Por Claudio Fuentes/ Director de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales. Investigador asociado Centro ICIIS.
Hoy tenemos –como nunca antes– evidencia directa e indesmentible de esta relación endogámica entre los hombres de negocios y los actores políticos. El cuento de la autonomía legislativa o de los tomadores de decisión del Ejecutivo respecto de los grupos económicos no resiste análisis.
Los escándalos de corrupción no solo nos ilustran sobre prácticas ilegales para financiar campañas electorales –boletas truchas, facturas ideológicamente falsas, maletines con fajos de dinero, etc.– sino que, además, nos muestra en forma patente y sin tapujos la estructura del poder en Chile.
Se trata de un gobierno plutocrático, donde unos pocos más acaudalados concentran el poder o tienen un acceso directo o privilegiado a este. Se trata de un sistema de gobierno que distorsiona la representación y en donde los intereses de aquellos con grandes fortunas se expresa en forma constante, directa e indirectamente, en los asuntos públicos.
La plutocracia adquiere diversas modalidades. Se expresa en representantes electos por la ciudadanía –como el ex senador Longueira o el senador Orpis– que reciben apoyo financiero para sus campañas. Pero, además, como hemos visto en las últimas semanas, aquello no parece ser parte de un interés filantrópico o de afinidad ideológica de parte de los empresarios. No. Ello se traduce en vínculos que persisten en el tiempo y que, por el momento, se asocian a traspaso de información hacia el sector privado en relación con el devenir de materias de interés público que están siendo debatidas en el Congreso. El entonces senador Longueira no solo cumplía con informar al gerente de Soquimich sobre propuestas que se discutían en el Senado, sino que además le solicitaba su opinión para, seguramente, tomar posicionamiento en estas materias.
Se expresa en representantes que pasan a ocupar cargos en el Ejecutivo y que provienen del sector privado y que, en el ejercicio de sus cargos, parecen cautelar no los intereses de la ciudadanía sino que los de donde provenía. Recordemos el intercambio de correos del ex subsecretario Pablo Wagner con Pedro Ducci –ejecutivo de una minera–, donde el funcionario de gobierno le expresaba: “Feliz de juntarnos mañana, y en lo que les pueda ayudar, acá estamos para servirlos”.
Se expresa en acaudalados hombres negocios que podían financiar completamente sus campañas presidenciales, no una, sino que dos veces, llegar a ocupar el sillón presidencial y no desprenderse totalmente de sus negocios antes de asumir el cargo, como ya sabemos sucedió con el ex Presidente Sebastián Piñera.
Se expresa en partidos políticos que dependen –la mayoría de ellos hasta el día de hoy– para su funcionamiento de un mecenas o un hombre de negocios (digo hombre, porque todos lo son). Aquel mecenas suele convertirse en algunos partidos en el presidente de la colectividad, pudiendo repartir cargos, financiar campañas, vetar nombres y vincularse directamente con el gobierno de estos pocos al cual pertenece.
La plutocracia se expresa en la generación de entidades o centros de pensamiento que adhieren a ciertas corrientes de pensamiento que con mayor o menor sutileza cautelarán, a fuerza de lobby y talento creativo, las ideas para precisamente mantener los privilegios de estos pocos que controlan un importante segmento del poder económico de un país.
Se expresa en forma evidente en resultados de política pública –leyes–que cautelan los intereses de estos pocos en detrimento de los muchos. La norma anticolusión, la Ley de Pesca, las regulaciones en el sistema de salud privado, las normas relacionadas con universidades privadas, el Código de Aguas, el sistema de impacto medioambiental, las normas que regían el financiamiento de campañas electorales hasta este año y tantas otros resultados de política pública reflejan aquello.
La buena noticia es que hoy tenemos –como nunca antes– evidencia directa e indesmentible de esta relación endogámica entre los hombres de negocios y los actores políticos. El cuento de la autonomía legislativa o de los tomadores de decisión del Ejecutivo respecto de los grupos económicos no resiste análisis. Las múltiples formas que adquiere el gobierno plutocrático se ha hecho evidente y extiende sus redes más allá de un sector político. No es ideología, es interés.
Nuestra primera y central interrogante es si los cambios que se están introduciendo en la agenda de probidad resuelven o minimizan el gobierno plutocrático. Al respecto, existen algunos indicios que se encaminan en aquella dirección.
Que el Estado cumpla un papel más relevante en el financiamiento de los partidos ayudará a reducir la excesiva influencia del dinero en esas colectividades. Que se restringa a partir de este año el máximo permitido de aporte del patrimonio propio para financiar una campaña también ayudará. Que las empresas ya no puedan aportar directamente a campañas es otro aliciente en esa dirección. Que se esté discutiendo una ley sobre colusión va en la dirección correcta.
Pero el conjunto de normativas no cambiará de la noche a la mañana el gobierno plutocrático, pues las condiciones materiales en que ejerce su influencia no se alterarán. Existirán más restricciones, pero ellos continuarán teniendo acceso privilegiado a la política. Podrán continuar ejerciendo lobby en un marco de débiles mecanismos para el ejercicio de este tipo de actividades de influencia. Tampoco los legisladores y autoridades del Ejecutivo sentirán la presión de sus representantes, que seguramente no acudirán a votar en forma masiva. Los representantes gobernarán para nichos electorales muy acotados y definidos. Una gran masa desafecta continuará protestando por las redes sociales y en sus casas frente al televisor, pero seguramente no hará mucho para cambiar las condiciones materiales de las actuales relaciones de poder.
Controlar el gobierno plutocrático pasará a ser tarea de una sociedad civil activa, algunos actores políticos comprometidos y de los medios de comunicación. Serán ellos los encargados de revelar incómodas realidades que, de vez cuando, nos advertirán que no somos el sueño democrático que creemos, ni menos el oasis de estabilidad institucional y pureza republicana que algún día creímos tener.
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