El rector de la UDP sostiene que el Congreso debe revisar la normativa y correr el riesgo a pesar del reclamo de las empresas que resultaron beneficiadas “si quiere salvar su prestigio hoy día justamente maltrecho por conductas como la de Jaime Orpis, quien aceptó ilícitamente dinero para evitar lo que a él -en un momento del que hoy debe arrepentirse- le pareció vivir a salto de mata”.El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, entró de lleno al debate sobre la Ley de Pesca, indicando que el sistema legal chileno no contempla un procedimiento para anular leyes, pero sí que puede ser derogada y discutida de nuevo, arriesgando los reclamos de las empresas que resultaron beneficiadas con esta normativa.
En su habitual columna en El Mercurio, el académico sostiene que “es verdad que en el sistema legal chileno no existe un procedimiento para anular la ley (lo que importaría privarla retroactivamente de sus efectos, hasta alcanzar el punto inmediatamente anterior a su aprobación); pero no cabe duda de que ella puede ser derogada y discutida de nuevo, aun arriesgando, claro, el alegato de las empresas que recibieron el regalo regulatorio, que eso las privaría de su propiedad”.
Y agrega que tal riesgo y dificultades deben correrse por parte del Congreso “si quiere salvar su prestigio hoy día justamente maltrecho por conductas como la de Jaime Orpis, quien aceptó ilícitamente dinero para evitar lo que a él -en un momento del que hoy debe arrepentirse- le pareció vivir a salto de mata”.
Peña plantea una interrogante respecto a la suerte que debe correr la Ley de Pesca en momentos que se descubrió que mientras se tramitaba, el senador de la UDI Jaime Orpis “recibía con escrupulosa regularidad una mesada de parte de una de las empresas (Corpesca) que serían afectadas por ella?”.
En ese sentido, explica que la ciudadanía confía en que los parlamentarios, a la hora de pronunciarse sobre un proyecto de ley, “tengan a la vista el interés general y desechen conferir especial peso a algún interés particular”.
“Si cada representante actúa de esa forma -si, ayudado por su ideología, se esmera en identificar el interés general-, entonces la voluntad que surge del Congreso, y que se expresa en la ley, es una voluntad bien formada que puede reclamar la obediencia de parte de los ciudadanos. La democracia es, después de todo, eso: un procedimiento para formar una voluntad común a la que todos se sienten vinculados. La legitimidad de una ley en una democracia deriva, casi en su totalidad, de la limpieza del procedimiento adoptado para producirla”, sostiene.
Sin embargo, añade que “si uno de los representantes, como es el caso del senador Jaime Orpis, por ambición o por temores alimentarios, se dejó convertir en paniaguado de uno de quienes debía regular, ¿cómo podrían confiar los ciudadanos en que la ley, en cuya formación él participó, está bien hecha? Por supuesto que la voluntad de Jaime Orpis era solo una, y a la formación de la ley concurren muchas”.
Peña menciona que “apelar a la inferioridad numérica de quienes son paniaguados en frente de los que no lo son para salvar el problema (arguyendo que incluso si quien recibía dinero seguía instrucciones a la hora de votar, su voto sería insignificante en el resultado final) es simplemente pueril: la labor de los senadores no se reduce a votar, pues ellos deben dar opiniones, allegar antecedentes, persuadir, deslizar información en los pasillos para convencer a sus pares, integrar las comisiones (fue el caso de Orpis) y relacionarse con otros miembros del Congreso que, menos interesados en el tema de que se trata, en este caso la Ley de Pesca, confían en la opinión de quien ha dedicado más tiempo a ella (sin suponer, claro, que lo hacen movidos por el combustible infalible de una mesada)”.
El académico precisa que “un senador pagado por una empresa mientras se tramita el marco regulatorio de la actividad a que la empresa se dedica es, objetivamente hablando, el lobby perfecto: el sujeto que tiene el encargo de influir coincide del todo con el que debe ser influido”.
Explica que el asunto se torna más grave aun tratándose de la Ley de Pesca que “concedió «regalos regulatorios» a un grupo de empresas”.
“En Chile suele hablarse, por parte de los empresarios, de la manera en que algunas regulaciones legales o administrativas recortan o disminuyen su propiedad (lo que en la literatura legal anglosajona suele llamarse regulatory takings ). Pero guardan piadoso silencio cuando la ley les regala derechos de propiedad, cuando les concede el derecho exclusivo de explotar algún bien excluyendo a todos los demás (lo que en esa misma literatura se denomina regulatory givings ). Este último fue el caso de la Ley de Pesca”, argumenta.
Además, sostiene que “como no puede concederse a todos un derecho indiscriminado a explotar los recursos pesqueros (de ser así, a poco andar se extinguirían), la alternativa es establecer cuotas solo a favor de algunos. El problema es que en el caso de la Ley de Pesca esas cuotas no se licitaron a cambio de un precio, sino que simplemente se entregaron a algunas empresas. Fue un perfecto regalo regulatorio, una pesca bíblica, milagrosa, en la que el Congreso cumplió el papel de Jesús y las empresas el de muchos Pedros agradecidos”.
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