“Acuerdo final para comisión mixta”. Así se titula el documento con el cual el gobierno despejó el camino para la aprobación de las polémicas y resistidas “adecuaciones necesarias” en la huelga. La norma fue respaldada por 68 diputados, incluidos los jefes de bancada del PPD, la DC y el Partido Radical. En contra votaron 36 parlamentarios, entre ellos los representantes de los comités comunista y socialista.
Asegurar el despacho de este artículo no fue fácil. Al contrario, demandó al gobierno emplear todo tipo de herramientas para lograrlo. Incluso “hubo fuertes presiones”, acusaron desde el Partido Comunista.
Los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, e Interior, Jorge Burgos, analizaron el documento antes de ingresar a la oficina de la Segpres de la Cámara de Diputados. Allí se reunieron, junto a los titulares de Trabajo y las secretarías generales de la Presidencia y Gobierno, con los jefes de bancada de la Nueva Mayoría y los presidentes de partido del bloque.
A todos ellos les entregaron la propuesta del Ejecutivo y el siguiente mensaje: “Las adecuaciones necesarias se debían aprobar sí o sí. No sólo con el respaldo de la derecha, también con el apoyo de los partidos de gobierno”. A esa altura, no importaba si las bancadas votaban divididas.
Burgos y Valdés se trasladaron hasta el Salón Plenario del Congreso. Allí analizaron el documento con el presidente de la DC, Jorge Pizarro, y el senador Andrés Zaldívar. Luego se sumó Carolina Goic, del mismo partido. La falange recibía una nueva redacción para la negociación colectiva interempresa que debía estudiar.
En la Cámara, el diputado comunista Daniel Núñez entregó la propuesta de gobierno a Lautaro Carmona, quien -luego de analizarla-, concluyó: “No hay ningún voto de la bancada para las adecuaciones necesarias”. Eso sí, el documento proponía una indicación para la huelga en empresas subcontratistas, que debe ser refrendada en comisión mixta.
En la misma corporación, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, conversó con los diputados de la colectividad. La senadora logró su objetivo y desactivó el rechazo en bloque que la bancada había anunciado para la polémica norma. “Vamos a votar divididos”, comentó uno de los legisladores, con evidente resignación.
Con un panorama similar en el PPD y el respaldo mayoritario de la DC, el gobierno respiraba tranquilo: aseguraba la aprobación del artículo con un respaldo importante del bloque oficialista. También de la derecha, pero eso no importaba. Además, amarraba el rechazo a la negociación interempresa y la huelga pacífica.
La votación
Sólo un traspié tuvo el gobierno en la votación en la sala de la Cámara. Con 62 votos en contra, los diputados rechazaron una enmienda sobre negociación semi-reglada, que estipula que “los trabajadores se mantendrán afectos al acuerdo del grupo negociador del que sean parte, hasta el término de su vigencia”. El artículo se irá a la comisión mixta.
Lo mismo ocurrirá con la negociación colectiva interempresa, una norma sobre derecho de información y la huelga “pacífica”. El gobierno propuso cambios en estas materias que lograron convencer a los diputados oficialistas, al menos a parte importante de ellos. (Ver nota aparte).
Quiebre de la NM
El PS había anunciado un rechazo en bloque a las adecuaciones necesarias, votación que finalmente no cumplió. En la DC, el PS y el PR hubo votación dividida. Sólo el PC honró su palabra y rechazo la enmienda.
“No sentimos un quiebre, hemos tenido los votos para aprobar el proyecto que envió la Presidenta”, sostuvo la ministra Rincón, luego de la votación en Sala.
El jefe de la bancada DC, Fuad Chahín, reconoció que el respaldo a la norma de huelga “genera fricción” en el bloque oficialista. Sin embargo, “hay costos que pagar”, expresó el parlamentario.
Las adecuaciones necesarias son resistidas por el bloque, por todos los partidos, pero el cálculo político se impuso y había que apoyar una norma que es calificada como “ambigua” y que abre la puerta al reemplazo interno, según concuerdan legisladores de todas las colectividades de la Nueva Mayoría.
El ministro Valdés tuvo que despejar, una vez más, las dudas. “La complejidad de la realidad no se puede poner en blanco y negro, en una ley para todos los casos. El país va a tener que generar su jurisprudencia cuando, dependiendo del caso, sea una flexibilización en un sentido (asegurar el derecho al trabajo de los no sindicalizados) u otro (minimizar los efectos de la huelga)”.
Interempresa: negociación voluntaria en micro y pequeñas firmas
Con un documento de cinco puntos, el gobierno ordenó -parcialmente- la votación oficialista en la sala de la Cámara. Cinco puntos que se traducen en indicaciones que se presentarán en la comisión mixta -la que constituirá en abril-, que por el lado de los diputados será integrada por Patricio Melero (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Lautaro Carmona (PC), Fuad Chaín (DC) y Osvaldo Andrade (PS).
El primer aspecto, sobre «violencia», proponía rechazar los artículos que apuntan a que la huelga y la negociación colectiva se deben ejercer de forma «pacífica». La solución es añadir como práctica desleal el «impedir durante la huelga, por medio de la fuerza, el ingreso a la empresa del personal directivo o de los trabajadores no involucrados en ella».
El punto 2, relativo a la «información», sugiere obligar sólo a las grandes y medianas empresas, «la planilla de remuneraciones pagadas a los trabajadores afiliados a la organización requirente, desagregada por haberes y con el detalle de ingreso a la empresa y cargo o función desempeñada». Esta redacción fue rechazada por el Senado, porque incluía a micro y pequeñas empresas.
«Interempresa», el punto 3 del acuerdo propuesto por el gobierno, repone los artículos sobre negociación colectiva interempresa, estableciéndola obligatoria en medianas y grandes empresas y voluntaria en micro y pequeñas. Eso sí, según puntualizó Ximena Rincón, «si el empleador de firmas de menor tamaño se niega a negociar, se entiende que es un sindicato de empresa».
Finalmente, y pese a que fue aprobado por ambas cámaras, el Ejecutivo presentará una indicación para la norma que plantea que la negociación de una empresa contratista o subcontratista no afectará a la mandante, la que podrá ejecutar directamente o a través de terceros la provisión de la obra que se haya dejado de prestar en caso de huelga. La fórmula para mejorar esta redacción será agregar como práctica desleal «la contratación directa o indirecta de los trabajadores en huelga de una empresa contratista o subcontratista, por parte de la empresa principal».
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