Por Daniel Zamorano/ Ex Presidente Federación de Estudiantes Universidad Santo Tomás Viña del Mar. Ex Secretario Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso
Hoy se sabe que los estudiantes de las familias más pobres de Chile estudian en su mayoría en Universidades Privadas y, en especial, en los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Esta realidad se configura por los problemas de acceso a la Educación Superior y el sesgo de clase de la PSU. Por otro lado existe también la claridad sobre que lo público es un rol, no una condición, que toda institución de educación superior puede cumplir, pero que pocas lo hacen, siendo las que están más al debe, precisamente, las instituciones privadas.
Por eso los dirigentes de Federaciones de instituciones privadas y aquellos que hemos tenido reuniones con el ejecutivo para conversar sobre temas educativos, hemos consultado si la gratuidad será para estos estudiantes; la respuesta ha sido sí, mientras las instituciones cumplan con ciertos requisitos que se regularán con el nuevo sistema marco para la educación superior.
Ahora bien, el pasado 21 de mayo la PresidentaBachelet anunció la gratuidad efectiva para el 60% más vulnerable que estudia en las Universidades del Consejo de Rectores y los CFT e IP sin fines de lucro. La reacción de las Instituciones privadas, y la derecha que los sustenta en su mayoría, no se hizo esperar y respondieron que se les “estaba discriminando”, utilizando, antojadizamente, solo el aumento en la cobertura, en lo que indudablemente han colaborado, o la movilidad social, que también es un aporte real que ha sido a costa de los bolsillos de las familias y su sobre endeudamiento. En ninguna parte de su discurso existe la necesaria autocrítica de que sus instituciones están muy lejos de cumplir un rol público que los haga acreedores de este beneficio.
Frente a esta discriminación de la que acusan las instituciones privadas nacen simples preguntas: ¿que han hecho ellos para merecer financiamiento del Estado? ¿basta solo con haber colaborado en aumentar la cobertura? El estado no puede entregar recursos a universidades o instituciones privadas que lucran, prohíben la participación estudiantil, poseen nula investigación y vinculación con el medio, es decir, instituciones que solo entrega un cartón al final del proceso académico, que restan al proceso de formación condicionantes vitales,competencias blandas y extra académicas que son fundamentales para educar profesionales que cambien la realidad y que no solo reproduzcan el modelo dominante.
En una nebulosa está, además, el hecho que la mayoría de esas instituciones están ligadas a diversas ideologías, que son reproducidas por su modelo educativo, abierta o, como se da en la mayoría de los casos, veladamente. Ideologías que son entregadas encubiertas en bibliotecas con libros prohibidos, autores innombrables, clases estructuradas, cruces y otros símbolos en todas las salas, talleres de líderes, de emprendimiento y direcciones estudiantiles que le preguntan a los estudiantes ¿para que necesitan una Federación o Centros de Estudiantes?. Acá nacen otras inquietudes ¿Debe financiar el Estado clases de economía neoliberal o médicos contra el aborto?.
Por lo anterior la preocupación de los administradores de las instituciones privadas, que no está de más decir, tienen voceros tan espurios y ambivalentes como Carlos Peña o Andrés Benitez, debería ser mejorar la calidad de sus instituciones, democratizarlas, abrirlas a la comunidad, generar investigación y, principalmente, volverlas espacios de pensamiento crítico y libertad de cátedra. Instituciones que merezcan el financiamiento del Estado cumpliendo un rol público, que aseguren que esos recursos no se irán al grupo Laureate, al Opus Dei u otras iglesias y tampoco a los empresarios de la educación. Instituciones que garanticen que no se les entregará dinero de todos los chilenos a grupos determinados de poder para que reproduzcan su forma de ver y entender la sociedad en los y las estudiantes chilenos que llegaron a esas instituciones por el deficiente sistema de acceso que existe en nuestra educación.
Las instituciones mencionadas por la Presidenta merecen este financiamiento, por que son sin fines de lucro, pero, además, por que cumplen con estándares mínimos de acreditación, participación estudiantil, extensión, etc., tienen un rol público. Esto, claro está, analizando variables y promedios, no se puede comparar la Universidad de Chile con la Universidad Arturo Prat, pero por ley y trayectoria ambas cumplen un rol que, claramente, no cumple la Universidad Bolivariana o la Bernardo O´Higgins.
Un caso particular será el DUOC – UC, donde esto no está tan claro, y las autoridades deberán vigilar la situación. Otro caso particular son instituciones como la Universidad Alberto Hurtado o la Central, que cumplen un rol público, pero que no han generado la presión necesaria dentro de las universidades privadas para mejorar los estándares generales, cayendo en el juego individual de brillar con luces propias. Esas excepciones no generalizan la norma.
Los estudiantes de las familias más vulnerables de Chile merecen gratuidad, por ende el Estado debe presionar a las instituciones privadas que están fuera de esta primera medida presidencial para que cambien sus políticas y cumplan obligatoriamente los estándares que se establecerán, las instituciones privadas que cumplen un rol público deben presionar también a sus pares. Y, por sobre todo, los mercaderes de la educación, que son dueños de los sueños de estos jóvenes, deben dejar sus lógicas mercantiles y abrazar el rol público que debe tener la educación, deben darse cuenta que ya se les acabó la fiesta y el negocio.
Denos su opinión