La Confederación interpuso la queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en conjunto con organizaciones sociales, como el Comité para la Justicia de Manuel Gutiérrez y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, además de diputados de la República, por violación a la Libertad Sindical.
En la queja señalaron que el Estado “a través de sus diversos órganos, ha vulnerado gravemente tal derecho humano, por intermedio de sistemáticas prácticas antisindicales y vulneración de Derechos Fundamentales de miles de trabajadores en el proceso de renovación, ampliación y mejoramiento del Acuerdo Marco firmado en 2007 y ratificado bi-anulamente en 2009, 2011 y 2013”.
El presidente de la CTC, Manuel Ahumada, señaló que con la queja buscan “denunciar el proceso de negociación que ya se extiende por más de 6 meses con Codelco, pero principalmente cómo se han utilizado diferentes aparatos del estado en contra de un movimiento sindical, de una organización sindical. Hemos visto este 2015 como un año antisindical a ultranza desde este gobierno que ha utilizado a los aparatos del Estado en contra del movimiento sindical”.
Como antecedentes de la presentación de la queja, los denunciantes argumentaron el uso excesivo e irracional de la fuerza pública y las instituciones de orden, que según se presentó en el resumen ejecutivo de la queja, derivó en el “asesinato del trabajador Nelson Quichillao López en El Salvador”.
Denuncian además, irregularidades en los operativos de Fuerzas Especiales y el “irregular actuar de la Fiscalía de Diego de Almagro” en contra de los trabajadores durante el proceso de investigación de la muerte de Nelson.
La queja también se sustenta en el incumplimiento de los acuerdos comprometidos por parte de Codelco y sus empresas contratistas, con la utilización de diversas prácticas antisindicales como: procesos de censura, descuentos ilegales, detención ilegal de un dirigente sindical de Calama, bloqueo ilegal de pases de dirigentes y otras.
En definitiva se le pide a la OIT que “se ordene al Estado de Chile a cesar con sus acciones y omisiones violatorias de la libertad sindical, y que adecue su legislación interna de tal forma que garantice efectivamente el ejercicio de la misma, la negociación colectiva y la huelga.”
Aunque, Ahumada, señaló que la queja no es un fin en sí mismo, sino que se busca denunciar estos hechos, “es más que nada una constatación de cómo se hacen las cosas en Chile. Sabemos que los temas de fondo los tenemos que ir resolviendo con la capacidad de articulación y movilización, porque no nos dejan otro camino para poder reclamar por nuestros derechos humanos”.
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