Si bien el año pasado se debilitaba la iniciativa exclusiva del Presidente para presentar proyectos de ley en materia tributaria y de gasto público, esta vez existe coincidencia en todos los sectores por mantener este principio intacto. De hecho, uno de los bordes puestos por el Congreso a la nueva discusión constituyente apunta a que el desarrollo progresivo de los derechos sociales está sujeto al principio de responsabilidad fiscal. “Esto también está fuera de discusión. El Presidente de la República tendrá iniciativa exclusiva en materia de gasto público, el cual, además, debe ajustarse al principio de responsabilidad fiscal. El acuerdo que habilitó este proceso fue transversal. Todos, desde sus distintas visiones, cedieron cuestiones importantes para obtener algo que consideraban muy valioso. Las bases no pueden desconocerse y deben respetarse y desarrollarse con lealtad a ese acuerdo”, afirma el comisionado PS Flavio Quezada. En la misma línea, Teodoro Ribera (RN) cree que esta potestad radicada en el Primer Mandatario ha contribuido en forma significativa a la estabilidad presupuestaria y política del país. “Lo que debe fortalecerse son las facultades fiscalizadoras del Congreso en materia de control del gasto público y de uso eficiente y logro de metas en los planes sociales, incluso con auditorías externas”, propone el excanciller. Bettina Horst (UDI) plantea que se debe fortalecer la sustentabilidad fiscal más allá de lo que contiene la actual Constitución. “Es el momento para de nuevo tener un compromiso con la iniciativa exclusiva a nivel presidencial. No puede ser que un futuro Congreso siga con la misma práctica de hoy y empuje iniciativas con gasto fiscal, sabiendo que no tiene atribuciones”, señala.
El texto constitucional rechazado el año pasado ampliaba fuertemente los artículos dedicados al mundo del trabajo y consagraba una limitada participación de los trabajadores en los directorios de las empresas. Para la comisionada DC Alejandra Krauss, es importante consagrar el principio de “trabajo decente” en la nueva Constitución, el derecho a huelga y abrirse a discutir la participación limitada de trabajadores en los directorios de empresas. “El derecho a huelga puede estar en la Constitución, entendiendo que su regulación corresponde a materia de ley. Con todo, el gran desafío laboral es la flexibilidad, la incorporación de las mujeres al trabajo, la digitalización y la robotización, entre otras”, afirma, a su vez, el experto RN Teodoro Ribera. Mientras Flavio Quezada (PS) aspira a que se consagren la libertad sindical, el derecho al trabajo decente y el derecho a la huelga, el comisionado PC Alexis Cortés cree necesario incorporar representantes de trabajadores a los directorios de empresas, aunque se abre a discutir si aquello debe tener rango constitucional o legal. “Es fundamental del derecho al trabajo decente, el derecho a sindicalizarse, a la huelga, a la negociación colectiva, e incluiría también el derecho a negociación ramal”, pone sobre la mesa. Bettina Horst (UDI) reconoce que los debates laborales son muy “apasionados” y plantea sus reparos a la inclusión en una Carta Magna de temas como la negociación ramal o la participación de trabajadores en los directorios de empresas. “Deberíamos tener una Constitución más minimalista que maximalista, de todas maneras”, sostiene la economista.
Uno de los bordes más valorados por los expertos es la consagración del Banco Central (BC) como un organismo autónomo. Si bien durante el debate de la rechazada Constitución del año pasado hubo diferencias sobre las formas de remoción de los consejeros del instituto emisor y se elevaba de 5 a 7 las sillas del consejo, esta vez la discusión debiera ser más acotada. “Hay órganos autónomos respecto de los cuales hay que innovar muy poco. Hay una coincidencia general respecto de que órganos como el Banco Central no deberían ser cambiados por el sólo hecho de querer cambiarlos”, afirma la comisionada DC Alejandra Krauss.
Coincide el excanciller y actual comisionado RN, Teodoro Ribera, quien cree que el instituto emisor ha realizado una “notable” contribución al desarrollo económico y al fortalecimiento de la democracia. “Existen modelos en otros países donde el Banco Central tiene funciones diversas al caso de Chile. No veo un gran interés en cambiar algo que ha funcionado, especialmente cuando goza de prestigio y validación ciudadana”, sentencia. Si bien el comisionado PC Alexis Cortés considera que la autonomía del BC ya está zanjada, se abre a discutir nuevos roles más allá del objetivo inflacionario que hoy tiene el organismo monetario. “Es una institución respetada por todos los sectores políticos y esta es una oportunidad para pensar en ampliar sus roles. Dentro de ellos se podría incluir el tema del empleo y que participe de las metas de desarrollo que se puedan establecer”, explica Cortés. No obstante, Bettina Horst (UDI) repara que es importante clarificar qué es lo que los distintos sectores entienden por autonomía, y rechaza de plano colocarle más objetivos al BC. “Darle más objetivos al Central relacionados al empleo o crecimiento puede ser contradictorio con mantener la trayectoria de la inflación en el rango del 2% al 4%”, asegura.
Modelo económico: La batalla ideológica por el Estado empresario y la subsidiariedad
Fue una álgida batalla ideológica que cruzó la última discusión constitucional. Si bien uno de los 12 bordes acordados por las fuerzas políticas, las cuales son el punto de partida para el nuevo texto, es el consagrar a Chile como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, una de las negociaciones de los 24 expertos que redactarán el anteproyecto se centrará en cuál será el rol del Estado en la economía y sobre la pertinencia de mantener el principio de subsidiariedad incluido en la actual Constitución. Este último entrega un rol clave a los privados en la economía y es una de las bases del libre mercado desarrollado en Chile durante los últimos 35 años. “La discusión de si es compatible un Estado Social de Derecho con uno subsidiario es más ideológica y no aborda la solución de ciertas problemáticas. Lo importante es que el Estado no tome decisiones por lapersonas, por ejemplo, que no decida dónde tienen que ser educados los hijos de una familia. Siempre debe primar la decisión de la persona por sobre la de un burócrata”, afirma enfática Bettina Horst (UDI), una de las expertas elegidas por el Congreso. Sin embargo, el comisionado del PS Flavio Quezada discrepa y asegura que el gran desafío es transitar a un Estado social. “Lo que en Chile se entiende por ‘subsidiariedad’ es incompatible con el Estado social, es decir, está vedado a este proceso mantenerlo.
No obstante, comprendo que en ciertas tradiciones intelectuales esa misma denominación hace referencia a cuestiones importantes respecto al ser humano y la vida en común. Empatizo con ello, pero quisiera pedir la misma empatía: no nos exijan, a quienes no compartimos esas ideas o convicciones, tener que discutir en las coordenadas de tradiciones intelectuales ajenas. En democracia, conservadores, socialcristianos, liberales y socialistas debemos convivir y construir lo compartido en común”, señala tajante. Por su parte, el comisionado RN Teodoro Ribera cree que el Estado social no implica un modelo económico único. “El interés del Estado debe estar en aumentar su eficiencia y su eficacia, y recurrir a los privados para dar dichas coberturas y no necesariamente ser un Estado empresario. Así, el desarrollo de la iniciativa privada es un requisito indispensable para un desarrollo progresivo de los derechos sociales”, dice. No obstante, el experto PC Alexis Cortés cree que es importante no restringir la participación del Estado en la economía. “El anteproyecto no debiera casarse necesariamente con una visión netamente estatista, pero que sí permita que el Estado, eventualmente, pueda convertirse en un conductor del desarrollo”, concluye.
El derecho a propiedad y sus normas relacionadas originaron las mayores polémicas durante el debate del año pasado, ya que representaba el corazón del cambio de paradigma constitucional. En la actual Constitución se resguarda férreamente el derecho a la propiedad privada y se ponen límites a la expropiación. El debate del anterior proceso se centró en las diferentes visiones sobre el “justo precio” por expropiar. Para Bettina Horst (UDI), los bordes puestos por el Congreso eliminan algunos “fantasmas” originados en el debate de la rechazada Constitución que debilitaban el derecho de propiedad. Sin embargo, estima que esa protección debiera ser coherente en los distintos articulados del anteproyecto, de manera que sea un resguardo efectivo de la propiedad privada. En materia de derecho de los particulares sobre las aguas, la experta UDI dice estar de acuerdo con que el agua sea un bien nacional de uso público, pero resguardando las posibilidades de los privados de tener derechos e invertir. “Hay que aclarar que así como están protegidos los derechos de propiedad, también el Estado tiene la potestad de expropiar”, aclara la economista.
Coincide Teodoro Ribera de RN. “El agua es un bien nacional de uso público y sólo existe propiedad privada sobre el derecho de aprovechamiento. La crisis hídrica demanda contar con un marco jurídico y los incentivos claros para una utilización más racional del agua, incentivando igualmente la desalinización. El Código de Agua recientemente aprobado ha sentado las bases que debemos considerar”, afirma Ribera. Para Flavio Quezada (PS), es importante conciliar certezas a quienes han realizado inversiones y la búsqueda de fórmulas para idear un camino de desarrollo sostenible. “Seré directo: soy partidario de respetar los derechos adquiridos legítimamente bajo el régimen jurídico vigente; pero, al mismo tiempo, debemos transitar hacia la sostenibilidad social y ambiental. Con la cohesión social que generan derechos sociales y ambientales efectivos, ganamos estabilidad democrática y certezas para impulsar nuestra economía. No veo ninguna incompatibilidad entre Estado social y crecimiento económico. Es más, creo que, hoy por hoy, lo primero es condición necesaria de lo segundo”, plantea Quezada, quien estima que es necesario garantizar el derecho de propiedad en general en la nueva Carta Magna.
Fuente: La Tercera