Una disputa entre republicanos y libertarios “de la que hay que alejarse”; un alza en la influencia del PDG; ausencia de una infracción constitucional; falta de votos en el Senado y una contraofensiva opositora sobre el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Estos eran algunos argumentos con que legisladores de la centroderecha advertían que la acusación constitucional (AC) contra el exjefe de las finanzas públicas, Nicolás Grau, traía más costos que beneficios para el oficialismo y la hoja de ruta del Gobierno.
Lo que comenzó como un cuestionamiento técnico el 25 de mayo a la entrega de cifras económicas, ha derivado en una ofensiva que divide a las fuerzas oficialistas del Congreso.
Este martes la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, consideró que la acusación constitucional contra Nicolás Grau es un disparo en los pies. Con ella coinciden varios parlamentarios de su colectividad, como también de Evópoli y Demócratas.
“Las acusaciones constitucionales no tienen por objeto evaluar la gestión de un ministro de Estado. En el caso de estos la causal es de infracción a la Constitución o a la ley”, expresó en su cuenta de X el senador de Demócratas Matías Walker.
Otro legislador de centroderecha advertía que un elemento clave estaba en lo que dijo el abogado Patricio Zapata, el constitucionalista DC que en 1987 derrotó a J. A. Kast en la presidencia de la FEUC: “Lo que tienen que acreditar los diputados acusadores es que había una infracción legal específica atribuible al ministro de Estado. Eso es lo que va a determinar el destino de esta acusación”.
El mapa de apoyos en la derecha revela cisma
El mapa de apoyos parlamentarios revela profundas grietas en las fuerzas que sostienen al Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast. Mientras el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) actúan como los arquitectos de la medida, calificando el episodio como un “engaño financiero masivo”, el resto de la derecha muestra matices significativos que ponen en duda la viabilidad de la acusación.
En la UDI, tras una distancia inicial marcada por no firmar la presentación, la directiva anunció finalmente su respaldo total después de evaluar los antecedentes técnicos. En contraste, en Renovación Nacional (RN), a pesar de que algunos diputados firmaron el libelo, la bancada en su conjunto ha mostrado una evidente reticencia.
Esta división interna llevó a RN a otorgar libertad de acción a sus parlamentarios, advirtiendo que este proceso podría terminar afectando al propio Presidente Kast ante el riesgo de que se establezca un estándar que facilite futuras acusaciones contra el actual ministro Quiroz.
Por su parte, en Evópoli persisten aprensiones importantes, advirtiendo sobre el peligro de “politizar en exceso” discrepancias que tradicionalmente se resuelven mediante ajustes técnicos.
Una postura incluso más tajante sostiene el Partido Demócratas, donde figuras como la diputada Joanna Pérez consideran la AC un “error” político, argumentando que una comisión investigadora era la instancia adecuada. El senador de esta colectividad, Matías Walker, ha sido enfático en señalar que el objeto de estas acusaciones no es evaluar la gestión de un ministro, sino sancionar infracciones a la Constitución o la ley.
“En el Senado no tenemos 26 votos”
Si bien en la Cámara de Diputadas y Diputados se proyecta una aprobación ajustada de aproximadamente 79 votos, el futuro del libelo en el Senado se vislumbra sumamente difícil. Para los acusadores, el mayor temor es que la suerte de Nicolás Grau se convierta en una “moneda de cambio” en las negociaciones de la “megarreforma” impulsada por el Gobierno.
Existe, además, en los pasillos del Congreso el riesgo de que “la acusación sea sacrificada” en aras de acuerdos políticos superiores, lo que provocaría que el libelo se cayera en la Cámara Alta.
Además, en el Senado el oficialismo no cuenta con los 26 votos necesarios para la condena. A esto se suma la advertencia de juristas y parlamentarios de centroderecha, quienes citan al abogado Patricio Zapata para recordar que los diputados deben acreditar una infracción legal específica atribuible directamente al ministro, algo que en la derecha liberal no ven con claridad.
Uno de los aspectos más paradójicos de esta crisis es el llamado “efecto bumerán” sobre el actual ministro Jorge Quiroz.
Diputadas del Frente Amplio como Gael Yeommans ya han advertido que, al validar que las discrepancias metodológicas con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) constituyen un delito constitucional, se sienta un precedente peligroso. Bajo esta lógica, la izquierda podría utilizar la misma herramienta contra Quiroz el próximo año si sus propias proyecciones no coinciden con los análisis autónomos, generando un desgaste permanente en la agenda económica.
El fundamento medular de la acusación surge tras una denuncia realizada por el actual titular de Hacienda, quien detectó un desfase superior a los US$ 10.500 millones –equivalentes a cerca del 2,9% del PIB– omitido en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de 2025. Este hallazgo constituye el eje principal del libelo: la entrega de proyecciones fiscales erróneas respecto al déficit, el gasto y la deuda pública.
Ante el hallazgo, el ministro Quiroz informó hace dos semanas la apertura de una investigación sumaria para determinar si estas inconsistencias eran un “error técnico” involuntario u “otro tipo de elemento” con intencionalidad política.
Matices políticos y la defensa técnica
La presentación de la AC también ha estado marcada por una carrera por la paternidad del libelo y una evidente descoordinación entre el Partido Republicano y el PNL. Figuras como Benjamín Moreno (Republicanos) y Johannes Kaiser (PNL) anunciaron la medida por separado, en un intento de capitalizar primero el impacto comunicacional de la crisis.
En el ámbito técnico, el exministro Grau ha sumado aliados de peso. Un grupo transversal de exministros de Hacienda –incluidos Valdés, Marcel, Eyzaguirre, Marfán y Velasco– publicaron una carta rechazando el juicio y argumentando que las correcciones de estimaciones entre gobiernos son normales. Grau, por su parte, sostiene que su informe no contiene errores matemáticos, sino que las diferencias responden a supuestos metodológicos válidos del equipo saliente.
Para intentar contener este incendio político, el ministro Jorge Quiroz anunció la entrega de un decreto de política fiscal que transparente los compromisos de su administración, buscando blindar su gestión ante la tormenta desatada por una acusación que, según advierten sus propios aliados, podría terminar enrareciendo el ambiente político y dificultando la discusión de las reformas clave del Gobierno.
Los cuatro pilares del libelo acusatorio
La acusación contra el exministro no se limita a un reproche político, sino que se estructura técnicamente en cuatro capítulos fundamentales que buscan acreditar infracciones legales y constitucionales:
- Infracción a la probidad: se acusa a Grau de faltar al deber de transparencia al presentar cifras con severas inconsistencias, lo que en el debate público ha sido calificado como un “maquillaje” financiero.
- Vulneración de la Ley de Administración Financiera: se le imputa no haber coordinado ni transparentado adecuadamente la gestión financiera del Estado, responsabilidad inherente a su cargo.
- Vulneración de la universalidad presupuestaria: apunta directamente a la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para el año 2026, lo que distorsionaría la realidad económica del país.
- Descoordinación en deuda y gasto: el texto sostiene que los componentes de balance y deuda en el programa financiero 2026-2030 presentan trayectorias aritméticamente incompatibles entre sí.
Como ejes secundarios, el libelo de 451 páginas enfatiza que organismos internacionales y técnicos, como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), emitieron alertas previas sobre las presiones presupuestarias que el entonces ministro Grau habría desoído.