A contrarreloj -en medio de la peor crisis financiera y de audiencias de la última década en la estación pública- el gobierno finalizó las indicaciones al proyecto que modifica la ley Nº 19.132 y que buscan reemplazar la actual normativa del canal que data de 1992 y que incluye cambios profundos al nombramiento de sus autoridades y, en especial, un nuevo modelo de financiamiento que le asegure un flujo de recursos fiscales permanentes.
A fines de diciembre pasado el ex director de Programación y Contenidos de Chilevisión Pablo Morales puso término formal a su asesoría en el gobierno, específicamente al Ministerio Secretaría General de Gobierno.
El periodista y ex ejecutivo estuvo durante casi cinco meses cumpliendo un rol clave para La Moneda -en el que trabajó directamente con personeros de esa repartición, liderados por el ministro Marcelo Díaz- como son la evaluación y elaboración de dos iniciativas relacionadas con TVN que buscan enfrentar la sostenida crisis que afecta al canal público: las indicaciones al proyecto que modifica la ley Nº 19.132 , más conocido como “ley larga” que reemplazará a la actual normativa de la estación que data de 1992, y el Canal Cultural, compromiso suscrito por la Presidenta Michelle Bachelet durante su cuenta pública del 21 de mayo.
No es un misterio que la crítica situación -financiera y de audiencias- que atraviesa el canal estatal está en el centro del debate oficialista desde hace meses, en particular por la preocupación que genera el creciente déficit económico y el más de centenar de despidos que afectaron a TVN durante 2015.
El año que recién cierra ya es considerado un período negro en la existencia de la señal pública no sólo en el Ejecutivo, sino que también en la industria. Y es que la crisis financiera está unida a una dura caída de rating que hizo al canal descender, en sólo un año, desde el primer al cuarto lugar de sintonía.
De acuerdo a las cifras entregadas por la propia estación pública a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), los primeros nueve meses del año pasado generaron pérdidas que llegan a los casi $ 18 mil millones. El pronóstico es que el término de 2015 consolide la pérdida de más de $20 mil millones, lo que lo transformaría en el peor balance financiero en una década.
Modelo en crisis
El impacto de la situación en TVN activó las alarmas en La Moneda y aceleró el trabajo que se viene realizando hace meses en la Segegob. De acuerdo a personeros de gobierno, ambos proyectos -el canal cultural y las indicaciones a la denominada “ley larga”- ya están prácticamente listos para ser despachados a manos de la Presidenta, quien resolverá uno de los puntos más sensible del diseño alistado para el canal público: sus futuras fuentes de financiamiento.
En paralelo, en la Segegob ya están evaluando que -ante la emergencia que supone la actual crisis del canal público- las dos iniciativas sean fusionadas para que ambas ingresen vía indicaciones en las modificaciones a la ley Nº 19.132 y se pueda asegurar un trámite legislativo más expedito.
El plan original es que -en caso de optar por este camino- se ingrese en marzo una serie de indicaciones que reactivarán el proyecto que entró en 2008 para su discusión en el Senado y que permanece en una suerte de receso legislativo.
En las próximas semanas, en tanto, la Mandataria deberá tomar una decisión clave para el futuro financiero -y, por ende, la viabilidad en el largo tiempo- de TVN. Y es que será Bachelet quien definirá cuál será la propuesta de modelo de financiamiento que será presentada al Congreso.
Fuentes de gobierno señalaron que son tres las fórmulas entre las que deberá dirimir la Presidenta: asegurar un ingreso estatal permanente que se incluya en la Ley de Presupuestos y se discuta anualmente en el Congreso; establecer un sistema de financiamiento mixto en el que se garantice un flujo de recursos estatales periódicos, pero que no impida a TVN generar sus propios ingresos o establecer un impuesto específico -en Reino Unido, por ejemplo, la televisión pública se financia por una tasa que se cobra por televisor- en beneficio del canal público.
Las mismas fuentes sostuvieron que, aunque se ha generado un intenso debate interno respecto de las fórmulas, es la posibilidad de asegurar un sistema de financiamiento mixto la que corre con mayor ventaja.
El razonamiento no es complejo. Entre quienes miran con recelo asegurar el financiamiento de TVN con recursos públicos anuales que deberían ser aprobados en el Congreso se sostiene que este modelo podría impactar tanto en la autonomía del canal como en su desempeño futuro. Lo anterior no sólo debido a que quedaría abierta año a año la discusión en el Parlamento respecto de los recursos -y, por ende, a la medición de fuerzas que en éste priman-, sino que al no tener necesidad de generar ingresos propios, se podría generar un desincentivo en la innovación y creatividad en la parrilla programática.
La posibilidad de un impuesto específico, en tanto, es engorrosa, ya, que en el país, destinar la recaudación de un tributo a un fin particular está prohibida, por lo que se requeriría de un cambio constitucional previo.
Así, la opción de un modelo de financiamiento mixto es la más probable vía para solucionar en el largo plazo la crisis de financiamiento de TVN.
Quienes se inclinan por esta posibilidad señalaron que la fórmula permitiría un flujo de recursos estables de origen estatal que aseguraría que el funcionamiento y contenido programático de TVN no estén sometidos a la presión del rating y la dependencia de la publicidad.
Actualmente, la estación pública tiene el deber de autofinanciarse y, aún más, el Estado ni siquiera puede oficiar de aval para conseguir recursos en la banca privada.
Sólo por concepto de publicidad, que representa el 79,43% de los ingresos del canal, TVN obtuvo en 2015 $ 28.672 millones, un 45% menos que los $52.198 millones alcanzados en el mismo período del año anterior, según los estados financieros de la estación. Eso por ello que -en el escenario actual de crisis financiera- se están buscando distintas fórmulas para conseguir recursos en la banca privada a la espera de un cambio en el modelo.
Nuevo directorio
Aunque es la definición más esperada en el plan de reinvención de TVN, el cambio del modelo de financiamiento del canal público no será la única modificación que promoverá La Moneda en los próximos meses para el futuro de la estación. Así lo señaló Díaz a los miembros del directorio de TVN el jueves 21.
En el gobierno sostienen que además se introducirán cambios profundos a la definición de cuál es la misión de TVN y, particularmente, a la conformación de su gobierno corporativo.
El funcionamiento del canal hoy por hoy es el resultado de un largo debate en el Parlamento que enfrentó al entonces gobierno de Patricio Aylwin con la oposición en los primeros años del retorno a la democracia.
En 1992 se aprobó la actual normativa que consagra al canal estatal como una empresa autónoma del Estado que no depende del presupuesto fiscal y que se financia con sus ingresos, cuyo patrimonio es administrado por un directorio, en cuya designación intervienen el presidente de la República y el Senado; a ellos se les suma un representante de los trabajadores del canal.
De acuerdo a fuentes de gobierno, una de las indicaciones que el Ejecutivo ingresará en marzo apunta a establecer un nuevo estatuto jurídico para TVN. En esta línea, por ejemplo, se incorporarán en la normativa principios como que se debe velar por reflejar la diversidad y el pluralismo político que -en la práctica- buscan renovar el rol y la misión que debe cumplir un canal público.
Pero además de eso, aseguran estos personeros, también la nueva normativa se debe hacer cargo de la realidad de la industria televisiva y dejar establecido, por ejemplo, que TVN se constituirá como una empresa multiplataforma.
Un debate no menor -en tanto- será la definición de las autoridades del futuro canal público.
En la actualidad, TVN cuenta con un directorio formado por siete personas, cuyo presidente -el ex ministro Ricardo Solari- fue designado por la Presidenta Bachelet.
La normativa establece que el Presidente de la República propone, además, los nombres de seis de los restantes miembros del Directorio, que deben ser aprobados por el Senado, al que se integra un representante de los trabajadores de la estación pública.
La nómina la integran Pilar Molina (independiente), Cristián Leay (UDI), Antonio Leal (PPD), Francisco Frei (DC), Marcia Scantlebury (PS) y Arturo Bulnes (RN). Algunos de ellos -como Molina, Leal y Frei- terminan su mandato en 2020. El resto durante este año.
Aunque en La Moneda no existe una evaluación negativa del desempeño del directorio que encabeza Solari (ver entrevista), el nuevo diseño para TVN contempla un cambio radical en la designación y el perfil de las futuras autoridades.
Entre las modificaciones se planteará aumentar el número de directores a nueve y -particularmente- sus requisitos y mecanismos de nombramiento.
Según quienes conocen el tema, la propuesta implica que exista una suerte de filtro previo a la ratificación de los postulantes por el Senado a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Junto con ello se establecerán requisitos asociados a las necesidades del cargo, como experiencia en gestión empresarial o el rubro de la industria televisiva.
La apuesta de La Moneda busca neutralizar las críticas por el cuoteo político en la conformación del directorio de TVN estableciendo exigencias de currículum a las nuevas autoridades. En medio de la actual crisis que enfrenta la estación pública, desde los gremios -por ejemplo- se han levantado voces que indican que la gente que está a la cabeza de la señal no tiene experiencia para superar una situación de este tipo.
A todo ello se agregará un régimen de inhabilidades específicas -que hoy no existen- para evitar potenciales conflictos de interés.
Canal cultural
Otra de las alternativas que pondrá sobre la mesa La Moneda para hacer salir de la crisis a TVN será el ingreso del proyecto de canal cultural comprometido por la Mandataria.
La iniciativa ya está completamente diseñada y el ministro Díaz se ha reunido varias veces con el directorio de TVN y particularmente con Solari para ir dándoles a conocer el proyecto.
Hasta ahora está definido que la nueva señal será una tercera concesión a TVN, ya que esto permite desarrollar una señal principal con otras dos secundarias. Además, se establecerá su carácter de señal abierta, es decir, sin costos para los usuarios.
Quienes conocen la propuesta sostuvieron que el bosquejo implica que el nuevo canal tendrá una administración propia (director ejecutivo y directorio) aunque vinculada a las autoridades centrales de TVN y se contempla una dotación de personal mínima no superior a las 50 personas.
La idea, además, es que la señal funcione básicamente con una red de proveedores externos para el contenido de sus transmisiones. Según las fuentes consultadas, este esquema no sólo bajará los costos de funcionamiento del nuevo canal, sino que además operará como un incentivo para la producción local.
La nueva señal, además, no tendrá publicidad.
Junto al ingreso de la iniciativa al Congreso, el gobierno ha elaborado un documento que pretende servir de insumo a los futuros encargados del Canal Cultural, texto que también formó parte de la asesoría prestada por Pablo Morales a La Moneda.
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