El Recurso de Protección que el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, interpuso -en forma inédita- contra su superior jerárquico el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por el sumario que la máxima autoridad del Ministerio Público abrió en su contra tras alejarlo del caso Corpesca, es el más reciente y álgido capítulo de una historia de tensión entre dos visiones contrapuestas sobre cómo enfrentar los casos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas.
Aunque la primera sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el Recurso de Protección, la decisión de la defensa de Arias, Marissa Navarrete (su pareja y la ex abogada jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII que destapó el fraude al FUT), de presentar un Recurso de Reposición ante la misma sala o de llegar incluso a la Suprema, habla de su convencimiento de que el proceso sancionatorio fue ilegal, arbitrario y que Abbott habría vulnerado el debido proceso, al ser quien instruyó el sumario y quien deberá resolver sobre el mismo.
Pero, sobre todo, la pugna entre Arias y Abbott que por estos días tensiona al Ministerio Público dice directa relación con la forma de encarar las investigaciones que tocan a los grandes poderes. La decisión del Fiscal Nacional de remover del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias y abrir un sumario administrativo por su entrevista a La Tercera, más que sancionar una posible infracción al deber de reserva de los investigadores, dar un golpe de timón o un llamado al orden en relación a las declaraciones a la prensa, parece ser una señal sobre cómo proceder en los casos en que están involucrados grupos de interés poderosos.
Cabe recordar que la elección del nuevo Fiscal Nacional se extendió más tiempo que el que la prudencia habría aconsejado tras el término del periodo de Sabas Chahuán, y que a Abbott se le atribuye haber llegado a un acuerdo con el Senado para hacerse del cargo ofreciendo garantías de dar un rápido cierre a las investigaciones por financiamiento ilegal de campañas. En entrevista con la misma Tercera al iniciar su gestión, Abbott reconoció que buscaría una fórmula para acotar las investigaciones sobre delitos tributarios y financiamiento irregular a la política, y darles un pronto término, tratando de investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas.
Abbott había transparentado su doctrina. El Fiscal Pablo Gómez, a cargo del caso SQM, la aplicó a la perfección cuando señaló que ninguno de los investigados arriesga penas efectivas de cárcel y luego se enfrascó en una polémica con el Fiscal Arias por la fecha en que se conocieron los correos entre Longueira y Contesse, que generó cuestionamientos sobre por qué no inició antes la indagatoria al ex ministro de Economía.
La remoción de Arias se da justo en momentos en que el Fiscal de O’Higgins indagaba similitudes entre los delitos cometidos por Corpesca y otras federaciones pesqueras de la región del Bío Bío como Asipes y Asipac, las cuales podrían estar en conocimiento de acciones de lobby a parlamentarios que podrían ser constitutivas de delito.
Origen espúreo Ley de Pesca
Las afirmaciones de Arias respecto de que podrían haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delito, no parecen representar una gran novedad ni filtraciones sobre las investigaciones, dada la existencia de indicios concretos asentados en el caso Corpesca que le valieron la prisión preventiva a Orpis.
En definitiva, lo declarado por Arias a la prensa es, simplemente, lo que ha quedado reflejado en resoluciones de Tribunales de Garantía y de la Corte de Apelaciones: que en la tramitación de la Ley de Pesca hubo comisión de delitos, antecedentes que han sido acreditados en el caso del senador de la UDI, actualmente desaforado y formalizado cumpliendo medidas cautelares en su casa tras pasar varias semanas en la cárcel. Siendo así, lo más probable es que el caso de senador no sea el único, lo que cuestiona la legitimidad de origen de dicha legislación, la cual debiese ser anulada por su germen espúreo.
Por su parte, la máxima autoridad de Ministerio Público desestimó un posible afán de censura de las opiniones que legítimamente puedan dar los fiscales a los medios y argumentó que el fiscal anticipó juicios que ponen en duda la imparcialidad y objetividad que tiene que tener un fiscal. Su decisión se basa en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que fue modificada recientemente en la Agenda Corta Antidelincuencia, en que se estipula que los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación.
Sin embargo, la Asociación de Fiscales señaló que una mala interpretación de dicho artículo permite que en investigaciones de alto interés ciudadano, se eche mano de esta norma para privar a la ciudadanía de información relevante. Al criticar la medida, la Asociación planteó que se confirman sus aprehensiones manifestadas durante la tramitación de la polémica iniciativa legal, que cuando las causas afecten a grupos de poder se valdrían de ella para mantener desinformada a la ciudadanía.
No se equivoca el fiscal Arias en su entrevista en La Tercera sobre la posibilidad de que haya más políticos involucrados en el caso Corpesca. Es tan transversal el financiamiento irregular de campañas, que incluso un dirigente pesquero cuyo liderazgo en las movilizaciones contra el alza del gas en Aysén lo encumbraran al Parlamento, como es Iván Fuentes, reconoció que había sido apoyado por pesqueras en su campaña, echando por tierra las esperanzas de que los nuevos liderazgos no estuvieran contaminados por las viejas y malas prácticas de la clase política. Estos antecedentes están incluidos en la investigación sobre la Asociación Gremial Pesquera Fipes, arista que Abbott separó del caso Corpesca derivándola a la Fiscalía de Aysén, a pesar de la solicitud de la fiscala Ximena Chong de que estuvieran juntas para identificar si ambas se topaban en algún punto.
Nuevamente los porfiados hechos hablan de lo contaminada que está la Ley de Pesca y de cómo los intereses de Corpesca quedaron estipulados en el articulado, como muestra de “agradecimiento” de los parlamentarios financiados por la pesquera. Según una investigación de Ciper, el artículo transitorio incorporado a la legislación por los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS) permitieron a Corpesca un ahorro de $4.679 millones en tres años, al beneficiarse de un techo de 40% al pago de la Patente Única Pesquera bajo el pretexto de cuidar la tasa de desempleo de la industria pesquera. Más claro, echarle agua.
“La Ley Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. Lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en la génesis de esta ley hubo corrupción”, señaló en la polémica entrevista el fiscal cercano a Chahuán, que ya había sido sacado por Abbott del caso SQM y que es quien más antecedentes tiene del caso Corpesca. Habrá que esperar a qué conclusiones llega el nuevo Fiscal nombrado por Abott para el caso, Julio Contardo, quien, paradojalmente, enfrentó un sumario interno por supuestas filtraciones, por lo que debió marginarse de una investigación por fraude al Fisco y lavado de activos contra el entonces alcalde de Hualpén.
Que el Derecho Penal tiene un sesgo de clase, es una afirmación con contundente evidencia que por momentos quedó en entredicho en marzo de 2015 cuando en la televisada audiencia de formalización que terminó con la prisión preventiva de los ejecutivos de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el entonces Fiscal Nacional Sabás Chahuán (que personalmente había tomado el caso) señaló en un encendido y hasta épico alegato que “la ley es igual para todos y nosotros queremos que este sistema de justicia criminal sea una red que deje de atrapar solamente mariposas, dejando pasar los elefantes”. Hoy, el fondo de la pugna Arias v/s Abbott es si los paquidermos seguirán escapando a las redes del sistema penal.