que son en promedio creo $2.500 millones. No sabemos cómo se gastan los $2.500 millones. Hay una legítima duda respecto del funcionamiento de la administración central”, dijo.
En la misma línea, la concejala Lorena Estivales (RD) aseguró que “ese desglose, no lo recibimos, no lo tenemos. Sé que esas platas vienen del gobierno central y son para salud y educación. Pero si hay destinación de gastos para actividades que no son propias de salud y educación, y si no tenemos la transparencia respecto de esos gastos, es un poco complejo aprobar subvenciones sin esas claridades. Cuántas empresas hay en la Comudef, tampoco nos llegó esa información. A quién le compramos fármacos que estaban carísimos”, añadió.
Los asesores y la profesora en prisión preventiva
Se cuestionan algunos gastos poco claros o excesivos, como un grupo de asesores de la secretaria general Janett Fernández, la mayoría de los cuales exceden el promedio de sueldos que se maneja en el mundo municipal. Entre los concejales hay falta de claridad sobre cómo se gastan $157 millones anuales en asesores.
Entre los casos que parecen más ilustrativos están el de Rodrigo Garcés Rojas, que aparece en el registro de Transparencia como jefe de gabinete de Fernández, con un sueldo de $3.863.000. En la misma nómina, como jefe de Relaciones Públicas, está Gonzalo de Santa María Gutiérrez –el doble de Rafael Araneda–, animador de los eventos de la Comudef y derrotado candidato a concejal, con un sueldo de $2.554.000. Alejandro Rosales Tobar es Técnico de Nivel Superior en Salud (TENS) y figura como asesor de la Secretaría General con un sueldo de $3.456.740. Yacin Correa Vásquez, egresado de Derecho, que está consignado en la nómina como jefe de gabinete de la Secretaría General, con un sueldo de $3.924.370.
En la Comudef aclaran que estos sueldos “están en concordancia con los títulos profesionales, nivel de responsabilidad y al cargo que desempeñan. Tiene alto cumplimiento de funciones de lunes a viernes y están disponibles en todo momento para solucionar emergencias”. En este sentido, enfatizan –contradiciendo lo que aparece en sus propios registros–, que “es equívoco que el señor Yacin Correa se desempeña en Secretaría General, no forma parte de los asesores de la Secretaría General, se desempeña en otras áreas de la corporación”.
Otro problema en los registros dejó al descubierto el pago, durante mayo, junio y julio de 2022, a la docente Pamela Ulriksen Ramírez. Esto, pese a que desde mayo se encontraba en prisión preventiva por una causa de fraude en subvenciones en la Municipalidad de San Fernando. En esa Corporación Municipal trabajó el abogado Daniel Castillo Seda, que hasta 2021 se desempeñó en la Dirección Jurídica de la Comudef, período que coincide con el investigado por la Contraloría.
Sobre Ulriksen, desde el equipo de la Comudef señalan que trabaja en la Dirección de Educación desde 2003 y tiene fuero como dirigente sindical interempresas. Agregan que está en curso un proceso judicial para lograr su desafuero y que “hasta que no exista sentencia favorable del Tribunal no es posible desvincularla». «En lo correspondiente a la arista penal y a la querella interpuesta por Comudef en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago (La Florida), esta fue presentada el día 8 de agosto de 2022 (3 días después de habernos enterado de la prisión preventiva) por los delitos de fraude al Fisco (artículo 239 inciso 3° del Código Penal) y fraude por prestaciones improcedentes (artículo 470 N° 7 del Código Penal, lo cual se refiere a estar privada de libertad, información que llega a solicitud de la Fiscalía de San Fernando por la causa llevada allá); fue admitida por el Tribunal y remitidos los antecedentes a la Fiscalía correspondiente, encontrándose actualmente en investigación desformalizada”.
Otra falla en los procedimientos ocurrió en mayo, esta vez en el área de salud. A comienzos de ese mes, se ejecutó un pago de dobles remuneraciones a los funcionarios, de los cuales –según fuentes extraoficiales– solo se ha devuelto el 20%. En el equipo de la Comudef apuntan directamente al banco como responsable. “Es una situación interna del banco, que se ha ido regularizando, pero que no guarda relación con la gestión de la corporación. Cada reintegro es de responsabilidad de la entidad bancaria, siendo su responsabilidad absoluta”.
La explicación insuficiente
Carter le pidió a Fernández que desplegara una presentación explicando el desglose de los $2.500 millones cuestionados. Así lo hizo, basada en un gráfico de torta, asegurando que la misma información ya estaba en poder de los concejales. En efecto, al término de la presentación, los integrantes del Concejo volvieron a hacer presente que el despliegue de porcentajes que hizo Janett Fernández en la sala ya lo conocían y no era suficiente.
De todas maneras, el presupuesto fue sometido a votación. Y se aprobó gracias al voto de Carter, pero hubo cuatro abstenciones, incluidas las de los concejales oficialistas Alejandra Parra (UDI) y Felipe Mancilla (RN). Parra leyó un texto en el que apuntó directamente a Janett Fernández. “Siento mucho llegar a este momento de discusión, por su tremenda gestión. Pero este presupuesto se ve empañado por los actos y errores de quien dirige esta Corporación. La salud y la educación no son un juego para nuestros vecinos y, como han advertido los otros concejales, realizar desayunos y actividades que no corresponden, que no están en los servicios de la Comudef”, sostuvo, dirigiéndose a Carter, y luego de la exposición señaló: “Sigo sin ver cómo se gastaron los $2.500 millones”.
Parra también acusó el hecho de que “pasamos a ver con sorpresa cómo las redes de la Comudef en los últimos meses se transformaron en las redes de una sola persona”, en alusión a las continuas apariciones de la secretaria general en toda clase de actividades. La concejal UDI recordó que “este cargo es de confianza del alcalde y no se accede a él como por una elección”. Por último, hizo mención al dictamen de Contraloría que determina el uso de recursos públicos en publicidad.
La concejala Estivales, que finalmente votó a favor del presupuesto, afirmó –después de la exposición explicativa– que “hay un montón de situaciones asociadas a gastos de educación y salud, que están contenidas en el 70% de estos 2.500 millones de pesos. Tu relato me hace tener más dudas”, dijo, dirigiéndose a Fernández.
¿Actividades de campaña?
Las dudas recaen también sobre una serie de actividades con vecinos a lo largo del año, las que –a juicio de la mayoría del Concejo Municipal– parecen actividades de campaña, como “Pasamos Agosto”, con la participación del doble del Gato Juanito, que bailó junto a vecinos y funcionarios; o la actividad Salud Fest, el 23 de diciembre de 2022, que el mismo Carter calificó como “digna de Alfredo Stroessner”, por el culto a la personalidad, y “de lo más vulgar que se ha visto”. Asegurando que “no se volverá a repetir”. Aunque también precisó que “en ningún caso cuestionó la integridad de la secretaria general. Si tuviera dudas, no seguiría en el cargo. Janett Fernández es una persona íntegra y muy trabajadora”.
De cualquier manera, no hubo detalles en relación con cuánto han costado estas actividades, tal como lo expresó el concejal Roberto Valenzuela (DC), otro de los que se abstuvo de votar el presupuesto. “Solicité que se nos desglosara en cuadritos, que nos explicaran estas fiestas que hacen con los usuarios del Cesfam. Estas actividades que hacen en los colegios, de dónde sale la plata para el Gato Juanito o actividades que hicieron en el balneario. Me gustaría saber por qué esta plata no se va directamente a la compra de insumos y mejoramiento de baños, mejoramiento de temas de agua, limpieza de fecas de paloma. Esto tiene que estar mejor establecido en el presupuesto, lamentablemente no lo vimos con esa magnitud. Lo pedimos el viernes temprano, pero lamentablemente ese cuadro no me llegó”, aseguró.
Desde la Corporación Municipal de La Florida explicaron que a todas estas actividades fueron invitados los concejales y enfatizaron que ellas «son a la comunidad, están los registros, son de autogestión en su mayoría, con poco uso de recursos de la corporación, los cuales son especialmente cuidados”.
La duda está en el detalle
Con motivo de esta nota, la Comudef envió un cuadro informativo donde efectivamente cuadran los gastos en un total de $2.520 millones, como se puede ver a continuación:
Pero el cuadro deja algunas de las dudas, que expresaron concejales como Marcela Abedrapo (PC), quien afirmó que “lo que estamos solicitando es el detalle de lo que se menciona acá y además, como puntos específicos, creemos varios de los concejales, que hay que hacer un hincapié en las empresas, en los proveedores de los insumos en salud y educación. En especial los exámenes y medicamentos (…). Además se nos ha dicho en comisión que no es difícil de cumplir, nos dijeron que esa información existe”, aseguró la concejala, que de todas maneras votó a favor del presupuesto igual que su compañero de partido, José Seves, quien igualmente pidió detallar mejor los gastos. “Ese desglose es muy necesario, porque lo que estamos cuidando aquí es que el instrumento municipal y las corporaciones, no sean utilizadas con objetivos de campaña”, sostuvo.
El cuadro explicativo deja otras dudas abiertas, como el hecho de que se hayan gastado $466.228.610 en el ítem “Dirección de Salud”, que corresponde “al gasto en remuneraciones del personal que desempeña funciones en casa central, en apoyo a la Dirección de Salud, las que ascienden a 32 personas al mes de diciembre”. De esas 32 personas, solo 6 son profesionales universitarios.
Otro ítem sin detalle es el de los $857.678.243 gastados en arriendos de vehículos. Poco se sabe de por qué se eligieron ciertos proveedores por sobre otros. Por ejemplo, desde 2020 la empresa Asesorías y Consultoría Betel Limitada se adjudicó, por trato directo, el contrato de arriendo por 3 años de una “ambulancia de alta complejidad”, por $11 millones mensuales. La misma empresa, también por trato directo, se adjudicó otro contrato vigente desde el 16 de agosto, según el registro de Transparencia, por $124.720.925 «para realizar el servicio de gestión de incremento de percapitados para validación de presupuestados 2023 del Fondo Nacional de Salud (FONASA)”. Aunque, según afirman los concejales en privado, este servicio lo realiza periódicamente personal de la Comudef y consiste en motivar la inscripción de personas en los consultorios de salud.
Respecto al ítem de “Aporte al Programa Médico a Domicilio”, en el que se gastaron $660.148.763, los concejales cuestionan el trato directo con la empresa Servicios Médicos Winy Deluque Sánchez Limitada, que corresponde a un pago mensual de $83.333.333 desde julio a noviembre del año pasado.
Carter, en la sesión de Concejo, explicó que la manera de administrar los recursos en educación y salud responde a la demora con que llegan las subvenciones del Estado, lo que muchas veces obliga a ocupar recursos desde otros ítems para cubrir el desfase y seguir operando.
Respecto a Janett Fernández, le dio una especie de ultimátum, asegurando que “no hay más espacio” para cometer errores, y que “el alcalde sigue vivo, nadie puede pasarse de listo”, añadió. La concejala Lina Ríos (RN) asegura que todos los cuestionamientos responden a un clima de ataques políticos a Fernández, “porque la gente la quiere”.
Lo cierto es que, desde comienzos de enero, la secretaria general de la Corporación Municipal de La Florida ya no vive en la casa del alcalde. Según aclaran desde la Comudef, así estaba acordado, luego de que concluyera el período de adopción y adaptación de los menores.
Fuente: El Mostrador