En la casa central de la Universidad Católica y presentado por Jorge Burgos, José Antonio Viera Gallo y Mario Desbordes, fue lanzado el libro Un Ejército de Todos (JC Sáez Editor) del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau.
Entre el público, estaba el ministro de Justicia, Luis Cordero; el subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein; varios exministros, exsubsecretarios de Defensa y políticos.
En medio de los discursos irrumpió, con gritos de “traidor”, el exmilitar Jaime Ojeda Torrent, condenado en primera instancia como cómplice de 15 homicidios en el Caso Caravana de la Muerte (La Serena) y procesado por torturas. Ojeda fue sacado de la sala y prosiguió la intervención de los presentadores. Más adelante, en el turno del general en retiro, este señalaría: “no les tengo temor”, “soy un militar republicano”.
Martínez, quien ingresó a los 15 años al Ejército y se mantuvo por cinco décadas, partió destacando en su presentación que “durante toda mi carrera militar —especialmente cuando asumí puestos de mando, y en última instancia, la Comandancia en Jefe— me formé la convicción de que el Ejército debía ser capaz de desarrollar una mirada introspectiva, que le permitiera revisar periódicamente su actuar para identificar sus fortalezas y enmendar errores y aprender de ellos, en aras de fortalecer su ethos y mantener ese lazo comunicante con toda la sociedad”.
Explicó que el libro nació como una propuesta al cuerpo de generales en 2018. Y que como un informe titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, fue leído el 2 de marzo de 2022, en la cuenta del comandante en Jefe, unos días antes de presentar su renuncia al cargo.
“Como Comandante en Jefe visualicé la necesidad de revisar las actuaciones del Ejército de Chile durante el período reciente de su historia, porque era evidente que persistía una fractura con una parte de la sociedad, originada en gran medida durante el gobierno militar. Esta revisión debía considerar los hechos significativos que involucraban a la institución tanto antes como después de ese período, en donde fue un actor importante en el devenir nacional de los últimos 50 años, para plasmarlos en un texto a disposición de los integrantes del Ejército y de la sociedad chilena en su conjunto”.
Responsabilidad de mando
Afirma que el seguimiento estricto de las órdenes superiores, en las distintas estructuras del Ejército, es la norma. Y cómo el juramento a la bandera establece una obligación legal y reglamentaria en la impartición de las “órdenes militares” por parte de los superiores, “pero también establece un límite, y con ello, un cierto grado de autonomía para quienes las reciben, por cuanto no se puede obligar a un subalterno a cumplir una orden si no está amparada en la legalidad”.
“Desafortunadamente, esta lógica no estuvo presente en la dinámica que se vivió después del Golpe de Estado de 1973, especialmente en las intervenciones más reprobables de parte de algunos miembros del Ejército durante los primeros años del gobierno militar, y en esto, la principal responsabilidad recae en quienes ostentaban los más altos cargos, que no pudieron o no quisieron frenar las resoluciones que llevaron a conductas que estaban totalmente reñidas con el actuar ético militar, como ha quedado demostrado con todos los antecedentes que se conocen en la actualidad”.
En el presente -sostuvo- existe la convicción que las “órdenes militares” deben ser legales como requisito sine qua non para su cabal acatamiento. “No cumplir este precepto es una falta al honor militar”.
Esto es clave para quienes tienen mando de tropas, dijo el Comandante en Jefe “muy especialmente para quien está en la cúspide de la estructura militar, en este caso el mando en jefe.”
Luego prosiguió: “Este concepto se debió observar con especial rigor durante el gobierno cívico militar; lamentablemente está probado que en ese período, producto de las órdenes que se dieron respecto de los detenidos políticos, muchos fueron sometidos a graves vejámenes, otros fueron muertos y abandonados en entierros clandestinos o hechos desaparecer, sin tomar en consideración las obligaciones que imperan en tiempos de guerra interna, tal como se dictaminó en el decreto ley Nº5 del 12 de septiembre de 1973 emitido por la propia Junta de Gobierno”.
En este punto, el general (R) Martínez fue enfático: “En esto no puede haber dos posiciones: todos los detenidos, cualesquiera fueran los delitos que se les imputaran, tenían derecho a enfrentar los tribunales que establece la ley, los que están definidos en el Código de Justicia Militar y que, para los efectos, eran los Consejos de Guerra”.
Y con la misma fuerza, afirmó: “Los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familiares por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al “ethos militar”, ayer, hoy y siempre.
Intervención en la vida política
El discurso abordó también la intervención de las Fuerzas Armadas en temas políticos y sociales.
“No nos engañemos: cuando los problemas sociales o políticos, inevitables en cualquier sociedad, traen consigo decisiones de orden público, las Fuerzas Armadas no los resolverán. El uso de la fuerza militar en este tipo de situaciones excepcionales debe contar con el respaldo de dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, como así lo planteé a las autoridades en el momento más crítico del 2019, a fin de garantizar que su despliegue esté plenamente legitimado ante la población y que no constituya una maniobra partidista del gobierno de turno”.
“Los actores políticos no deben recurrir a las Fuerzas Armadas cuando se vean afectados sus intereses, apelando a una supuesta salvaguarda de la República. Hacerlo sólo contribuye a politizarlas por décadas, desviándolas de su tarea fundamental, la defensa nacional”.
“Tampoco se deben promover, por objetivos políticos, a grupos armados al margen de la Constitución porque ello colisiona directamente con el ordenamiento que se le ha entregado del uso monopólico y legítimo de las armas a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad”.
“Aspiro -confesó- sin ningún afán de figuración personal, solo movido por el interés superior de nuestro país, a que este texto sea discutido por civiles y militares, y en el nivel de la defensa nacional, con la participación de las Fuerzas Armadas y muy especialmente del Ejército de Chile. Por supuesto, podrán existir diferencias, pero ojalá se aborden con altura de miras y de cara a la sociedad civil pues ellos son los mandantes de las instituciones de la defensa”.
“A veces los militares pensamos que el Ejército nos pertenece porque vestimos su uniforme y le hemos entregado toda una vida, pero en realidad es patrimonio de todos los chilenos, sin distinción alguna de filiaciones políticas, étnicas, sociales o económicas. Los ciudadanos deben sentir orgullo de la institución y verla como lo que ha sido desde su creación: un Ejército de todos”, finalizó.
Fuente: El Mostrador