En marzo de 2017 vence el plazo para que los colegios que actualmente son subvencionados informen al Mineduc si se mantienen como tales y se adaptan a la nuevas normativas de la Ley de Inclusión, lo que implica transformarse en entidades sin fines de lucro; o, de lo contrario, si deciden convertirse en colegios pagados o cerrar. Así, en diciembre de ese mismo año vence el plazo para que ese cambio se materialice.
El proceso para esta transformación se abrió el 1 de marzo de este año, cuando comenzó a regir esta nueva normativa legal que elimina el lucro, el copago y la selección. A partir de entonces los sostenedores que quisieron transformarse en fundaciones podían solicitar el cambio. Sin embargo, cuando faltan ocho meses para que tengan que decidir, sólo el 5% de los colegios, de un total de 3.723 que persiguen fines comerciales, ha logrado transformarse en un colegio sin fines de lucro. Así lo revela un informe elaborado por el gobierno y que presenta los avances y las tareas pendientes en la implementación de la Ley de Inclusión. Este documento, al cual tuvo acceso La Tercera, arroja también que hay 124 establecimientos a lo largo del país que presentan riesgo de cierre.
El informe fue presentado a la Presidenta Michelle Bachelet, dada la preocupación que ha suscitado y los reiterados llamados de un grupo oficialista que pide modificar algunos aspectos de la ley, así como algunos plazos.
Para que un colegio se pueda transformar, primero debe crear la persona jurídica sin fines de lucro, luego debe solicitar que esta fundación sea el nuevo sostenedor del establecimiento. Para decidir dar este paso o abandonar el sistema subvencionado, ya sea cerrando o mutando a un recinto particular pagado, los dueños deben evaluar una serie de factores, como las reglas para adquirir el inmueble. La ley establece que tienen hasta 2020 para lograr comprar el terreno donde funciona su escuela o liceo. Sin embargo, los dueños de colegios denuncian un duro escenario, el cual ya ha sido advertido por el gobierno.
El documento así también lo alerta: “Un número importante de sostenedores dice que estudia si continúa en el sistema o si sale para ser particular pagado o cerrar” y agrega que “las salidas del sistema de establecimientos de educación general y de educación diferencial puede generar problemas de cobertura de matrícula”.
El informe señala que se está elaborando un catastro de posibles situaciones de conflicto, por lo que se pidió a los directores de educación provincial que contacten a esos sostenedores.
“Hasta ahora no han salido tantos del sistema, tampoco se han transformado muchos. Eso no es complicado, el verdadero problema es que si siguen las mismas condiciones, la incertidumbre y el malestar de los sostenedores crecerá, y ahí sí se producirán cierres y migraciones”, señaló Hernán Herrera, presidente de Colegios Particulares de Chile (Conacep).
Agregó que “esto tiene varias patas cojas, una es la propiedad: debiera ampliarse el plazo para continuar arrendando. No se logrará llegar a 2020 con todos los colegios con sus terrenos comprados. Al menos ese plazo debiera extenderse a 2025”.
Para Jaime Molina, vocero de la red de colegios subvencionados de la V Región (Redco), las complicaciones que tienen con los plazos se agudizan por la falta de reglamentos clave, como el que regula las tasaciones de los inmuebles y establece las condiciones para que Corfo sea aval de los préstamos bancarios que solicitan los sostenedores.
Rodrigo Díaz, abogado de la Federación de Instituciones Particulares (Fide), señaló que advirtieron que “cambiar la estructura jurídica de entre 3.000 y 4.000 colegios no era sencillo, ya es complicado sin considerar operaciones inmobiliarias y de otro tipo que mandata esta ley”.
Molina agregó que los colegios se encuentran presionados “porque esto no se posterga (el plazo). Hay colegios que están apurando la decisión que deben tomar en marzo y se están transformando en particular o cerrando, y no van a avisar a sus comunidades escolares hasta el último minuto”.
Según Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional, el último reporte (del viernes) arroja que 567 sostenedores lograron crear la fundación para que administre el colegio y que 217 lograron completar el traspaso. “Los números son alentadores, muestran el compromiso de los sostenedores particulares subvencionados con sus proyectos y con los cambios que establece la Ley de Inclusión”
Palma remarcó que “no es correcto señalar que en marzo los sostenedores deben decidir si pasan a particular pagado o son gratuitos, ya que pueden continuar con financiamiento compartido siempre o hasta que el Estado sustituya completamente el aporte que los padres están haciendo este 2016, lo que depende del nivel de copago y de cuánto vaya creciendo el aporte del Estado”.
En esa línea subrayó que la decisión que deben tomar los sostenedores en marzo es “si sigue con su proyecto educativo actual o si lo modifica para poder retirar utilidades, que dicho de otra forma, es retirar una parte de lo que los padres aportan para la educación de sus hijos con el objeto de destinarlo a otras actividades comerciales, industriales o recreacionales diferentes de la educación”.
La petición del Congreso
El diputado Jaime Bellolio (UDI) señaló que todo esto “demuestra que hay un fracaso total de la política del gobierno. Lo anunciamos en 2014 y ellos insistieron que no era verdad, que los colegios que querían salir o pasar a particulares pagados era porque lucraban, pero hoy se demuestra que su preocupación es concreta y el gobierno lo sabe”.
En el oficialismo también hay preocupación en torno a esta emblemática iniciativa. En junio un grupo de senadores de la Nueva Mayoría, entre los que figuran Fulvio Rossi (PS), Andrés Zaldívar (DC), Carlos Montes (PS) e Ignacio Walker (DC) pidieron, a través de una carta,“el envío de un proyecto de ley que prorrogue la vigencia de los arriendos, al menos por cinco años más (2025)”, consigna la misiva.
A ellos se sumó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que acordó que habría una mesa de trabajo entre los sostenedores y el Mineduc. “Si se requiere de más tiempo, el ministerio tendrá que tomarlo en cuenta”, señaló Alberto Robles, presidente de la instancia legislativa.
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