Los conflictos sindicales del Colegio Cumbres, el buque insignia de los Legionarios de Cristo

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Lo que apuntaba a ser una negociación colectiva amistosa, terminó mal. El colegio sumó una lista de adherentes a última hora, algo inédito en la historia sindical chilena, y bloqueó la posibilidad de votar una huelga. Hubo incumplimientos que terminaron en la Dirección del Trabajo y hace tres semanas comenzaron los despidos. Ya van ocho socios del sindicato notificados por necesidades de la empresa a raíz de una reestructuración. El primer colegio fundado por la Legión en Chile perdió mil alumnos en la última década.

Mientras en Valparaíso se discute la reforma laboral, en los faldeos de San Carlos de Apoquindo el sindicato del Colegio Cumbres, con poco más de un año de vida, atraviesa una realidad que dista de ser cordial con su empleador.

Cuando  debutó en septiembre de 2014 con 100 socios de un total de 344 funcionarios, todo parecía bien aspectado. “Buscamos emparejar la cancha con los colegios de la competencia, que se escuche al profesor y se respete su desarrollo profesional y humano”, explicaba a El Mostrador Luis Fuentealba, presidente del recién creado sindicato.

Pensaba que podía ser “una oportunidad de demostrar a la sociedad que el colegio puede ser una de las mejores empresas para trabajar en Chile y si estamos formando a los futuros líderes debemos tener la capacidad de gestionar nuestros propios liderazgos”. Mientras, la directora del Cumbres Femenino, Beatriz Moreno, aseguraba que “(el sindicato) es parte de los tiempos; en la medida que los profesores se organicen y comulguen con el proyecto educativo y lo quieran sacar adelante, es bueno”.

Existía optimismo frente a la negociación colectiva. El petitorio incluía un aumento real de 8% para profesores y 10% para administrativos; bonificaciones por jefatura de curso, antigüedad y grado académico; indemnización por años de servicios en caso de retiro voluntario y un premio de $50 mil a todos los trabajadores de haber mejoras en  los resultados del SIMCE y la PSU respecto del año anterior, entre otros puntos.

“Negociamos con una pistola sobre la mesa. El colegio inscribió una lista de 120 empleados fieles el último día de la negociación colectiva que se adhirió a nuestra negociación, con el fin de bloquear cualquier acción de fuerza como una huelga. La ley dice que en una negociación puedes recibir adherentes que no son socios del sindicato y existe la obligación de recibirlos para no discriminar”, explica Fuentealba, profesor de educación física con 21 años en el Cumbres. “Por el solo hecho de estar inscritos, si se hubiese llamado a votar una huelga, el sindicato, con 100 socios, habría perdido frente a los 120 adherentes y habríamos hecho el ridículo”.

Agrega que “no existen registros en la historia sindical chilena de una maniobra de este tipo, porque la adhesión es un acto individual, no colectivo. Apelamos a la Dirección del Trabajo, la que ratificó lo obrado por el colegio”.

Según Fuentealba, el abogado del sindicato, Diego López, le explicó que la Dirección del Trabajo lo dejó pasar para “no entrar en problemas, ya que era una negociación poco significativa, éramos un sindicato nuevo, con 100 socios, pero recurrimos a los Tribunales del Trabajo con una demanda que planteaba que los 120 adherentes no tenían derecho a participar en la negociación colectiva, la que fue acogida un día antes de la última oferta de la empresa. Nos vimos obligados a negociar con el colegio, dijimos ‘bajamos la denuncia y nos acortan el contrato colectivo de cuatro a tres años y nos dan un aguinaldo de Navidad inmediato de $50 mil’ y ellos aceptaron».

Del petitorio original el único beneficio recibido fue el pago de indemnización (con tope legal de 11 años) a los profesores en caso de retiro voluntario, pero solo para aquellos en edad de jubilar. El resto del contrato colectivo planteado por el colegio incluyó un bono de $30 mil mensuales para los docentes con magíster y de $40 mil para los que cuentan con doctorado, un bono de nacimiento y otro de fallecimiento de un familiar directo, y el pago del uniforme para las profesoras de preescolar.

Conocido como uno los colegios favoritos de la elite, parte de la cúpula histórica de la UDI –Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Cristián Larroulet y Marcela Cubillos– matriculó allí a sus hijos. Y un sinnúmero de empresarios apostó por la formación legionaria: Juan José Cueto, socio de Lan; Jorge Andrés Saieh, presidente de CorpBanca y Copesa; Gabriel Ruiz-Tagle, ex dueño de Pisa y ex subsecretario de Deportes involucrado en el Cartel del Confort; Arturo Mackenna, ex gerente general y renunciado director de CMPC tras el requerimiento por colusión de la Fiscalía Nacional Económica; Juan Francisco Lecaros Menéndez, socio de las pesqueras Coloso y San José; Pablo Echeverría, socio y presidente de Moneda Asset Management; Gonzalo Martino, accionista de Copeval; Luis José Garreaud y Luis Hernán Cubillos, dueños de Egon Zehnder; Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo y ex presidente de Azul Azul; Gonzalo de la Carrera, presidente de Consalud; Fernando Barros, socio del estudio de abogados Barros & Errázuriz, director de Socovesa y la administradora de fondos LarrainVial. Hasta ahora, su oficina ha asesorado al Cumbres, a través del abogado Juan Cristóbal Iturrate, experto en derecho laboral.

Clientes frecuentes de la Dirección del Trabajo

En adelante, las cosas no mejorarían. Primero fue el descuento de la cuota sindical de los adherentes que, en lugar de ser los $8 mil acordados por el sindicato, fueron $3.750. Cuando en enero pasado Fuentealba pidió que se corrigiera el cobro, la gerenta general del Cumbres, Isabel Gatica, se negó. “Y en marzo recurrimos a la Dirección del Trabajo con una denuncia por vulneración de derechos fundamentales que fue corroborada por la autoridad”. Ante una nueva negativa, el caso llegó al Segundo Juzgado de Letras de Santiago y la magistrada ordenó que el colegio cumpliera con la ley. Para evitar que fuera sancionado, el establecimiento llegó a un avenimiento, pagó $5 millones por las cuotas adeudadas y la nueva directora del Cumbres Femenino, Vismar Visconti, laica consagrada de nacionalidad venezolana, se comprometió a no incurrir en nuevas faltas, asegurando que todo se arreglaría como “gente decente” y declarando públicamente que el sindicato estaba bien orientado y no quería dañar a la institución.

Sin embargo, los deseos quedaron en palabras, porque después surgió un nuevo problema, esta vez con el comité bipartito, que forman ambas partes para decidir en qué capacitar a los trabajadores con la franquicia del Sence. “La gerenta general, Isabel Gatica, presentó en la Dirección del Trabajo un acta de constitución inexistente, por lo que el colegio fue multado”.

La gerenta de recursos humanos, Florencia Agüero, con más de 20 años en el Cumbres, renunció. Llegó un nuevo director al Cumbres Masculino, el sacerdote legionario Francisco Javier Romano, quien reemplazó a Carlos María de Alvear, “destinado sorpresiva e intempestivamente a Centroamérica” –apunta Fuentealba– y reconocido por su carisma y cercanía con profesores, alumnos y apoderados.

Hubo reuniones para recomponer las relaciones con la autoridad entrante, pero otra vez se produjeron diferencias y una nueva denuncia a la Dirección del Trabajo. Un grupo de 50 empleados que recibe los beneficios del contrato colectivo no paga la cuota sindical. Hace dos semanas, el colegio fue fiscalizado y está pendiente la resolución.

Despido de sindicalizados “busca crear temor”

Con el argumento de enfrentar una reestructuración, a fines de octubre el colegio solicitó a algunos profesores reducir su carga horaria, con la consiguiente disminución en sus sueldos. “Hay quienes por miedo a perder su trabajo aceptaron, reduciendo su remuneración entre un 15% y 20%. Y a los que la rechazaron los amenazaron con frases como ‘usted sabe a lo que se expone, si se resiste no dimensiona el daño que le produce al colegio’. Desde hace tres semanas esas personas amenazadas comenzaron a ser despedidas: son diez hasta el momento, de las cuales ocho pertenecen al sindicato”, explica Fuentealba, quien califica esta acción como una “práctica antisindical”. “Al despedir a profesores y una secretaria sindicalizados, lo que pretende el colegio es desincentivar la afiliación y atemorizar a los que ya pertenecen al sindicato”, plantea.

Antes de la notificación de los despidos, que se harán efectivos el 29 de febrero porque el estatuto docente obliga a informar con 60 días de antelación, el sindicato recurrió a la Dirección del Trabajo con 14 afiliados que denunciaron las amenazas sufridas después de rechazar la rebaja en su cargas horarias.

El jueves pasado, volvieron a ratificar la denuncia en la oficina de derechos fundamentales de la Dirección Regional Metropolitana y se les ofreció una mediación con el colegio como salida alternativa. Opción que barajaron hasta llegar a San Carlos de Apoquindo y enterarse del despido del octavo sindicalizado: Alejandro Palma Mancilla, prefecto de disciplina de Media del Cumbres Masculino, “querido y adorado por todos los alumnos, apoderados y colegas”.

Fuentealba está decepcionado: “Nos vendieron humo, no hubo ningún cambio, el colegio está golpeado porque no logra entender que un sindicato es un derecho garantizado en la Constitución, que defiende a los trabajadores cuando se vulneran sus derechos”.

En la última década el Cumbres, el buque insignia de la Legión de Cristo, el primer colegio de la congregación que abrió en Chile, en 1986, vio disminuida su matrícula de 3.300 a 2.200 alumnos. Razones hay varias. El “padre fundador” Marcial Maciel, objeto de veneración, fue acusado en 1997 de abuso sexual por ocho ex miembros de la orden y en 2006 el Vaticano lo invitó a llevar «una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público». Y en 2012 el sacerdote John O’Reilly, capellán del colegio femenino, fue acusado de abuso sexual, encontrado culpable en el caso de la menor de las hermanas y absuelto en el de la mayor, ambas ex alumnas del Cumbres, siendo condenado en noviembre del año pasado a cuatro años y un día de libertad vigilada.

También influyó la apertura del Everest, la segunda apuesta educacional de la Legión, que abrió sus puertas en 1998, en La Dehesa, e hizo que las familias del sector optaran por el nuevo establecimiento que hoy suma 2.480 alumnos.

“Se entiende que haya una reestructuración y una reducción de la carga horaria, pero lo sospechoso es que afectó casi exclusivamente a asociados al sindicato”, afirma Fuentealba.

El Everest también cuenta con un novel sindicato, creado en septiembre pasado, con 120 socios de un total de 370 empleados, que se encuentra en proceso de negociación colectiva. “No sabemos si el colegio va a formar una lista de adherentes –dice Fuentealba– como lo hizo en el Cumbres”.

La Universidad Finis Terrae, que pasó a manos de los Legionarios de Cristo después de una encarnizada pelea con los fundadores de la casa estudios, posee un sindicato desde hace dos años. Y lo mismo el San Juan Diego de Recoleta y el Santa María de Guadalupe de Colina, también conocidos como Mano Amiga, porque son parte de la fundación del mismo nombre, que tienen un mismo sindicato con 54 afiliados de un universo de 120 empleados.

“Hasta donde yo sé, no hay colegios de la Legión con sindicatos en otros países”, asegura Fuentealba, quien adelanta que la causa seguirá adelante y con más fuerza. Esta semana verá la luz una federación que agrupará a los sindicatos del Cumbres, Mano Amiga (San Juan Diego y Santa María de Guadalupe) y Finis Terrae, e irá en apoyo de las organizaciones individuales. Y a la que esperan sumar al Everest.

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