La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -por medio de Silvia Silva, vicepresidenta de gestión y finanzas- se mostró crítica con el contundente fallo de la Corte Suprema, relativa al principio de «confianza legítima». Es que el máximo tribunal validó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que determinó la denominada «confianza legítima» carece de consagración normativa en el ordenamiento jurídico chileno. El concepto de «confianza legítima» derivaba en que si un trabajador a contrata, por ejemplo, recibía señales consistentes de una institución pública (como renovaciones constantes de su contrato), podía confiar en que seguiría trabajando. Y en que si la institución cambiaba de decisión sin motivo justificado, el trabajador podía exigir que se respetara esa expectativa o se compensara.
Pero la decisión de la justicia desechó aquello, lo que generó alarmas en la CUT. «Vemos con alarma este fallo, ya que no está solo vulnerando las garantías y derechos de los trabajadores, sino también el de la misma ciudadanía. Lo preocupante es que además se generan las condiciones para reducir el Estado, debilitando los derechos ciudadanos», comentó Silva. «Desde la CUT no concebimos un fallo de esta envergadura, que atenta directamente contra el empleo público. Y demandamos con urgencia al Gobierno y al Parlamento a que aceleren una reforma profunda al sistema de empleo público que termine con la precarización y establezca mecanismos que garanticen continuidad y estabilidad laboral para quienes cumplen funciones permanentes», indicó también «No puede haber modernización del Estado -añadió- mientras subsistan formas de contratación que vulneran los derechos básicos». Cerró señalando que «es inaceptable que el propio Estado mantenga plantas de un 22,1%, contratas de un 55,6%, honorarios de un 5,6% y entre otros un 16,7% vinculos laborales inestables reproduciendo deigualdades quec niegan el principio del trabajo decente y los convenios ratificados internacionalmente». Cabe destacar que los focos se posaron sobre este principio en noviembre de 2024, cuando la contralora Dorothy Pérez resolvió que la institución que encabeza no revisaría más esos reclamos, por tratarse de materia litigiosa.
Fuente: Emol