La Ley de Presupuesto plasma la voluntad política de un gobierno. Expresa ante el país sus prioridades para el año pero, lo más relevante, orienta respecto de su hoja de ruta. Dibuja el horizonte deseado y precisa cuales son las claves que deberían otorgarle el respaldo de los ciudadanos para asegurar la sucesión de un gobierno del mismo signo político.
Se discute en el parlamento el proyecto de ley que dará origen al Presupuesto 2012. Como es conocido, en nuestro régimen político es el Ejecutivo el que tiene la manija de la discusión presupuestaria. Las atribuciones finales de los legisladores son más bien limitadas, aunque existe un campo de negociación que muchas veces son aprovechados por diputados y senadores para obtener ventajes en sus distritos electorales. Un consultorio que cambia de comuna puede también alterar el voto de un honorable. Como las materias son tan diversas y no siempre los recursos fiscales son utilizados para contratar asesorías de calidad que informen fundadamente el voto de los parlamentarios, no son muchos entre éstos los que aprovechan a fondo sus posibilidades de intervenir en la discusión de esta ley de la máxima importancia.
La Ley de Presupuesto plasma la voluntad política de un gobierno. Expresa ante el país sus prioridades para el año pero, lo más relevante, orienta respecto de su hoja de ruta. Dibuja el horizonte deseado y precisa cuales son las claves que deberían otorgarle el respaldo de los ciudadanos para asegurar la sucesión de un gobierno del mismo signo político.
¿Cumple este Proyecto de Ley los enunciados anteriores? La respuesta es tajante, NO. Los números de los ministerios y servicios que hemos revisado comparten las siguientes características:
Las propuestas de gasto e inversión son incoherentes con el discurso público de las autoridades y en particular de las autoridades sectoriales. Basta revisar las afirmaciones sobre Educación para percatarse que no hay vínculo alguno entre las posiciones publicitadas por el gobierno y las partidas que deberían respaldarlas. Ejemplos: Se dijo que se aumentaría la subvención escolar y esta sólo mejora un 2,9% respecto del año anterior. Se ofrece un 40% de gratuidad para educación superior e incremento del aporte basal a las universidades. No existen partidas que sustenten tales afirmaciones.
En Salud, el ministro efectúa ofertas de normalización de Plantas e incluso de incentivos por desempeño, sin que nada respalde este discurso.
Lo mismo ocurre en las políticas para favorecer lo que el gobierno llama «clase media». En los ministerios sociales no es posible encontrar no sólo respaldos en educación, sino que tampoco en Salud o Vivienda.
Los números no expresan políticas públicas activas, tienen crecimientos inerciales y a veces ni siquiera alcanzan ese rasgo. Si revisamos los números totales de los principales ministerios, si consideramos los problemas más relevantes que anota nuestra población, en Salud se sube un 6,7% mientras que en 2011 fue de 12,5%. En Educación se propone un alza de 12%, como medida a celebrar, en comparación a la media de 13% anual que se efectuó durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Tampoco en Educación se ven los US$4.000 millones del fondo que ofreció el Presidente ni tampoco los US$700 que se adicionarían este año. Todos estos números no están reflejados en datos duros del Presupuesto.
Las propuestas sectoriales no consideran medidas contracíclicas (o lo encubren muy bien). No se perciben iniciativas concretas vinculadas a la crisis que las propias autoridades anuncian con alarma (es probable que los dueños del Retail y otros «inversores» recriminen en privado por este exceso). Por otra parte han considerado un precio del cobre en 3,70 US$ la Libra, desestimando los análisis que proyectan una continuación de la curva descendente hasta atravesar la barrera de los tres dólares para remontar recién el último trimestre de 2012. ¿No se pretende rebatir así a todos los que sostenemos que se requiere Reforma Tributaria porque faltarán recursos?
Las partidas que crecen o tienen alteración en sus destinatarios-ejecutores favorecen políticas privatizadoras o son cuchufletas torpes. Las únicas partidas que crecen en Educación, Salud y otros tienen olor extremo a traspaso a intereses privados, con fines de lucros para ser claros. Está el caso de aportes a universidades privadas (un 50% del aporte total a los centros de estudios superiores) o los distintos bonos de traspaso de recursos en Salud. Dos notables situaciones de pretendidas cuchufletas las podemos encontrar en la rebaja de 2.500 millones del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), para engrosar el presupuesto del Ministro Cruz Coke y en las afirmaciones de que las «platas espejo» del Transantiago, para regiones, se habrían «incorporado directamente a las regiones a través de otros ministerios.
En fin, podríamos continuar pero nuestras afirmaciones parecen sostenerse con lo ya dicho. Lo que es altamente preocupante. ¿A dónde va el gobierno? ¿Quiere acentuar la privatización y mercantilización de las actividades económicas, incluyendo aquellas que la mayoría de nuestros conciudadanos(as) consideran derechos? La impresión que nos deja este proyecto de Presupuesto es que esa opción ideológica está presente, pero no alcanza masa crítica suficiente para hacerla creíble. También es claro que con estos presupuestos no alcanzaremos el desarrollo el año 2020 y tampoco los US$20.000 per cápita , aunque el grueso se lo dejen las pocas familias que controlan Chile, incluyendo al propio Presidente.
Frente a este Presupuesto que revela inercia e ineptitud, y deberíamos agregar mala fe, la oposición con asiento en el parlamento debería cumplir sus responsabilidades mínimas, al menos escuchando a las organizaciones sociales que tienen a bien invitar.
Aniceto González C.
Economista Asociado.
CETRA.
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