No era algo que Luis Hermosilla Osorio esperara que ocurriera así, sorpresivamente, a sus 67 años, con una carrera de abogado penalista que lo tenía –hasta el martes 14- como uno de los más influyentes de la plaza. El audio que Ciper Chile publicó ese día -en el que pide hacer “una caja” para “apretar” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y confiesa que “esta huevá es delito”- echó por tierra una carrera que construyó por cuatro décadas, cruzando, como pocos, puentes en la élite política, judicial y empresarial.
De un segundo a otro, el episodio generó un enorme impacto, sobre todo entre abogados y políticos, al ver cómo uno de sus representantes más señeros caía, imputado por el delito de soborno en una investigación que el Ministerio Público calificó de secreta. Hermosilla, que desde que comenzó su carrera en 1981 optó por tomar casos de gran connotación pública, se derrumbaba en medio de un escándalo empresarial –la caída de la corredora STF y la quiebra del factoring Factop-, y de un modo que para quien fue militante del PC en dictadura era impensable: prácticamente en una ratonera.
En su entorno dicen que se enteró por la prensa. Tras conocer los audios, y en estado de shock, la tarde y noche del martes 14 de noviembre, Hermosilla abordó con sus más cercanos cuáles serían sus primeros pasos. Junto a su hermano, el también penalista Juan Pablo Hermosilla, quien rápidamente se acercó a él para intentar contener las primeras horas de la crisis, intercambió opiniones con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, dos abogados con los que mantiene una estrecha relación. Entre todos definieron que su hermano menor tomaría su defensa. Con ellos, además, afinó la primera declaración que realizó ante el caso, que ya alcanzaba el nivel de escándalo.
”He sido objeto de una maniobra siniestra, cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo”, dijo en un comunicado que llegó por WhatsApp a La Tercera, desde su número personal, el miércoles a las 10.21 horas. “Además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el Estado de Derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”, manifestó. En el texto también aseguró que “no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno” y reiteró que “parece claro desde ya que hay en marcha una operación obscura (…), con alcances políticos y comunicacionales insospechados”.
Como es sabido, en el audio grabado el 22 de junio, en una reunión en su oficina, Hermosilla aparece conversando con el empresario Daniel Sauer, uno de los controladores del factoring Factop y la corredora de Bolsa STF Capital, y la abogada María Leonarda Villalobos. En la conversación -que dura una hora y 48 minutos-, los tres hablan de sobornos, coimas y “aprietes” a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de “intervenir información” sobre facturas que involucran a una serie de firmas ligadas a STF y Factop.
Tal como se elige a un médico para una enfermedad grave, la elección de un abogado, sobre todo penalista, muchas veces es por el conocido boca a boca. Así es como Hermosilla llegó a representar en mayo al grupo SUM Capital, matriz de la empresa de factoring Factop y de la firma bursátil STF Capital Corredores de Bolsa, propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, y que tiene como socios minoritarios a Rodrigo Topelberg, Sebastián Somerville y su gerente general, Luis Flores. De ahí pasó a representar a sus controladores, los hermanos Sauer. El vínculo fue la familia Jalaff, excontroladora del grupo inmobiliario Patio, también involucrada en la trama, porque, según querellas presentadas, sus integrantes se habrían favorecido de la entrega de facturas ideológicamente falsas a Factop.
Sauer dice en el audio que conoce desde hace 10 años a Hermosilla, pero el trabajo remunerado comenzó este año. Había, en todo caso, otro vínculo: el factoring de los Sauer contabilizaba en sus balances, al menos hasta septiembre, una deuda de $ 200 millones de parte del abogado, lo que, según cercanos al caso, demostraría su frágil situación económica actual, pese a su dilatada y mediática trayectoria profesional.
Por eso, el mismo martes Hermosilla llamó a Sauer para decirle que dejaría de ser su abogado y solicitarle que alzara el secreto profesional. Con el correr de las horas, la certeza de su caída se asentó: el mismo martes, el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), anunció que salía de su defensa del caso líos de platas; el miércoles, Hermosilla renunció al Tribunal de Ética de la ANFP. Ello, mientras su continuidad en otros juicios emblemáticos -como el del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán- se mantiene en suspenso hasta inicios de la próxima semana.
Pero el viernes ocurrió quizás uno de los hechos más significativos: su amigo entrañable Andrés Chadwick, con quien mantenía una comunidad de techo desde hace décadas, retiró sus cosas de la oficina que ambos compartían en Alonso de Córdova, Vitacura. Lo hizo luego de que Hermosilla le pidiera, a través de una carta, que terminaran con esa relación.
¿Por qué Hermosilla y no otro abogado generó tal repercusión? Entre abogados, políticos y empresarios no hay dos opiniones. La red de clientes que ha representado y de contactos a alto nivel que ha granjeado en su trayectoria lo catapultó a ser uno de los penalistas más influyentes de la élite. Esto, pese a no aparecer en los rankings de abogados más conocidos internacionalmente, como Chambers o The Legal 500, donde sí están sus principales competidores en los llamados “white-collar crimes” (delitos de cuello y corbata): Jorge Bofill, Julián López, Juan Domingo Acosta y Gabriel Zaliasnik, entre otros.
Exclientes y colegas de Hermosilla coinciden: llegan a él porque es “un gran abogado”, pero también porque su historia de alta exposición pública y de colaboración constante con el poder político le permite exhibirse como un “resuelve problemas”.
El hecho de atravesar puentes -empresariales, políticos o religiosos- es un factor que pesa. Hijo mayor de Nurieldín Hermosilla Rumie, quien fue uno de los principales penalistas en Chile desde los 70 a los 90, realizó sus estudios en el Instituto Nacional. A los 14 años entró a militar al Partido Comunista y en 1974, cuando entró a estudiar Derecho en la Universidad Católica, aún mantenía ideas de izquierda. En la UC, Hermosilla formó un grupo muy estrecho con Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y José Miguel Olivares, todos bajo el alero de Jaime Guzmán, quien por esos años era profesor de Derecho Constitucional. Los cinco solían juntarse después de clases y la amistad se mantiene hasta hoy.
Sus principales círculos de acción -cuenta un abogado cercano- no se explican sin la ascendencia de su padre y la amistad con Chadwick. Al estudio de los penalistas Alfredo Etcheberry, Carlos Figueroa y Nurieldín Hermosilla ingresó como procurador en 1976, mientras estudiaba en la UC. Al año siguiente se afilió al bufete de su padre -Hermosilla y Compañía-, donde se mantuvo hasta 1998, cuando comenzó a trabajar como independiente.
En los 90 tomó varios casos de alto impacto. Uno de ellos se fechó en 1992, cuando representó a la familia de Víctor Zamorano Jones, niño de nueve años que fue asesinado en una casa de Lo Curro por el delincuente Cupertino Andaur, quien terminó condenado a prisión perpetua. En 1997 defendió a Marcos Zylberberg, quien junto a José Yuraszeck y otros cinco ejecutivos claves del holding Enersis fueron cuestionados por el caso Chispas, acusados de haberse beneficiado de la venta de la compañía por un pago mayor en desmedro de otros accionistas.
De los más de 20 años en que fue parte del estudio de su padre heredó clientes y compañeros. En el primer grupo se cuenta, entre otros, a las familias Jalaff -ligada al caso Factop– y Abumohor. Como compañeros heredó, entre otros, a Samuel Donoso -quien trabajó en el bufete- y Zaliasnik, cuyo padre también era cliente de Nurieldín Hermosilla.
La estrecha amistad que mantiene con Chadwick también explica que haya tomado casos de raíz política. Años después de salir de la UC, ambos decidieron compartir una comunidad de techo, que terminó esta semana. En el cuarto piso del edificio Patio de Alonso de Córdova, en Vitacura, junto a una decena de abogados jóvenes, los dos ocupaban las dos oficinas principales. Fue en ese lugar donde el exministro se refugió tras la acusación constitucional que la izquierda visó en diciembre de 2019, y en la cual su amigo lo defendió ad honorem. Quienes han conversado con el exministro aseguran que está devastado por la filtración del audio.
Ese vínculo explica parte de la capacidad de Hermosilla de atravesar puentes. Lo hizo con claridad en 1996, cuando tomó la representación de la familia de Jaime Guzmán, asesinado en 1991. A la mamá del senador, Carmen Errázuriz -recuerdan en la familia- la convenció Chadwick. Y agregan otro dato: no les fue fácil tomar la decisión, porque en ese entonces Hermosilla venía de la izquierda, del mundo PC y, específicamente, de la Vicaría de la Solidaridad. Ahí colaboró entre 1980 y 1986, asesoró a la familia de José Manuel Parada, en el marco del caso degollados, y entabló amistad con personas como el exministro Isidro Solís, Eduardo Loyola y Gustavo Villalobos.
Por eso, su llegada al caso Guzmán -que había encabezado por cinco años el abogado Miguel Alex Schweitzer- fue un escándalo en el mundo de los DD.HH.: incluso Estela Ortiz, viuda de Parada, le envió una carta pública en la que le espetó su viraje. Y esa vez, como otras que ocurrieron después, Hermosilla defendió no estar precisamente del lado de sus ideas. “Cuando un abogado asume la defensa de una persona, no tiene por qué haber una coherencia entre sus posiciones personales y la persona a la que defiende”, dijo en 1996. Tres años después, apoyó al UDI Joaquín Lavín en su primera incursión a La Moneda.
”Lucho me empezó a desilusionar cuando comenzó a ser abogado de la familia Guzmán y a todo lo malandro de la derecha. Al final defendía a cualquiera”, dice el periodista Jorge Andrés Richards, quien formó parte de los “Super 8?, un grupo de amigos que integró Hermosilla en los 80 y que agrupaba a colaboradores de la Vicaría.
Durante la década de los 90 y la siguiente tomó varios de los casos que más impactaron al país. En enero de 2003 asumió la defensa del empresario Claudio Spiniak, en uno de los casos político-policiales más oscuros de la historia reciente. Varias veces se le preguntó por qué un reputado penalista tomaba un caso de esas características. Ahí, Hermosilla hizo alarde de su capacidad de atravesar puentes, o de su “don de la ubicuidad”, como dice un abogado que ha litigado con él. Y, de nuevo, generando ruido. Spiniak había sido acusado de pedofilia, y mientras Hermosilla era su abogado defensor -tomando así por primera vez un caso de connotación sexual-, mantenía relaciones cercanas con todas las partes involucradas: era amigo y abogado del entonces senador PPD Guido Girardi (denunciante de la presencia de jóvenes vulnerables en las supuestas fiestas de Spiniak), defensor del periodista Víctor Gutiérrez en otra causa, y muy cercano a los dirigentes UDI que peleaban la inocencia de políticos de sus filas acusados de participar en la red de pederastia. Sus vínculos múltiples fueron criticados varias veces. Él siempre rechazó que hubiera un traspaso de información entre las partes.
-Yo me echo para atrás, me hago a un lado en esto, actúo profesionalmente y con transparencia (…), no tengo prejuicios y me violenta el juicio público de que no se puede defender a alguna gente o de que se la acuse anticipadamente -dijo a Siete +7 por ese entonces.
Otra vez cruzó puentes este 2023, al tomar la defensa del jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi. Militante de Revolución Democrática -y que siendo diputado aprobó la acusación constitucional en contra de Chadwick, a quien él defendió-, acudió a la asesoría de Hermosilla debido a su amistad con el hijo mayor del abogado, el sociólogo Juan Cristóbal Hermosilla (ex RD).
Tampoco dudó en tomar causas que involucraban a personajes de farándula y que también parecieron alejarlo del mundo político-empresarial. Lo hizo en 2004, cuando asumió la representación de Iván Zamorano en la querella por injurias con publicidad que interpuso contra el periodista Italo Passalacqua, luego de que este asegurara que María Eugenia Larraín había suspendido su matrimonio con el futbolista por la existencia de videos que mostraban “actitudes sexuales poco santas”. También lo hizo en abril de 2022, al encabezar la defensa de Tonka Tomicic en el caso relojes.
En los últimos 20 años, fue punto fijo en los grandes casos penales. Luego de asumir la defensa de Spiniak en 2003 y de Zamorano en 2004, defendió al exejecutivo bancario Jorge Tocornal por la acusación de abuso sexual contra sus hijos (2006), y en 2012 representó al sacerdote John O’Reilly, de la congregación Legionarios de Cristo, acusado y declarado culpable de abuso sexual contra menores. En 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, como asesor del Ministerio del Interior, lideró el equipo jurídico para frenar los pagos de pensiones a falsos exonerados políticos de la dictadura, y representó a la cartera en el caso Luchsinger McKay. En 2015 asumió la representación de SQM en el juicio por financiamiento irregular de la política, y un año después entró a la arista estafa del caso Caval. Dos años después, defendió al exdirector del Servicio Médico Legal Patricio Bustos, acusado de violación de secreto tras la muerte de la menor Lissette Villa en un hogar del Sename. En 2021 tomó la defensa del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, formalizado por malversación de caudales públicos, lavado de dinero y falsificación de instrumento público reiterados.
”Lucho siempre ha tenido una pata en lo judicial y otra en la política. Y él vende eso, que es una asesoría con diseño estratégico político-judicial”, comenta un jurista que lo ha enfrentado. “Quiere ser un consigliere: un consejero jurídico que sin ser necesariamente la cara visible o el que suscribe los escritos, hace lo posible para que todos sepan que él está detrás”, agrega. Otro abogado plantea que Hermosilla “no es un litigante, es un estratega”, mientras otro afirma que si hay algo que lo caracteriza, es su capacidad de diagnóstico. “Siempre le gustó el poder, la influencia. Él hace sentir que conoce cosas del mundo que los otros no, porque conoce las zonas oscuras de mucha gente. Que sabe las miserias de los poderosos, porque lleva 40 años sacando a los poderosos de sus miserias”, añade.
Varios de sus pares lo definen como una persona con un carácter envolvente, que cuenta con colaboradores cercanos, pero que también ha cultivado antipatías profesionales con otros penalistas, como Jorge Bofill y Carlos Cortés. Lo describen como un tipo simpático, de gustos refinados, a quien le gusta contar historias y cultivar sus relaciones sociales. Un personaje seductor, lleno de anécdotas, y al que lo caracteriza su capacidad de “mutar”.
Ese rol de consigliere o, si se quiere, de asesor principal, lo ha ejercido en varios casos. Pero si hay dos buenos ejemplos de cómo Hermosilla suele operar son Gonzalo Vial Concha y, otra vez, Andrés Chadwick.
Al primero -hijo del controlador de Agrosuper, Gonzalo Vial Vial- lo representó en el caso Caval, cuando presentó una querella en contra de Natalia Compagnon, su socio Mauricio Valero y su exmarido Sebastián Dávalos por el delito de estafa contra su empresa Graneles del Sur. El 19 de marzo de 2019, cuando Chadwick era ministro del Interior y tras una audiencia en que Dávalos y Compagnon rechazaron ir a juicio abreviado, el hijo de la expresidenta Bachelet, con enojo, hizo un retrato de Hermosilla: “El abogado de Gonzalo Vial no es el señor López Zegers, es Luis Hermosilla. ¿Y quién es Luis Hermosilla? Es uno de los mejores amigos de Andrés Chadwick, el abogado favorito del Ministerio del Interior, ¡y además era socio en un bufete con Andrés Chadwick! Si tú me dices que eso es coincidencia, el Bombo Fica tiene una frase maravillosa para eso”.
Hermosilla ha conservado su cercanía con Vial Concha, transformándose en su consejero. Lo ayudó a renegociar sus abultadas deudas en 2021 y se incorporó luego al directorio de la matriz de sus empresas, Graneles del Sur, firma que no aclaró si sigue o seguirá en el cargo.
Su vocación de estratega la empleó sobre todo en los dos gobiernos de Piñera. En el primero ofició como asesor del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, entre octubre de 2012 y febrero de 2014, periodo en que representó a Interior en la querella del gobierno tras el asesinato del matrimonio Luchsinger McKay. El hecho de que fuera amigo de Chadwick -quien primero fue vocero y luego jefe de Interior- y además estuviera contratado por el gobierno generó duras críticas en la entonces oposición.
Cuando Piñera volvió a La Moneda en 2018, el abogado retomó la causa, lo que levantó nuevos cuestionamientos debido a su amistad con Chadwick, investido otra vez como ministro del Interior. El jefe de gabinete dijo que había consultado al entonces contralor Ramiro Mendoza y defendió la contratación. “Como es de público conocimiento, no ejerzo mi profesión de abogado y no tengo ninguna relación profesional con mi amigo Luis Hermosilla, a quien considero un muy buen penalista y que prestó un excelente servicio profesional al Estado de Chile en una causa por un crimen atroz y que aún permanece abierta”, dijo en enero de 2018.
Hermosilla fue el asesor jurídico principal del exministro. Tuvo un rol preponderante en La Araucanía, región a la que viajó varias veces, incluso para litigar en audiencias. En eso se coordinaba diariamente con la jefa de la división jurídica, Ximena Risco; el jefe de la unidad judicial, Carlos Flores, y el abogado jefe en la IX Región, Sergio Arévalo. También se trasladó a la zona a intentar contener una de las peores crisis del segundo gobierno de Piñera: el asesinato de Camilo Catrillanca a manos de Carabineros. El abogado fue -recuerdan en el equipo de Interior de esos años- el enviado especial del ministro a la zona, desde donde intentó ordenar las acciones del gobierno. Agregan que fue clave la conexión que entabló con el entonces general director de Carabineros Hermes Soto, y que realizó varias gestiones para “apretar” a los policías a fin de que dieran la versión real de los hechos.
Chadwick y Hermosilla hablaban permanentemente. Cuando ocurrió el estallido, en octubre de 2019, el abogado también asumió un rol coordinador: enfatizó en la interna que se debían recopilar todos los antecedentes e información que hubiera disponible sobre la actuación de las policías y FF.AA. y la violencia que había en las calles, a fin de tener un resguardo. Así las cosas, una vez que Chadwick salió de La Moneda, a fines de octubre, el paso evidente era que tomara su defensa ante la acusación constitucional que la entonces oposición presentó en su contra y que se aprobó en diciembre de 2019. “Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno”, dijo ante la Cámara de Diputados el 28 de noviembre de 2019, en una alusión que incomodó a La Moneda y que dejó en claro que su objetivo era cuidar a su amigo y no así a Palacio.
Hermosilla, desde entonces, ha oficiado de estratega principal de la defensa en los casos por lesa humanidad en los que se investiga el rol de Piñera, Chadwick, Gonzalo Blumel y el general director (R) de Carabineros Mario Rozas. Su intervención fue gravitante para que el expresidente tomara la defensa de Samuel Donoso, y Rozas, la de Gabriel Zaliasnik (que meses después cambió). Hasta hace unas semanas, los abogados a cargo -que incluyen a Eduardo Riquelme como defensor de Blumel- se reunían en su oficina.
En el entorno de Hermosilla saben que el camino no es fácil y afirman que la principal batalla es la reputacional. Cuentan que el abogado está muy golpeado con los audios revelados y que esta semana ha deambulado entre su casa y su oficina, donde por varios días hubo una decena de camarógrafos apostados en las afueras.
Su hermano Juan Pablo impuso la tesis de la colaboración, por lo cual el viernes se reunió con el fiscal Felipe Sepúlveda, a cargo de la investigación. Lo que quieren es que Luis Hermosilla declare lo antes posible.
Hasta ahora, su defensor ha planteado que “todo indica que hay un tercero que le paga a una persona que es abogado de otra persona para que grabe una reunión, para que ese tercero -quien tiene un interés contrario y con quien están peleados- tenga acceso a eso”. En su extensa declaración ante la Fiscalía, Leonarda Villalobos reconoció que ella grabó el audio y que su objetivo era entregárselo al exsocio de la corredora investigada, Rodrigo Topelberg. La estrategia del hermano abogado ha apuntado también en otra dirección: probablemente hubo delitos, dijo Juan Pablo Hermosilla, pero no los cometió Luis, sino los asesores tributarios que trabajaban con los Sauer antes de su llegada. Y esa era Villalobos.
Lo que queda pendiente no es sólo si Hermosilla zafará de ser culpable. También, si logrará cruzar nuevamente puentes y volver a erigirse como uno de los penalistas favoritos de la élite.
Fuente: La Tercera