“¡Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el Golpe!”, dijo esta mañana afuera de la sala de la Cámara, la diputada Lorena Pizarro (PC), expresidenta de la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos.
Al igual que otros legisladores de su sector, Pizarro estaba enfurecida con la jugada reglamentaria -liderada por la bancada de la UDI, con el apoyo de RN, de Evópoli y de los republicanos- para que al inicio de la sesión de este martes se leyera la declaración acordada por la propia Cámara, el 22 de agosto de 1973.
Ese manifiesto institucional de hace 50 años, que para algunos “fue la luz verde” para la intervención militar, denunciaba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” de parte del gobierno de la Unidad Popular (UP), que lideraba el fallecido Presidente Salvador Allende.
En aquella resolución de 1973, los entonces diputados de la DC y del disuelto Partido Nacional (cuyos dirigentes posteriormente fundaron RN) acusaban al gobierno de la UP de haber infringido una veintena de normas constitucionales y legales. Esa declaración fue usada durante la dictadura como sustento jurídico para justificar la intervención militar y hablar de “pronunciamiento”, en vez de Golpe de Estado.
“Allí en el sector de la derecha hay varios familiares de torturadores y genocidas parece que están defendiendo a sus familiares”, arremetió Pizarro, quien recordó a niños y mujeres embarazadas que sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de lo calificó como una “dictadura sangrienta”.
Al reclamo se sumaron los jefes de bancadas del PS, Daniel Manouchehri; del grupo PPD-Independientes, Cristián Tapia; y también del comité mixto PC-FREVS-Acción Humanista, Luis Cuello, quien alegó vicios reglamentarios en la jugada que realizó la oposición.
Inicialmente los actuales representantes de la derecha pretendían realizar una declaración de la Cámara, que debía votarse para ratificar el manifiesto del 73. Sin embargo, al final los legisladores opositores optaron por una enviar una carta que fue firmada por los jefes de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Frank Sauerbaum; de Evópoli, Francisco Undurraga, y de Republicanos, Benjamín Moreno, además de los diputados gremialistas Cristián Labbé y Flor Weisse.
En la misiva dirigida al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), los legisladores opositores invocaron el artículo 97 N° 14 del reglamento de la corporación, que permite dar lectura a un texto en la Sala, siempre y cuando exista acuerdo de los presentes.
Con esa petición sobre la mesa, Cifuentes debió someterla a votación, lo inmediatamente alteró el clima en el hemiciclo. Ahí fue donde Cuello acusó los vicios reglamentarios, mientras los gritos comenzaban a subir de tono desde lado y lado.
La votación arrojó 50 votos a favor de leer la declaración de 1973, 42 en contra y una abstención (Erika Olivera), lo que abrió subterráneamente recriminaciones en el oficialismo, ya que la derecha logró imponerse debido a la ausencia circunstancial de legisladores de gobierno que llegaron tarde a la sesión.
En vista de que la crispación iba en alza, Cifuentes -quien tuvo que hacer varios llamados al orden-, debió suspender la sesión un par de minutos para calmar los ánimos. Sin embargo, ello no fue suficiente.
Al reanudar la sesión, los legisladores oficialistas se pusieron de pie para protestar mientras el prosecretario de la Cámara, Luis Galleguillos procedía a leer la solicitud de las bancadas de derecha. Los parlamentarios de derecha también se manifestaron en respuesta.
Fuente: La Tercera