Ambos dirigentes de AGENCHI, denuncian la retención de sus remuneraciones, porque la institución desconoce su rol sindical durante cinco años. La sanción del descuento se aplicó a los funcionarios, sin la existencia de un sumario ni la posibilidad de defenderse.
Molestos están Héctor Palma y Alex Vega, porque Gendarmería no reconoce que ellos fueron dirigentes sindicales de AGENCHI durante cinco años. Por esta razón la institución en los meses de julio y agosto les retuvo sus salarios, casi por completo, para pagar la supuesta deuda que tendrían con el Estado por no haber trabajado en ese período y haber percibido sus remuneraciones.
Lo que más tiene afectados a los funcionarios, quienes actualmente son dirigentes sindicales de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), es que la institución hizo curso de la medida de sanción, sin antes haber investigado.
“No hay ningún sumario realizado al respecto, nosotros no tuvimos el legítimo derecho de defendernos y mostrar nuestras pruebas que demuestran que sí fuimos dirigentes sindicales”, señaló Palma.
En la misma línea el secretario general de la CAT, Alfonso Pastene, dijo que los sancionados “han participado en mesas de trabajo de gendarmería y del ministerio de Justicia, son consejeros nacionales de la central, su trabajo sindical es comprobable. Acá hay una persecución, una política antisindical que está llevando gendarmería”.
El abogado de la central, Claudio Rivera, aseguró que esto es un atentado grave por parte del Estado a los trabajadores: “Reducir el sueldo de una persona a 20 mil pesos mensuales, significa en la práctica dejar a una persona en la precariedad y en el fondo, atentar contra su vida”.
El asesor de la CAT, agregó que “vulnera los principios del debido proceso que el Estado sea juez y parte, o sea, notificarle a una persona ‘oiga usted me debe 90 millones de peso’, sin que esa persona tenga derecho a una legítima defensa es ilegal”.
El otro funcionario afectado Alex Vega, que está en la misma situación de Palma, contó que “hemos ejercido todas las instancias de diálogo tanto institucionales como ministeriales y vemos que estamos siendo ignorados por la autoridad. Se han comprometido en solucionar por la vía administrativa, pero no avanzan en nada y continuamos siendo vulnerados”.
Los funcionarios están a la espera de reunirse con las autoridades de la institución, y de no encontrar una respuesta, no descartaron seguir acciones legales en los tribunales nacionales y buscar apoyo en la solidaridad internacional de los trabajadores.
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