En el texto final Hacienda explicita algo que no estaba en los borradores anteriores y es que se focalizará “los aumentos de impuestos a las rentas personales provenientes del capital, así como en los contribuyentes de mayores ingresos”. En enero se enviarían cuatro proyectos y en marzo otros tres.
Este documento está siendo distribuido entre los presidentes de los partidos políticos, a los liderazgos empresariales, de trabajadores que participaron en estas instancias previas, a los integrantes de la comisión presidida por Manuel Marfán, pero sobre todo lo que nos interesa que lo conozcan los partidos políticos, que lo evalúen e idealmente puedan concurrir a suscribir este pacto”. Con esas palabras abrió la conferencia de prensa realizada este miércoles por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde se entregó el documento final del pacto fiscal.
Acompañado por la ministra de Interior Carolina Tohá, de Trabajo Jeannette Jara, de Economía Nicolás Grau, y de la Mujer Antonio Orellana, el titular de Hacienda detalló que “los temas del pacto están distribuidos en seis áreas. Primero las áreas prioritarias de recursos orientados a la ciudadanía. Hay un conjunto de 36 medidas de impulso al crecimiento, donde destaca la agilización de permisos a inversiones, la reducción de la informalidad, la diversificación productiva, y desarrollo de la infraestructura”.
“En los temas de reforma del Estado, hay propuestas que tienen que ver con mayor eficiencia, transparencia y calidad de servicio, y hay 12 propuesta distribuidas en esos tres temas” dijo el titular de la cartera sobre el pacto fiscal.
Respecto del área tributaria, en tanto, detalló que hay un conjunto de 30 propuestas “sobre mejoramiento y aumento del cumplimiento tributario, algunas de ellas tienen que ver con simplificar los mecanismos de comunicación entre los entes fiscalizadores y contribuyentes, educación y apoyo a contribuyentes, mejora y fortalecimiento de la fiscalización, y el cierre de beneficios a través de los cuales se utilizan para evadir impuestos”.
Marcel, eso sí, acotó que en el ámbito tributario “hay una diferencia importante respecto de los otros que acabo de mencionar, porque en lugar de recoger consensos de la mesa, más bien son compromisos que unilateralmente asume el gobierno en términos de lineamientos, objetivos y prioridades”.
En este punto, el documento final menciona que se concentrarán las modificaciones de gravámenes a los impuestos a la renta, tanto corporativa y personal. “El gobierno no insistirá, en consecuencia, en las propuestas sobre impuesto al patrimonio y tasa sobre el stock de utilidades retenidas, sin embargo, se podrán incluir otras medidas que aporten a la progresividad y mejor distribución del ingreso”, señala el texto.
Asimismo, se establece que se reducirá la tasa general del impuesto de primera categoría, acortando la brecha con la mediana de los países de la OCDE, asegurando con ello la competitividad de las empresas y su capacidad para generar empleos. Así, se especifica que “la tasa marginal máxima combinada de tributación al capital también se reducirá respecto de la actual. Esta rebaja será compensada con tributación de rentas personales sobre ingresos del capital y de las rentas más altas”.
En ese sentido, se explicita algo que no estaba en los borradores anteriores y es que se focalizará “los aumentos de impuestos a las rentas personales provenientes del capital, así como en los contribuyentes de mayores ingresos”.
¿A qué se refiere con eso? Los expertos tributarios afirman que se aplicará una fórmula similar a la que contenía el proyecto original y que fue rechazado en la sala de la Cámara de Diputados.
Pero ese artículo fue aprobado en la Comisión de Hacienda en ese entonces. Según lo que se señaló en ese momento ese impuesto está en el marco del sistema dual. Este impuesto lo que busca es gravar a las rentas del capital de los contribuyentes que aplica sobre los impuestos finales, propietarios de empresas por los retiros, remesas o distribuciones que reciban. Por ello, según los expertos ahora se buscará replicar esa fórmula estableciendo el sistema dual. En ese proyecto se aplicaba una tasa de 22%.
Ignacio Gepp, socio de Puente Sur afirma que “lo que se quiere hacer es insistir en algunos aspectos de la reforma pasada como la desintegración donde tributen las rentas de capital más que las rentas del trabajo, esto es algo que el gobierno quisiera reponer ahora. Asimismo, dice que “se subirán los tramos más altos del global complementario”.
Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, añade que “parece razonable aplicar un mayor impuesto a las rentas de capital más que las del trabajo. Es de una alta complejidad para aplicar una tasa distinta a los ingresos que se obtengan por la venta de acciones, dividendos, arriendos entre otros”.
El gobierno también buscará eliminar exenciones tributarias del impuesto a la renta, de acuerdo con lo propuesto por la Comisión sobre la materia, que convocó el gobierno anterior.
Con ello, la meta que se busca recaudar son los 0,6% del PIB. El resto para lograr los 2,7% del PIB que se tiene como meta es a través de mayor crecimiento, modernización del Estado y el proyecto de cumplimiento tributario.
Marcel sostuvo que “el sexto pilar corresponde a mecanismos de monitoreo y evaluación de este pacto. Lo que estamos haciendo es generar un marco mediante el cual podamos ir evaluando estas reformas en un plazo de 10 años. Queremos dar más predictibilidad a este conjunto de reformas a futuro.
Respecto de los plazos, el titular de Hacienda adelantó que “el gobierno está preparado para enviar cuatro proyectos de ley a comienzos de enero de 2024: dos relacionados con la racionalización de permisos para inversiones, un proyecto sobre cumplimiento tributario, y un proyecto sobre un marco permanente de regulación para la colaboración entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado”.
“Y en marzo vamos a estar en condiciones de enviar tres iniciativas adicionales, la propuesta de reforma de impuesto a la renta, el proyecto que crea la agencia de calidad de políticas públicas, y un proyecto de impulso a la inversión en infraestructura”, agregó el ministro.
Respecto de la posibilidad de llegar a acuerdos, Marcel sostuvo que “es un conjunto sustantivo ( de iniciativas legales) para la cual la existencia de un acuerdo político nos ayudaría a avanzar más rápido, por supuesto para muchos, viendo el documento, dirán para qué se quiere un pacto, mejor envíen los proyectos al Congreso. Pero a través de esos proyectos, por ejemplo, estamos buscando reducir los tiempos de tramitación de las inversiones, sería bien contradictorio que nos demoráramos 10 años en aprobar esa legislación”.
“La estrategia en general es tratar de reducir la mayor cantidad de propuestas que conciten el apoyo de distintos sectores, en el caso tributario es más difícil por eso le dimos ese carácter diferenciado. No le pedimos a los miembros de la mesa que concordaran una reforma al impuesto a la renta, y además sabemos que tenemos algo más de tiempo para trabajar en esa propuesta. Lo que hicimos fue adelantar criterios, principios y objetivos que nos permitan ir abordando esa discusión tributaria”, agrega Marcel, quien subrayó que “compromete acá a crear una instancia de trabajo con los partidos políticos que estuvieron representados para quienes quieran concurrir y hacer un trabajo prelegislativo con los parlamentarios”.
Según el documento del pacto, las propuestas involucran recursos por US$8.000 millones anuales en régimen, equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), destinados a un conjunto de necesidades ciudadanas cuya resolución financiera impide hacerlo en un proceso presupuestario regular en plazos razonables.
En el detalle, del total un 1,2% del PIB irá a financiar el aumento de la PGU a $250.000 y ampliará su cobertura a 166 mil personas al año 2030; y la otra corresponderá al costo fiscal del aumento en 6% de la cotización con cargo al empleador que deberá pagar el Estado.
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En tanto, otro 0,9% se destinará a salud con foco en tres prioridades: reducción de los tiempos de espera hospitalarios, fortalecimiento de la atención primaria de salud y robustecimiento de las atenciones de salud mental. También se contempla destinar 0,3% para prevención, seguridad pública y crimen organizado, con énfasis en fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria y Estado preventivo.
Finalmente, el 0,3% restante movilizará recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto de Sala Cuna para Chile.
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, informó que las reformas al SEIA y de permisos sectoriales ingresarán a tramitación en enero próximo.
“La reforma a permisos sectoriales, que voy a liderar, busca abordar 380 permisos que son importantes para la inversión. Muchos de estos permisos no tienen tiempos definidos. No existe una institución que vele por que se cumplan estos tiempos y los silencios administrativos no están cumpliendo su rol. Nos va a permitir que 92 de estos 380 permisos sean declaraciones juradas. Eso va a reducir los tiempos. estas reformas van a ingresar (SEIA y permisos sectoriales) los primeros días de enero. esperamos que tengan una tramitación eficiente”, sostuvo Grau.
Fuente: La Tercera