Dos ataques con elementos cortopunzantes se registraron la semana pasada en el centro para infractores de ley del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Limache, en la Quinta Región. Ambos hechos, además del lugar, tienen en común tres puntos: las víctimas resultaron con graves heridas, el arma utilizada era una cuchara y ambos victimarios eran mayores de edad.
Este último punto abrió la interrogante: ¿Por qué hay adultos en los centros Sename? En primer lugar, hay que diferenciar entre quienes residen en centros para infractores de ley y quienes se encuentran en áreas de protección de derechos.
En los recintos para infractores, según el último anuario del Sename, en 2015, la población penal era de 1.537 personas mayores de 14 años (ver infografía). De acuerdo a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), los menores que cometen delitos sólo pueden ser imputados, y por ende, sujetos a reclusión, a partir de esa edad.
La sanción privativa de libertad de parte de los tribunales para los menores siempre se cumple en establecimientos del organismo. Allí deben cumplir su pena en un centro de internación provisoria (en prisión preventiva), de Internación en régimen cerrado (condenados) y semicerrado (reclusión parcial).
De acuerdo a las últimas cifras de la institución, en los establecimientos de internación provisoria son más los menores que los adultos; sin embargo, en los de régimen cerrado y semicerrado, los mayores de edad ocupan más de la mitad de las plazas. En tanto, en términos generales, 734 mayores de edad se encuentran en centros privativos de libertad, lo que representa casi un 48% del total.
Según la legislación vigente, cuando una persona es condenada siendo menor, debe cumplir su pena en un recinto del Sename, independiente si durante el tiempo que transcurre su sanción cumplió la mayoría de edad. Desde el Servicio explicaron que “tres meses antes de que un joven cumpla los 18 años, Sename envía un informe al juez solicitando su permanencia en el centro privativo de libertad, donde se da cuenta de los avances de su proceso de reinserción y la conveniencia de que permanezca en el centro”.
Para la diputada UDI, Claudia Nogueira, “es impresentable que hoy mayores de edad cumplan condenas en estos centros, independiente si el delito lo cometieron como menores, porque se genera un contagio criminológico hacia los más chicos. Con esto estamos impidiendo la reinserción de los menores. Necesitamos ya una nueva ley RPA y un nuevo Sename”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, planteó que “la oferta que se tiene que dar es especializada para asegurar el proceso de reinserción. Hasta hace poco no habían programas laborales”.
Areas de protección
Las áreas de protección son centros donde están los menores vulnerables, ya sea con problemas físicos y mentales, como también quienes no tienen una familia que pueda cuidarlos. Los mayores de edad en estos recintos, de acuerdo a cifras del Sename, llegaban a 1.197 a mayo de 2016, lo que corresponde al 14% del total de las personas que residen en estos lugares.
Según explicaron desde la institución, las principales causas por las que los jóvenes se quedan en la red, habiendo cumplido los 18 años, son, por ejemplo, que no fue posible su adopción o que el adolescente tenga alguna discapacidad profunda que le impida prepararse para la vida independiente, como el caso de usuarios del organismo colaborador, Pequeño Cottolengo. De acuerdo a lo informado por el Servicio, “la mayoría son personas que padecen enfermedades crónicas o discapacidades neurológicas, quienes no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de su cuidado”.
Para la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, Gloria Negroni, “lo más complejo de esto es que hay que pensar que los más vulnerables son los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. El Estado tienen una deuda en general con la infancia, y, con esto, uno se da cuenta que entre más vulnerables somos menos visibilizados somos”.
En esa misma línea, Negroni señaló que “hay niños y adolescentes que se han ido convirtiendo en adultos y no tienen posibilidad de egreso. No hay quien se pueda hacer cargos de ellos, pues la sociedad no se ha hecho cargo, no se ha podido hacer cargo de personas con estas incapacidades”.
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