Sólo faltan algunos días para que los esfuerzos del gobierno y de la Nueva Mayoría vuelvan a la carga para llegar a un acuerdo en el marco de la tramitación del proyecto de reforma laboral. Y aunque el despacho del articulado en marzo sería una de las grandes victorias del gobierno tras bulladas críticas, la amenaza del Tribunal Constitucional (TC) por parte de la oposición y la inminente fase de implementación de la nueva ley serán otros flancos que deberán enfrentar las autoridades en los próximos meses.
Uno de los actores centrales que contempla la reforma laboral es la Dirección del Trabajo (DT), particularmente en la negociación colectiva y en el fortalecimiento de los sindicatos. Si bien no involucra cambios para la estructura institucional propiamente tal, la nueva ley laboral entrega nuevas funciones, como la determinación de los servicios mínimos o el nuevo sistema de arbitraje. Y, además, la ampliación de funciones que ya realiza, como un mayor número de mediaciones o los procedimientos de revisión de nóminas de negociación.
Considerando las nuevas tareas, la DT ya tiene un plan de trabajo para la implementación de la reforma, que considera capacitación de funcionarios y dirigentes sindicales, la constitución de una unidad especializada en lo referido a servicios mínimos, asistencia técnica a empleadores de empresas de menor tamaño, cartillas de difusión y divulgación de la ley, entre otras acciones.
Para una de las funciones clave del Servicio -como la calificación de servicios mínimos cuando no pueda ser concordada por las partes en forma previa a la negociación-, se constituirá una unidad especializada sobre esta materia, que de hecho en marzo se materializaría, independiente de los tiempos que tendrá la reforma en el Congreso en los próximos días. Y, además, en cuanto la ley sea promulgada, se licitarán estudios para cada uno de los 60 subsectores económicos informados por el INE a la División de Estadísticas de la ONU, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Según el informe financiero del proyecto, estos tendrían un costo promedio unitario de $ 30 millones. Así, el costo fiscal para cumplir el rol de la DT en la calificación de servicios mínimos ascendería a $ 1.800 millones.
“A la luz del proyecto, según se ha discutido hasta ahora en el Senado, la labor de la DT será muy relevante en materia de servicios mínimos, por cuanto será ella quien determinará este tipo de servicios excepcionales que deben prestarse durante una huelga, sin afectar la esencia de este derecho. Lo hará en primera instancia la Dirección Regional respectiva, y en segunda, la Dirección Nacional”, explica el director (s) de la DT, Rafael Pereira.
En el Servicio ya se preparan para hacer frente a las nuevas funciones que tendrá la DT, fundamentalmente en materias de mediación, servicios mínimos y derechos colectivos en general. “Es un trabajo que ya hemos comenzado”, dice. Agrega que para efectos de la reforma se ha considerado por Ley de Presupuesto 2016 la contratación de 12 abogados -cuyo concurso público fue concluido recientemente- y otros tres profesionales para relaciones laborales. “Una vez aprobada la ley de negociación colectiva, el informe financiero permite la contratación de 19 funcionarios para asistencia técnica a la PYME y seis mediadores. Todas estas contrataciones son mediante concurso público”, asegura.
Eso sí, Pereira recalca que “es necesario dejar en claro que todas estas actividades, no obstante se planifiquen y diseñen desde ya, sólo se podrán iniciar una vez que la ley esté publicada y se conozca su texto definitivo”.
Desde la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, indican que por el momento están a la expectativa de lo que emane del Congreso y que a partir de ese minuto evaluarán posibles acciones internas, que ayuden a los trabajadores en medio de este nuevo proceso.
Las dudas que abre un posible cambio del plazo de vigencia
En medio de las negociaciones que se dieron hasta último minuto en enero para lograr un acuerdo con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, trascendió que el Ejecutivo apostaría por reducir de ocho a seis meses el plazo para que entre en vigencia la nueva ley, por lo que algunos ya advierten de los posibles efectos que tendría este ajuste, especialmente en la DT, que deberá enfrentar nuevas tareas.
El ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, comentó recientemente que «los plazos de vacancia no pueden ir de la mano de cuánto se atrasa un proyecto, sería un error, los plazos de vacancia tienen que ver con cómo el propio gobierno y los privados se preparan y hacen los cambios necesarios para hacer una buena etapa de cumplimiento». Según el abogado, la DT tiene una «enorme tarea con esta futura ley». Por ejemplo, frente a la labor de calificación de servicios mínimos, recalcó que se necesita capacitar las direcciones regionales, ya que será la primera instancia de calificación antes de la Dirección Nacional.
Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Funcionarios de la DT, Raúl Campusano, «un plazo de tres a seis meses es un plazo suficientemente razonable para producir las adecuaciones del caso» en la institución. Postura que coincide con la señalada por Rafael Pereira, quien reafirma que ya tienen un plan de trabajo, por lo que «pensamos que estaremos en capacidad de implementar adecuadamente la nueva ley».
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