En medio de la tramitación de un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la paralización del polémico dictamen que emitió Dorothy Pérez respecto de las reclamaciones que podían hacer al organismo funcionarios públicos alegando “confianza legítima”.
Y es que en medio de dicha acción judicial, la mencionada ONG pidió decretar Orden de No Innovar contra el dictamen, “en atención que el criterio aplicado afecta gravemente los derechos a recurrir de mis representados ante la Contraloría General de la República”.
De esta forma, los ministros de la citada instancia resolvieron que, en el intertanto que revisan el fondo del recurso, la entidad comandada por Pérez deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.
“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, se lee en el fallo.
Cabe hacer presente que, luego de que se declarara la admisibilidad del recurso por parte de la Primera Sala del tribunal de alzada, los magistrados solicitaron informe a la entidad, el cual deberá ser evacuado “en el término de cinco días, remitiendo a esta Iltma. Corte, conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el N° 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales”.
Respecto de los efectos de la suspensión del dictamen, Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, explicó: “Se debe ser cautos. Hay que esperar la reacción del Consejo de Defensa del Estado, y si pide alzamiento o si la Contralora mantiene o modifica doctrina Bermúdez. Pero claramente el diseño de los nuevos alcaldes y el poblamiento de los municipios podría vivir un inconveniente que es volver a la regla de 2 años de confianza legítima, en los términos de contrata. En términos postmodernos “la situación está líquida””.
Actuar “ilegal y arbitrario”
Como se lee en el recurso de la Fundación Fuerza Ciudadana, el nuevo criterio de la recién asumida contralora sería “ilegal y arbitrario”, “por privar, perturbar o amenazar los derechos constitucionales, entre los que se reclaman que son el derecho a la integridad psíquica, el de igualdad ante la Ley y el derecho de Propiedad, garantizados en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República”.
“El criterio aplicado por el órgano recurrido podría significar que es un órgano superfluo o sustituible por los tribunales de justicia, lo que no debe -por ley- ser así, y es por ello que el legislador se ocupó pormenorizadamente de atribuirle facultades fiscalizadoras para que como tal pueda ejecutarlas con la eficiencia y celeridad que le debe ser propio a cualquier órgano público que forma parte de la Administración del Estado, a fin de que evitar la permanencia de actos ilegales por parte de los demás órganos que son fiscalizados por la Contraloría General de la República”, se lee en el documento.
Agrega, en el mismo sentido, que “en virtud de dicha excepción (la aludida en el dictamen) el ente contralor podría obviar cada una de las atribuciones que le son propias, por la sola circunstancia que situaciones que le corresponde conocer, también son susceptibles de alguna acción jurisdiccional”.
Fuente: La Tercera