No cabe duda de que las relaciones laborales constituyen uno de los puntos críticos del modelo económico imperante en Chile, y que cualquier esfuerzo por superar tal situación no resulta fácil. Ello no es un problema en los sectores empresariales de alta concentración y vastos recursos financieros y políticos. Pero sí lo es en los sectores intermedios y pequeños, cuyo encadenamiento al rumbo global de la economía y su línea de flotación están siempre cercanos a la precariedad.
El proyecto de reforma laboral del Gobierno ha desestabilizado a la coalición oficialista y revuelto la agenda política nacional. Enviada a primer trámite a la Cámara de Diputados el 29 diciembre de 2014, ha experimentado ya difíciles acuerdos y varios centenares de modificaciones en su debate, se acaba de trancar en el Senado y quedar aplazada para el mes de marzo, con pronóstico crítico de movilizaciones sociales por parte de la CUT.
En estricto rigor, el proyecto no es una reforma laboral sino más bien la búsqueda de una ley de negociación colectiva para hacer efectivas las “libertades sindicales con fines redistributivos”. Así lo dice su Mensaje.
Quienes la elaboraron, lo hicieron bajo la consideración de que, jerarquizando los sindicatos y sus federaciones, el resultado práctico arrastraba positivamente el resto de los temas –o casi– hacia un nuevo orden cultural y político en las relaciones laborales del país. Ponía simetría entre los actores, y esa sería la razón de hablar, en el proyecto, de un “contrato social democrático”.
“El objetivo de esta iniciativa legal apunta al desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes…”, dicen las primeras líneas del Mensaje. Más adelante, señala que “amplía y mejora la negociación colectiva para que ésta pueda ser ejercida por más trabajadores, bajo mecanismos que faciliten los acuerdos con sus empleadores, en la perspectiva de favorecer un espacio de diálogo institucionalizado al interior de las empresas”. “El fortalecimiento de los sindicatos implica reconocerles titularidad para los fines de la negociación, promoviendo que sus acuerdos puedan ser extensivos a otros trabajadores de la empresa, a través de mecanismos que no constituyan prácticas antisindicales, de equidad, eficiencia y productividad”, añade.
Como orientación al sistema decisorio, la metodología es antigua. Selectividad radical, la llamó Yehezkel Dror en su libro La Capacidad de Gobernar: Informe al Club de Roma. Pero ella requiere un sentido más profundo y estructurado de todo el conjunto de problemas que se impacta, de lo cual carece la iniciativa gubernamental.
La intención gubernamental de tener un “aliado orgánico” en la CUT, a través de la titularidad y el no reemplazo, se ha ido diluyendo producto de las aprensiones sobre el proyecto al interior del propio Gobierno. Sin la venia de la Central Unitaria de Trabajadores y con la oposición empresarial, el Gobierno queda solo.
El establecimiento de una titularidad burocrática de derechos laborales a favor de los sindicatos, desconociendo el carácter de entidad colectiva que tienen las empresas, y su existencia en torno a un proceso productivo con componentes esenciales para su permanencia, hace predominar aspectos formales por sobre los de fondo.
Es evidente que los alcances de esta arquitectura del proyecto no fueron previstos por el Ejecutivo. Ni en cuanto a la fuerza política que requieren para ser sostenibles en el tiempo, ni a los efectos que sobre la propia coalición gubernamental tendrían.
Además, tampoco aparecen bien calibrados sus aspectos técnicos y efectos sobre el sistema productivo del país, especialmente sobre la pequeña y la mediana empresas, los cuales pueden ser devastadores, dada la realidad de los mercados chilenos, altamente concentrados, ya muy difíciles de desafiar por nuevos actores.
No cabe duda de que las relaciones laborales constituyen uno de los puntos críticos del modelo económico imperante en Chile, y que cualquier esfuerzo por superar tal situación no resulta fácil. Ello no es un problema en los sectores empresariales de alta concentración y vastos recursos financieros y políticos. Pero sí lo es en los sectores intermedios y pequeños, cuyo encadenamiento al rumbo global de la economía y su línea de flotación están siempre cercanos a la precariedad.
Determinar qué es huelga efectiva y no reemplazo versus continuidad de giro esencial de la empresa, o piso de la negociación colectiva o titularidad sindical en los resultados de esta, son aspectos de fondo para el cambio de las relaciones laborales. Pero ellos tienen implicancias muy dispares, según se trate de grandes y medianas empresas o de pequeñas. Y, en este aspecto, las sutilezas y claridad de definiciones del proyecto son ampliamente deficitarias.
Derechamente, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores, el no reemplazo propuesto, sin definiciones esenciales sobre la continuidad estratégica de la empresa, lo transforma en un proyecto burocrático, recargado en sus procedimientos y sin visión estratégica de crecimiento económico para el país.
Las pregunta que surge es si el modo pro sindical con que se dio curso a la iniciativa es el que ha aumentado las dificultades inevitables que se iban a enfrentar. Sobre todo porque la debilidad laboral proviene, junto con las malas prácticas empresariales, de la existencia de un sindicalismo burocrático e ideológico, particularmente en el nivel de federaciones, que ha sido incapaz de fortalecer sus servicios y asistencias técnicas a sus asociados, y se expresa más como un vector político que gremial.
Es posible que la baja solidez del apoyo ciudadano a la reforma provenga de que la gente percibe ese hecho, y nadie ha convencido a las personas de a pie respecto a que su posición se verá fortalecida en la base laboral por la reforma. Según la última encuesta CADEM, solo un 29% se manifiesta de acuerdo con ella y un 48% en desacuerdo.
La baja credibilidad de la política que domina el escenario actual potencia esa percepción, en la medida que las controversias entre la CUT y el Gobierno parecen estar en la misma sede política: el oficialismo, pero enrumbadas a su solución mediante movilizaciones y huelgas.
La reforma puede pasar fácilmente de selectividad radical de política pública a crisis de coalición oficialista; y los argumentos de cambio cultural, a mejoras micropolíticas de posiciones burocráticas. Si el proyecto carece ya de consenso entre sus impulsores, es claro que no fue suficientemente trabajado en lo político y perdió de vista que una negociación colectiva es un debate micropolítico sobre el poder económico, pero de amplias consecuencias para la estabilidad de las relaciones laborales en el país. Marzo dirá si el tema es parte del derrumbe político de la coalición gobernante.
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