Mientras las esquirlas del caso Hermosilla aún no terminan de diseminarse en el mundo del poder, otro escándalo en Sanhattan comienza a emerger con ingredientes muy parecidos: abogados top, sobornos y clientes muy poderosos.
La punta de este iceberg empezó a asomar el pasado el 22 de noviembre, cuando personal de la PDI, por instrucciones del fiscal Jaime Retamal –de la Fiscalía Centro Norte–, allanó el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, luego de que una exfuncionaria de ese juzgado denunciara la comisión de sobornos y cohecho en dicha entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Los detectives incautaron documentación, correos electrónicos y teléfonos, relativos al juez titular del tribunal, el abogado Óscar Meriño Maturana, así como de otros tres funcionarios. Al día siguiente, el 23, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Meriño otorgó poder y patrocinio a los abogados defensores Mario Vargas Cociña y Mauricio Garrido Sáez, en una causa que en el sistema web del Poder Judicial aparece caratulada como “Prevaricación judicial y administrativa”.
De acuerdo a lo indagado por El Mostrador entre distintas fuentes, el fiscal Retamal maneja un listado de al menos ocho estudios jurídicos que se especializan en temas tributarios o que poseen departamentos dedicados a esa materia y que son investigados debido a la denuncia, según la cual el juez Meriño pedía o presionaba a los abogados a contratar determinados informes con peritos contables de su exclusiva confianza, varios de ellos asociados al Centro de Estudios Fiscales (Cenfi) SpA, empresa de la cual el juez es socio, junto con el contador auditor Ramón Paillán.
Según fuentes conocedoras del caso, los nombres de los estudios que aparecen en la investigación fiscal son: Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU); Carey; Baraona; Fuenzalida & Del Valle; Fischer y Cía.; Larraín y Asociados; MBC abogados; y Bofill, Escobar, Silva Abogados.
De acuerdo con los antecedentes, el juez sugería usar los servicios de estos peritos contables que cobraban alrededor de $14 millones por ello. Si dicha “sugerencia” no era atendida, en varios casos se dictaba una “medida para mejor resolver”, en la cual se instruía la contratación de los peritos de confianza de Meriño. Uno de los temas que el fiscal debe despejar es si los abogados que forman parte del listado que indaga tenían conciencia del cohecho o no.
Pese a ello, un abogado de la plaza –que pide reserva de su identidad– señala que “era secreto a voces… es la manera de pasarles plata encubierta a los jueces. Es una de las formas de cómo se corrompe el sistema, pero no es la única”.
Consultado al respecto el abogado tributarista Ricardo Escobar, socio de Bofill, Escobar, Silva Abogados, confirmó que él fue citado en calidad de testigo ante el fiscal Retamal, debido a que en el estudio en que se desempeña existe el caso de un cliente –indicó– en el cual se contrató a uno de los peritos acusados de formar parte del esquema de cohecho. Pese a ello, el exdirector del SII negó tener conocimiento de cualquier maniobra ilícita al respecto e informó que aportó una serie de antecedentes destinados al esclarecimiento del hecho.
Meriño, que poseía un alto perfil público, que incluía la realización de un programa por YouTube llamado “Tax show”, que iba ya en su tercera temporada, era además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la cual –según informó Ciper– lo suspendieron, luego de que se conocieran los antecedentes al respecto.
Un abogado tributarista, que no está implicado en el caso pero conoce al juez Meriño, asegura que este en los últimos años había adquirido un alto perfil, desarrollando gustos caros y se le veía a menudo en El Golf 50 –el club privado que está en el corazón del poder en Sanhattan– con importantes abogados y empresarios.
Según averiguó El Mostrador, el fiscal Jaime Retamal está dedicado en forma casi exclusiva a esta causa y durante la semana, además de citar a declarar a varios abogados, ya interrogó también a los peritos que fueron puestos en duda, así como al señalado juez, quien estaría cooperando con la investigación, algo que causa mucho nerviosismo en varios de los estudios jurídicos más exclusivos de Chile.
Fuente: El Mostrador