Este miércoles 12 de abril trabajadores de la salud sufrieron amenazas mientras hacían atenciones a domicilio en Castro. A juicio del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), «el incremento de la violencia contra trabajadores y trabajadoras de la salud es preocupante. No sólo hablamos de lo que ocurre en recintos sanitarios, si no en las modalidades de atención a domicilio y en los trayecto al ingresar o salir de turnos. Es una realidad que se ha ido extendiendo peligrosamente en el territorio.
El 13 de diciembre de 2019 comenzó a regir la Ley Consultorio Seguro que protege de agresiones al personal de la Salud en el ejercicio de sus funciones e incluye en sus alcances a personal de Educación, entregó un cuerpo legal fortalecido. Faculta adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad y garantiza defensa jurídica a las víctimas.
La normativa establece sanciones para los agresores que pueden llegar a presidio mayor en su grado medio, es decir, desde 10 años un día a 15 años en el caso que el funcionario presente enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días.
Además el texto legal señala que el agresor puede ser multado con pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad si causa lesiones leves.
Lamentablemente, hasta el momento, según funcionarios de la salud, la normativa no ha dado el ancho, pues las agresiones continúan y cada vez con más fuerza.
Violencia persiste
Con la nueva ley se creó también el registro oficial de agresiones a funcionarios de la salud. La medición del fenómeno reveló que en 2019 se registraron mil 722. Luego durante pandemia en 2020 y 2021 respectivamente, hubo mil 310 y 2 mil 97. El año pasado la cifra llegó a 3 mil 600. Las cifras de este año aún no se conocen. Los gremios aseguran que están realizando catastros y que pronto revelarán con números a la verdadera situación de riesgo a la que están expuestos a diario. Desde ya advierten que los hechos de violencia son cada vez más habituales.
De agresiones físicas y verbales no han estado libres los funcionarios del los Cesfam de Concepción, así lo confirmó la directora de Salud Municipal de Concepción, Rosario Bustos. Cuentan con registros de ataques, que incluyen agresión física y verbal que han sido derivadas al Servicio de Salud. “El año 2021 en las denuncias realizadas por los establecimientos de salud fueron 50, en 2022 fueron 91 agresiones y ahora, en lo que va corrido de 2023 llevamos 28 agresiones”.
Para mejorar el panorama se han realizado mesas de trabajo entre el Servicio de Salud, el municipio y la dirección de Salud para realizar estrategias que protejan a los funcionarios de algún tipo de agresión. “No necesariamente son todas agresiones físicas, muchas son verbales hacia nuestras prestaciones o funcionarios son habituales y no las deberíamos normalizar”, sentenció.
La directora de Salud Municipal agregó que “muchas de las agresiones a nuestros funcionarios han llegado a la justicia (…) Cuando pasan cosas que no hemos podido evitar, que han recibido golpes, ya sea por parte de un familiar o del propio usuario”, dijo y agregó que están trabajando para otorgarles un mayor resguardo, pero no detalló medidas.
Sin defensa
La presidenta regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Evelyn Betancour, manifestó que hoy, además de los guardias, que están limitados en su actuar, los funcionarios de salud no tienen forma de defenderse de ataques.
“Hay hospitales que son más complejos por su localidad, por ejemplo, en Arauco. Tenemos casos de narcos que llegan a urgencias, porque además llegan bandas rivales”, dijo.
Betancour, que pertenece a la mesa de Seguridad del área, aseguró que hay un gran número de casos que no se registran, por ejemplo, en unidades psiquiátricas, de corta estadía o de drogodependencia en los que ya se normalizó las agresiones. “Desde que te peguen en un ojo hasta que te arranquen el pelo son múltiples (…) No veo solución para la gran cantidad de ataques que hemos tenido. El año pasado fueron más de 300 en la Región”, dijo y agregó que la tendencia de 2022 continúa y esperan pronto contar con un catastro actualizado de agresiones durante 2023.
Betancourt, que además es psicóloga, afirmó que el Estado debe preocuparse de la salud mental de la población, especialmente, tras la pandemia en que se ven muchas conductas agresivas, impulsivas y desreguladas entre algunos usuarios del sistema.
“El llamado al gobierno es dar seguridad a los trabajadores y los ambientes de trabajo libres de malos tratos, que es un terna que le presentamos al Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Los ambientes están colapsados, jefaturas que no respetan a los subalternos y episodios en los que derivamos al ISL por posibles malos tratos (…) el 0,1% tiene una sanción, existe un apoyo corporativo hacia quienes ejercen las malas actitudes”.
Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada (Confusam), fue categórica al indicar que “todos los días, agreden a un funcionario de la salud en algún lugar de Chile”.
La Ley de Consultorio Seguro, según dijo, no es aplicada por los directores de establecimientos de salud. “Dicen es un insulto, pero el insulto es grave y está penado. Las agresiones no son sólo empujarte, pegarte un combo o el arma blanca. Hoy está el arma de fuego. Destruyen los Sapu, los Cesfam, rompen las lunetas de las ambulancias o de vehículos de transporte. Nosotros le estamos exigiendo al Gobierno, al ministerio de Salud saber cuándo instala la nueva mesa de Seguridad, porque está coja, y no está funcionando en todo Chile”.
Mamparas blindadas y detectores de metales en centros de salud sería lo ideal, sin embargo, son pocos los establecimientos que cuentan con estos porque con los fondos de apoyo a la gestión local se instalaron botones de pánico y unos pocos vidrios blindados en los Some. “El ministerio nuevamente va a entregar recursos a las comunas, a través de la división de APS, y nosotros estamos pidiendo que lleguen a la mayor cantidad de comunas del país. Hemos pedido que a los vehículos les instalen cámaras de seguridad, GPS porque los roban, los desmantelan y los dejan abandonados”.
Todos los servicios de salud tienen mesa de seguridad, explicó, pero estas deben ser integradas por la delegada presidencial, Carabineros, Fiscalía, encargado de seguridad regional, representante de trabajadores, empleadores y algunos representantes de hospitales.
Derecho a ser defendidos
El riesgo al que están expuestos los funcionarios también fue puesto en el tapete por el Instituto de Seguridad Laboral, sus funcionarios han solicitado a las autoridades impulsar en conjunto medidas preventivas que sean desarrolladas a lo largo del país.
María Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Funcionarios del ISL, aseguró por ley ellos, así como los empleados públicos están protegidos. El artículo 90 del Decreto con Fuerza de Ley Número 29 de 2005 indica que todos los funcionarios tendrán derecho a ser defendidos, a exigir que la institución a la que pertenezcan persiga responsabilidad civil y criminal de quienes atenten contra su vida o integridad corporal en el ejercicio de sus funciones, o que, por dicho motivo los injurien o calumnien de cualquier forma.
“Queremos que el protocolo se complemente con una campaña de difusión de deberes y derechos de los usuarios y de capacitación de nuestros trabajadores en temas como manejo de crisis, para saber qué hacer en caso de ataque físico o verbal”. Además de contar con protocolo psicosocial “porque cuando una persona tiene un ataque de furia deja a nuestros funcionarios muy afectados psicológicamente”, y que muchas veces se complementan con acciones vía redes sociales en las que sufren ataques y desnostaciones injuriosas.
Los casos registrados, aseguró, no sólo afectan a los funcionarios, sino también a los usuarios, pues ven impedido realizar un trámite por un escándalo o ataque de furia de personas.
Fuente: El Dinamo
