En los últimos días al interior del Congreso Nacional los conflictos derivados de temas monetarios no dan tregua. Al escándalo conocido como «Ban-Congreso» se sumó la polémica suscitada entre funcionarios de la Cámara de Diputados y los parlamentarios para quienes desempeñan su labor.
Los trabajadores agregaron el pasado miércoles un nuevo capítulo en la disputa ante la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja, por el no pago de horas extraordinarias, denuncias sobre calidad del trato y derechos laborales desde marzo del año 2012, fecha en la cual comenzaron a ser contratados por el mismo órgano.
Los hechos señalados, dieron origen a una interrogante respecto a las diferencias económicas que surgen entre los propios trabajadores que conforman la institución con más atribuciones del país.
Orgánica propia
El Poder Legislativo no cuenta con fiscalización previa ni posterior de la Contraloría General de la República, a diferencia del resto de cargos públicos pertenecientes al Ejecutivo y Judicial. El documento legal que rige a la institución es su propia ley orgánica constitucional, norma que posibilita al Congreso proveer sus propias reglas en lo que respecta a sus contrataciones, remuneraciones, manejo de la ética y sanciones.
Este modus operandi fue el que por años permitió prácticas que causaron polémica en la opinión pública, como los adelantos dados sin interés a parlamentarios hasta el año pasado. La práctica, políticamente transversal, registró montos que sólo en 2015 ascendieron a los 104 millones de pesos.
Otros polémicos derechos que surgieron al alero de la ley orgánica fueron el acceso a un viático en dólares en caso de salidas al extranjero, acuerdos como el de la Cámara y la línea aérea LAN para cargar millas de viaje al Fisco y el derecho a un seguro de vida y salud solventado por el organismo, el cual costó a la corporación cerca de 472 U.F. mensuales. No obstante, a la fecha, todos los beneficios fueron cancelados para ambas cámaras.
Remuneraciones
A las diferencias económicas se refirió el presidente de la Asociación de Funcionarios de Parlamentarios (Afunpar), Dimitri Morales, quien apunta hacia el desconocimiento que se tiene en la ciudadanía acerca de estas desigualdades en el edificio del Barrio Almendral: «La gente de afuera tiene la percepción de que, como funcionarios del Congreso, ganamos más dinero que el promedio nacional, lo que en algunos casos puede ser cierto. Si bien hay sueldos elevados dentro del ámbito profesional y en lo que respecta a determinados puestos de confianza de los diputados, eso no es algo totalmente real», aclara.
Por otra parte, quien también hizo referencia a las disparidades fue el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros: «En el caso de las remuneraciones son de escalas distintas, que conforman tres grados; por ejemplo, si se tiene cuarto medio o si se desempeña en secretaría, se puede llegar hasta un grado limitado. En el caso de un asesor, con alguna característica especial, se puede optar a más remuneración. Y si se es profesional, se podría optar a un total que asciende aproximadamente a 5 millones 500 mil pesos», señaló.
Para optar a tal monto, los trabajadores deben acreditar su condición de profesionales ante la Cámara, factor que no es necesario en el caso de un parlamentario, quien accede de forma automática a una dieta mensual que asciende a los 6 millones 580 mil pesos en el caso de los diputados, y a los 9 millones 121 mil pesos en el caso de los integrantes del Senado.
Un caso similar al descrito por el Jefe de Servicios de la Cámara Baja ocurre en instituciones anexas, como la Biblioteca del Congreso Nacional. El monto líquido de las remuneraciones del organismo fluctúa entre los 515 mil y los 6 millones de pesos en un escalafón que categoriza a los trabajadores en seis estamentos: directivos superiores, directivos, profesionales, técnicos, administrativos y personal auxiliar.
Indemnizaciones
Un tema aparte dentro de la misma discusión, es el de los múltiples mecanismos de indemnización que los empleados del Congreso pueden recibir según el estatuto por el cual se rigen: «No todas las personas que trabajan en la Cámara entran en la categoría de empleados públicos. Los empleados de parlamentarios, por ejemplo, son de la exclusiva confianza de ellos y están regidos por el Código del Trabajo, pero tienen otros beneficios, como la indemnización cada cuatro años. Si trabajan 20 años, tienen 20 meses de indemnización. Otros empleados no tenemos ese derecho en caso de que tuviéramos que dejar el cargo a disposición», explicó Landeros.
Sin embargo, el tema de la posible ausencia de un mecanismo de indemnización para empleados del Congreso y sus instituciones anexas, ya fue objeto de discusión parlamentaria en 2013. El debate culminó en la Comisión de Hacienda, que impulsó un proyecto de ley de incentivos al retiro orientado a los trabajadores que excedieran los 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 en el de las mujeres.
El beneficio, calificado por sus críticos como un tipo solapado de indemnización, fue destinado a trabajadores que renunciaran voluntariamente a su cargo hasta fines de marzo de 2015. El monto recibido podía ascender a once meses de sueldo, además de una bonificación adicional del orden de 395 Unidades deFomento.
Trato justo
Otro ítem que manifiesta la desigualdad dentro del edificio legislativo, es la diferencia de trato entre los distintos estamentos que conforman las cámaras. Sobre este punto Dimitri Morales afirma que «las diferencias existen» y que «hay algunas que se hacen de acuerdo a la labor que uno realiza dentro de la Cámara o el Senado. Pero también tenemos antecedentes de malos tratos, llámese así a la no existencia de lugar físico para que los conductores se sitúen», declaró.
A raíz del mismo debate, el dirigente afirmó que las diferencias de trato han quedado demostradas a través de la disposición que la Cámara ha tenido con las demandas de su sector: «El documento dirigido a la Secretaría General, con todas nuestras demandas, fue enviado el 13 de mayo del año pasado y se nos concedió reunión casi un año después», indicó.
Finalmente, tras la reunión que tuvieron con Régimen Interno el pasado miércoles, el presidente de Afunpar declaró que «esta vez la Cámara ha demostrado ser el peor empleador. Hoy nos sentimos en desventaja frente a otros empleados, porque lo que pedimos es justo. Nos consta que los problemas no son exclusivos de nuestro sector, sino que afectan a muchos funcionarios, incluyendo al personal de planta de la Cámara», finalizó.
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