El lunes de esta semana fue la lectura de sentencia. Después de siete años de investigación, Pedro Sabat fue finalmente condenado como autor de dos delitos de negociación incompatible cuando se desempeñaba como máxima autoridad en la comuna de Ñuñoa.
El Ministerio Público había solicitado una pena de cuatro años de reclusión, inhabilitación absoluta de cargos públicos durante siete años y una multa de 218 UTM. La condena, sin embargo, fue mucho más leve: 61 días de reclusión, dos años de suspensión de cargos públicos y una multa de 675 mil pesos.
Al exjefe comunal se lo acusaba de haber suscrito contratos a través de decretos con el socio de uno de sus hijos, Alain Goffard, entre los años 2013 y 2015, por más de 15 millones de pesos, en operaciones donde debía intervenir en razón de su cargo y no en beneficio de “terceros”.
Sabat, en el fondo, la sacó barata: no va a pisar la cárcel ni tampoco padecerá reclusión domiciliaria. Eso en esta última causa, porque hay otra vigente por “fraude al fisco y organismo del Estado” -separada del caso por negociación incompatible en 2020- que está siendo investigada por la fiscal de Ñuñoa, Teresa Muñoz, y donde figura como querellante el Consejo de Defensa del Estado.
El Desconcierto accedió, en exclusiva, a una serie de documentos que dan cuenta de movimientos bancarios entre el exalcalde de Ñuñoa y algunos de sus hijos, funcionarios municipales y hasta exconcejales de la municipalidad, tras el alzamiento del secreto bancario de dos cuentas a su nombre -Banco de Chile y Santander-, realizada por el fiscal José Antonio Villalobos en septiembre de 2017.
Respecto a estas diligencias existen al menos dos informes relevantes que deberían servir para aclarar si el exalcalde de Ñuñoa usó recursos municipales en beneficio propio, en una arista cuyo modus operandi se asemeja a otras investigaciones llevadas en comunas del sector oriente de la capital, como el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
Hijos, funcionarios y concejales
El 15 de noviembre de 2017 los exconcejales de la municipalidad de Ñuñoa, Jaime Castillo y Pablo Vergara, presentaron un informe al entonces Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dando cuenta de una serie de antecedentes provenientes de la misma carpeta investigativa -antes de la separación del caso- y otras informaciones relevantes.
Un mes después de la denuncia presentada por los exconcejales, el entonces Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, derivó los antecedentes a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), dependiente de la Fiscalía Nacional, con el objeto de realizar nuevas diligencias.
Respecto a la figura de enriquecimiento ilícito, sustanciada entonces en la misma causa, el documento presentado por los exfuncionarios revela que desde que entró al municipio hasta su salida, el exalcalde de Ñuñoa incrementó su patrimonio en 5 mil millones de pesos.
El informe detalla la promesa de compraventa de dos inmuebles de su propiedad, ubicados en Pedro de Valdivia, cuyo anteproyecto de edificación fue aprobado dos meses antes de renunciar a su cargo en el municipio por cáncer a la tiroides, y que pretendía vender en más de 1700 millones de pesos.
También el documento consigna la existencia de contratos sin llamar a licitación en favor de Gonzalo Cisternas, abogado quien también lo defendería en esta misma causa junto al actual Fiscal Nacional Ángel Valencia, por más de 200 millones de pesos.
Lo más grave, asegura el informe, es que el hijo del exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, aparecería en las cuentas depositándole a Sabat 14 millones de pesos. Es por esta razón que se sugiriere al Servicio de Impuestos Internos solicitar las declaraciones de renta y boletas de honorarios del abogado, entre los años 2010 y 2015, para verificar si Sabat “pagó por los servicios que le prestaba o simplemente se le pagaba a través de la municipalidad”.
Además, agrega el documento, “pedimos también que se abriera la contabilidad de Gonzalo Cisternas, Ángel Valencia, su socio, y su empresa de abogados para realizar posibles triangulaciones de dinero”. No se sabe, hasta ahora, si es que esta solicitud fue aceptada por el ente persecutor.
Pero es esta última arista, respecto al informe de cuentas corrientes de Sabat, la que entrega una serie de antecedentes que dejan una estela de incertidumbre. La solicitud de la apertura de cuentas del exalcalde se habría establecido luego de un informe emanado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, donde se estableció que al menos 750 millones del patrimonio de Sabat no estarían justificados.
El exdirector jurídico de la municipalidad de Ñuñoa en ese entonces, Carlos García de Huerta, también emitió un informe de análisis de las cuentas corrientes ratificando una serie de antecedentes puestos en conocimiento del exalcalde Andrés Zarhi y los concejales, información que también estaría en manos de la fiscalía.
El documento precisa que entre el año 2011 y 2015, los ingresos totales percibidos en las cuentas personales de Sabat alcanzaron un monto aproximado de 1.350 millones de pesos, verificándose una serie de movimientos sospechosos a familiares y funcionarios de la municipalidad, algunos depositados sólo con iniciales o, incluso, sin identificar nombres.
El 24 de marzo de 2014, por ejemplo, el exalcalde de Ñuñoa recibió en su cuenta un depósito en efectivo de su hijo Franco Sabat por 23 millones de pesos. Dos días antes, en un lapso de apenas 10 minutos, Franco depositó más de 5 millones a la cuenta de su padre. En total, durante el periodo analizado, éste le habría depositado al exalcalde de Ñuñoa $69.000.000.
Marcela Sabat, a su vez, le habría depositado en total $77.053.000. Entre las transferencias destacan una por 20 millones realizada el 20 de enero de 2013 y otra el 22 de abril de 2014 por 28 millones.
Lo curioso de estas operaciones bancarias es que fueron realizadas cuando los tres miembros del clan Sabat eran funcionarios públicos: Pedro Sabat era alcalde, Marcela era diputada y Franco era Core.
Otro aspecto inusitado en el análisis de las operaciones bancarias, según el informe, son una serie de transferencias realizadas en efectivo por personas anónimas que sumarían $53.014.575.
También existirían depósitos de funcionarios municipales por $21.845.151 y de exconcejales por un total de $7.912.680. Uno de ellos sería Guido Benavides (RN), quien figura con una transferencia de 5 millones y medio, José Luis Rosasco (RN) con $1.800.000 y Víctor Caro (RN) con $1.600.000. También el exabogado del municipio, Atilio Matus, aparece en el listado con dos depósitos a Sabat por 5 millones de pesos cada uno.
Desde que el Consejo de Defensa del Estado presentara la querella y esta fuera admitida a tramitación, el 31 de mayo de 2021, la causa se mantiene sin movimiento aparente en el registro del Poder Judicial.
Fuente: El Desconcierto