Bernardo Lara es un hombre de izquierda. Así lo aseguran quienes lo conocen desde inicios de los 70, cuando era un estudiante de bajo perfil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cercano en ese entonces al Mapu, con los años se acercó a figuras relevantes del Partido Socialista, aunque nadie hoy lo cuenta como un militante de la tienda presidida por la senadora Isabel Allende.
Al interior del Servicio de Impuestos Internos tiene fama de duro. Su anterior paso por el cargo estuvo marcado por casos que cimentaron esa percepción –como la extradición que logró de Feliciano Palma desde Estados Unidos en el fraude de Lozapenco–, aunque también protagonizó otras actuaciones que ponen una interrogante sobre esa imagen creada.
Fue durante 12 años el subdirector jurídico titular del SII, 1994-2006, y otros nueve subdirector jurídico subrogante, 1985-1994. Conoce de memoria la historia del SII y es, sin duda, un funcionario de carrera. Su actuación en diversos casos históricos da luces de cómo podría actuar frente a los casos de platas políticas que remecen a la elite.
Quienes han seguido su trayectoria mencionan lo sucedido con Endesa, empresa que a inicios de la década pasada pagó mediante artilugios millonarios bonos a sus ejecutivos. Había varios millones de dólares en juego, sin embargo, en esa ocasión Lara no presentó ninguna querella y aceptó una salida administrativa para restituir los dineros al fisco. Aunque sus cercanos comentan que tenía sobre la mesa una denuncia contra la empresa, la que habría utilizado para forzar una salida administrativa.
Un senador oficialista da cuenta de aquello y comenta que ese episodio es un buen ejemplo del actuar de Bernardo Lara, quien procura que se paguen los impuestos correspondientes, aunque ello implique no llevar los casos a la Justicia. En ese sentido, la misma fuente asegura que lo más probable es que el hombre que vino a reemplazar al ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, mantenga la llamada “doctrina Escobar”, donde lo relevante es la recaudación tributaria, utilizando para ello la “salida administrativa”.
Esa forma de operar se torna relevante cuando el Servicio es protagonista de los casos Penta y SQM, cuyo futuro judicial depende en buena medida de las acciones judiciales que lleve adelante dicha entidad. En las últimas semanas el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, ha llamado públicamente al SII a presentar querellas en “cuatro o cinco casos” relacionados con las platas políticas en que hasta la fecha el ente recaudador no se ha pronunciado.
Hace meses que está pendiente una querella sontra SQM Salar, la filial de la minera controlada de forma indirecta por Julio Ponce Lerou que aportó dineros irregulares a diversas campañas políticas. Tanto Cristián Vargas como el ex director del organismo, Michel Jorratt, han mencionado ante la Fiscalía que sufrieron presiones políticas para frenar su presentación.
SQM Salar otorgó millonarios aportes a la empresa Asesorías y Negocios, del recaudador de la Concertación, Giorgio Martelli. Dineros que sirvieron para financiar parte de la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet. De hecho, Salar ya rectificó US$1,8 millones ante el SII, lo que implica un reconocimiento de la irregularidad. Pero la querella sigue brillando por su ausencia.
La presión pública ejercida por la Fiscalía se debe a que la investigación que llevan adelante los persecutores se ha visto entorpecida por la pasividad del SII. La primera formalización del ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, fue anulada por una jueza del Octavo Juzgado de Garantía, que determinó que solo se puede formalizar a una persona por delitos tributarios previa acción judicial del SII, la que en ese minuto no existía.
Al interior del organismo aseguran que Lara no es político sino un funcionario de carrera. Y además del caso Lozapenco, destacan también las acciones que llevó adelante para perseguir pagos de la ex Colonia Dignidad, de la familia Pinochet en el Caso Riggs, y de la empresa Andina, lo que marcó jurisprudencia por lograr una condena en la Justicia contra su filial Vital, que utilizaba sociedades fantasmas para reducir su carga tributaria.
Aunque todos coinciden en que Lara se ubica dentro de los “pro fisco” dentro del Servicio, las preguntas surgen cuando se consulta por el actuar que tendrá de cara a los casos Penta y SQM. Un alto dirigente del PS desliza que “seguirá la línea histórica”, lo que significa que se apegará a la tradición de resolver administrativamente todo lo que sea posible, asegurándose con ello de recaudar lo que corresponde. Es decir, evitar los Tribunales en la mayoría de los casos. “Seguirá buena parte de lo que dicta la llamada doctrina Escobar”, agrega la misma fuente, haciendo referencia a la tesis impulsada por uno de los enemigos que Lara se forjó durante su anterior paso por el SII, Ricardo Escobar: salida administrativa en los casos que corresponda.
Y aunque varias fuentes consultadas lo alaban, hay otras que derechamente lo cuestionan. De hecho, varios mencionan lo ocurrido con los tribunales tributarios que impulsó cuando Juan Toro estaba a la cabeza del servicio recaudador. En esa ocasión se delegó la función resolutiva sobre reclamaciones de contribuyentes que tenían los directores regionales sobre abogados ligados al SII. Fue un fracaso, porque el Código Tributario impedía delegar ese poder. La consecuencia, asegura un ex directivo del organismo, fue que se anularan miles de juicios, perjudicando al fisco en esa pasada. Las actuales autoridades del Servicio matizan esa versión y dicen que no se puede achacar a Lara toda la responsabilidad, ya que fue una decisión que contó con el respaldo de los que entonces eran sus jefes.
Quienes lo defienden sostienen que es alguien que solo se preocupa de que el fisco recaude más. Entre los funcionarios se comenta que cuando un abogado salía del SII al sector privado “no podía volver a ingresar” a las oficinas del ente público. Agregan que la derecha le temía, al igual que los grandes empresarios. Por ello, aseguran las mismas fuentes, no fue casual que Ricardo Escobar lo sacara de su cargo cuando arribó a la dirección del Servicio en 2006.
Enemigo de Escobar
Bernardo Lara fue un funcionario que brilló durante las administraciones de Javier Etcheberry y Juan Toro, pero que cayó en desgracia con la llegada del sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos, Ricardo Escobar, a la dirección del SII en 2006. Quienes conocen esa historia mencionan que en esa decisión pesó la cercanía de Escobar a los empresarios, y la lejanía que de los mismos ostentaba Lara.
“Dentro del SII no hay colores políticos, pero sí dos líneas, pro fisco y antifisco”, asegura un senador de la Nueva Mayoría, quien posiciona a Escobar entre los primeros. La prensa que escribió sobre este episodio dio cuenta de la versión oficial en ese minuto. Escobar señaló entonces a los medios que su salida correspondía a los desafíos que entonces enfrentaba el organismo y que se requería de “nueva gente” para enfrentarlos.
La edición del Diario Financiero del 15 de septiembre de 2006 publicó que “cercanos a Escobar afirman que Lara, aun teniendo una llegada “envidiable” con los jueces y una “buena muñeca”, se había quedado atrás en materia jurídica. De paso, comentan que nadie puede permanecer durante 29 años como “hombre de confianza”, y menos cuando se trata de directores distintos”.
La salida de Lara sorprendió a funcionarios y fiscalizadores. Aunque estaba dentro de las posibilidades, según indican a El Mostrador abogados que en ese entonces formaban parte del ente recaudador. De hecho, Lara contó con el apoyo del entonces senador DC Adolfo Zaldívar para acceder a la dirección del SII, pero su nombre no generó consenso.
Un abogado que conoce al dedillo la historia del SII aprueba el regreso de Lara a la institución. “Fiscal histórico de (Javier) Etcheberry, es un tipo con mentalidad fiscalizadora y legalista. Él transformó el Servicio, perfeccionó todos los mecanismos y los sistemas de fiscalización y control. Ahí trabajó con Enrique Fanta, que era subdirector de fiscalización”, asevera.
Javier Etcheberry, quien fuera jefe de Lara entre 1990 y 2002, afirma que es un “histórico” del SII, era jefe de defensa judicial cuando él llegó como director en 1990 y, al poco tiempo, ascendió a la subdirección de normativa. “Es un abogado que conoce muy bien las leyes, litigaba con los contribuyentes y le iba muy bien en los tribunales. Tenía la camiseta puesta del interés fiscal”. Su función –explicó– equivale a la de un fiscal que le entrega antecedentes y consejos al director del SII para presentar una querella.
No puede responder si es una señal concreta respecto del camino a seguir por el SII: “Es extremadamente difícil la situación del SII y yo le deseo el mayor de los éxitos a (Fernando) Barraza y a Lara”.
Las dificultades que observa son el deterioro en la administración del Servicio y el consiguiente aumento de la evasión en los últimos ocho años; “el lío mayúsculo por los criterios del SII para decidir contra quiénes se querella por el tema tributario-político”, y la compleja reforma tributaria que hay que implementar.
Interrogantes
Aunque todos coinciden en que Lara se ubica dentro de los “pro fisco” dentro del Servicio, las preguntas surgen cuando se consulta por el actuar que tendrá de cara a los casos Penta y SQM. Un alto dirigente del PS desliza que “seguirá la línea histórica”, lo que significa que se apegará a la tradición de resolver administrativamente todo lo que sea posible, asegurándose con ello de recaudar lo que corresponde.
Es decir, evitar los Tribunales en la mayoría de los casos. “Seguirá buena parte de lo que dicta la llamada doctrina Escobar”, agrega la misma fuente, haciendo referencia a la tesis impulsada por uno de los enemigos que Lara se forjó durante su anterior paso por el SII, Ricardo Escobar: salida administrativa en los casos que corresponda.
Hay señales que apuntan en ese sentido. Cuando el ex subdirector jurídico, Cristián Vargas, se distanció de Michel Jorratt para pasar a la ofensiva judicial en Penta y SQM, este último maniobró para dejarlo fuera de las decisiones. Para ello trabajó con un grupo de asesores externos que lo ayudaron a tomar decisiones. Entre esos asesores estaba Bernardo Lara. En esa misma época, el SII comenzó a frenar querellas y denuncias.
En marzo el SII lanzó un llamado a las grandes empresas para que rectificaran los pagos irregulares concretados entre 2009 y 2014. Hasta ahora es una incógnita cuántas firmas respondieron el llamado, pero se ha filtrado que lo hicieron varias que aparecen involucradas en los casos de platas políticas: Inversiones Caburga y Newport Ltda., del grupo Said; Corpesca y Copec, de la familia Angelini; Ripley; CorpBanca, de Álvaro Saieh; y otras como Aguas Andinas, Alsacia, Enersis y Endesa. Según El Mercurio, fueron más de 200.
En junio la circular n.º 10 del SII sentó precedente al anunciar que la decisión de presentar querellas se haría de acuerdo a un comité de evaluación compuesto por varios subdirectores del organismo. Según fuentes del SII, ello redundó en que no se presente ninguna acción judicial contra las empresas que rectificaron sus pagos, frenando así el caso que tiene a la elite política contra la pared.
Sus críticos al interior del SII señalan que Bernardo Lara podría devolver a la institución a su “línea histórica”, acabando con el intento de Jorratt y Vargas de establecer “igualdad frente a la ley”, poniendo el acento en la persecución a los grandes contribuyentes, los que –según estas fuentes– son los que más evadían los pagos de impuestos en los últimos años.
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