Después de ocho meses de debate, la Ley de Inclusión finalmente se aprobó en enero de 2015. Ésta fue la primera propuesta ante la comprometida Reforma Educacional del Gobierno. En su momento, algunos sectores cuestionaron que el Ejecutivo comenzara con el fin al copago, lucro y selección, pero la autoridad asegura que es un paso “para garantizar derecho a la educación”.
La primera región del país en ingresar al nuevo sistema será Magallanes. El sistema se iniciará con la postulación el 2016 y año escolar 2017 y se aplicará en el primer nivel de cada establecimiento, es decir, pre kínder, séptimo básico o primero medio, dependiendo de los niveles que tenga cada colegio. Al año siguiente continuará en otras cuatro regiones y en 2019 en todo Chile.
Según informa el Ministerio de Educación, el fin de la selección consiste en que los colegios deberán aceptar a todos los postulantes, si disponen de vacantes. Sólo de no haber cupos suficientes, deberán usar un sistema aleatorio que asegure la ausencia de métodos arbitrarios (socio-económicos o de otra índole).
Hace algunos meses, y considerando que la Ley se aplicará de forma gradual, la autoridad confirmó que son 739 los establecimientos educacionales subvencionados que optaron por la gratuidad para este 2016, 20 colegios pasarán a ser privados y 2 cerrarán sus puertas.
“Buena noticia”
El diputado DC Mario Venegas destacó los tres principios claves en este nuevo modelo.
Recordemos que los colegios que reciban aportes fiscales tendrán que organizarse como entidades sin fines de lucro para 2018.
El legislador aseguró que el seguimiento de los gastos es fundamental. “Para que no sea letra muerta o declaración de intenciones es necesaria una adecuada fiscalización. En ello, ya ha estado operando la Superintendencia”, manifestó.
La ministra Adriana Delpiano dijo esta semana que tenía “una buena noticia. La Contraloría General de la República aprobó uno de los decretos importantes (de la Ley de Inclusión) sobre cuál y qué se entiende por el uso educativo de los recursos públicos”, mencionó la secretaria de Estado.
Mientras que el integrante de la comisión de educación de la Cámara Baja advirtió que se evaluará en su momento si es necesaria una revisión de la Ley, “pero no iniciemos el proceso con juicios a priori”. Venegas no entiende la queja de los sostenedores.
“Ellos ponían las reglas, ellos establecían los criterios y en el espíritu del nuevo paradigma de la educación es que las reglas se construyen en comunidad”, concluyó.
La Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) ha advertido que esta información aparece en plazos muy breves ante la puesta en marcha de la Ley y se requiere tiempo para explicar los nuevos cambios. De hecho, por las inquietudes ante algunos reglamentos, la propia FIDE y la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) están pidiendo arreglos y/o una “contrarreforma”.
“Una transición a la altura”
Moisés Paredes, integrante del directorio de Educación 2020 y ex dirigente estudiantil, agregó que las preocupaciones de todos los actores “son válidas” porque la implementación será gradual.
Comentó que “en el camino de esta gran Reforma Educacional quedan muchos temas”, pero la Ley de Inclusión es un avance.
“Muchas veces se decía que esta Ley apuntaba solo al dinero o hasta los fierros cuando se habló de la compra de establecimientos. Pero cuando se habla de la inclusión y combatir la segregación, sin duda que se está hablando de calidad. Se está hablando de entender el proceso educativo como algo complejo”, dijo Paredes.
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) aumentará en un 20 por ciento. Si el establecimiento es gratuito y está en SEP podrán recibir, adicionalmente, la “SEP ampliada” para alumnos preferentes ($23.618 de primero a sexto básico y $15.740 de séptimo a cuarto medio).
Los establecimientos que declaran no tener fines de lucro y estén en SEP, también recibirán el aporte por gratuidad de $5.809 por cada uno de sus alumnos.
Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), calificó como positivo que se eliminen las lógicas del copago y selección. Afirmó que “la educación está desarticulada y tiene que existir una transición para que todo tipo de establecimientos estén a la altura de los desafíos para los próximos 20 años”.
El dirigente secundario concluyó: “El que quiere pasar a particular pagado, será una decisión del sostenedor y no tiene nada que ver con la Ley. Es una decisión propia del sostenedor de seguir lucrando, porque recordemos que hoy, después de la Ley de Inclusión y el debate sobre desmunicipalización, el único sector que no se está regulando es el particular pagado”.
Circular de la Superintendencia de Educación en la mira
Ante las medidas que pueden tomar los colegios por el incumplimiento de las normas internas, el superintendente Alexis Ramírez expresó que la Ley de Inclusión genera un nuevo marco de protección. Aclaró que el reglamento interno de los establecimientos debe ser respetado por la comunidad educativa.
Los sostenedores manifestaron sus dudas ante una circular de la Superintendencia de Educación –para hacer operativa la Ley– que prohíbe suspender a los alumnos por no tener textos, útiles o uniformes escolares.
“Lo que planteamos es que dentro del menú de alternativas de sanciones los establecimientos no incorporen medidas que tengan que ver con marginar al estudiante del proceso educativo”, dijo Ramírez.
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