La última encuesta Auditoría de la Democracia del PNUD viene a aportar más evidencia sobre el estado actual del sistema de partidos políticos. El estudio –consistente con varios otros– confirma cómo la “distancia y falta de identificación política ha aumentado de manera sistemática: quienes no se identifican con ninguna posición política (ni izquierda, ni centro, ni derecha) pasa de un 34% (2008) a un 83% (2016). A su vez, quienes no se identifican con ninguno de los partidos políticos existentes pasa de un 53% (2008) a un 83% (2016)”.
Ciertamente, la actual crisis de los partidos políticos, su descrédito, pérdida de relevancia, es manifestación de una crisis todavía más profunda. En esta no se puede soslayar la responsabilidad que tienen los propios partidos. Lo anterior se expresa en cómo está comenzando a ser evidente que los ciudadanos se están retirando y distanciando de la política y, sobre todo, de los partidos políticos. Incluso cuando votan ?lo que está ocurriendo con menos frecuencia desde la elecciones de 1997, o en menores proporciones? sus preferencias parecen estar guiadas por consideraciones partidistas con menos frecuencia que antes.
Junto al sistema de incentivos y restricciones al sistema de partidos que impuso la actual Constitución ?con su conjunto de enclaves, primero autoritarios, y los actuales, resultantes de la transición?, es necesario agregar el cambio significativo en el comportamiento electoral que se comienza a evidenciar a partir de las elecciones presidenciales del año 2000.
Habría que agregar dos procesos ?menos estudiados que los anteriores? que configuran los rasgos actuales del sistema de partidos chilenos: 1) el desarraigo de las organizaciones de partidos en la sociedad; y, 2) la gubernamentalización de la acción de los partidos que se dirige menos a representar interés y cada vez más a ocupar un rol de agentes del Estado.
En relación con lo primero, la situación de los partidos es resultado de la dispersión y fragmentación de lo que fue el entorno cultural que solía albergar a los partidos históricos chilenos. La Iglesia, la Masonería, los sindicatos, la redes de grupos campesinos, asociaciones empresariales e incluso clubes sociales se combinaban antaño con las organizaciones políticas para crear una simbiosis social y política que contribuía a vincular a los partidos con la sociedad y a identificar en cierto modo sus nichos de electorado. En los últimos treinta años estas amplias redes se han ido fracturando y desapareciendo. Como resultado del debilitamiento de las organizaciones hermanas, pero también de la creciente individualización de la sociedad, los partidos se han ido desarraigando de las identidades colectivas y, con ello, de la sociedad.
Hoy no parecen existir muchos incentivos para militar en política partidaria. Ser militante de alguna colectividad no constituye ningún privilegio, ni para incidir en la toma de decisiones. Si acaso lo es para acceder a posición política, pero solo cuando se pertenece a algunas de las corrientes, grupos, facción o “lotes” internos.
Observamos un proceso creciente en que las consideraciones de éxito electoral están empujando a los líderes de los partidos a mirar más allá de sus afiliados y buscar orientación en el electorado más allá de los cuadros partidarios. La voz del votante en general pareciera tener más peso que la de los militantes activos, y las opiniones de los grupos de poder, “lotes” o tendencias, con frecuencia influyen más que la voluntad de los propios militantes, expresadas a través de las instancias y mecanismos formales de toma de decisión interna.
En segundo lugar, el distanciamiento de los partidos con la sociedad civil y sus instituciones sociales ha corrido en paralelo con una suerte de proceso de gubernamentalización de las colectividades políticas. Los partidos han cimentado su vinculación con el Estado y las instituciones públicas, dando una prioridad creciente a su papel de órganos de gobierno más que de representación. Esto se ha expresado de forma concreta en una orientación por ocupar cargos públicos y obtener posiciones en la estructura gubernamental, no solo en la expectativa habitual sino también como un fin en sí mismo.
Los partidos se dedican ahora a gobernar o a esperar que les toque gobernar. Así, el centro de gravedad se desplaza hacia las responsabilidades de gobierno. De este modo, el control de los partidos se ejercerá desde el gobierno, debilitando la función de identificación y representación de los intereses y demandas sociales que tradicionalmente intermediaron. Esto explica la desconexión con la realidad social.
El estrechamiento de la vinculación con el Estado ?que se acrecentará ahora más con la financiación pública de la política? forma parte del proceso de gubernamentalización en detrimento de la función de representación e intermediación de intereses y demandas.
Por último, la distancia entre los partidos y los ciudadanos se profundiza también. Esto, al mismo tiempo que han disminuido las diferencias entre los partidos, procesos ambos que se refuerzan mutuamente, provocando una indiferencia de la ciudadanía hacia el mundo de la política en general.
Lo anterior explica asimismo el debilitamiento del rol de la oposición en el actual sistema. Quien está en la oposición tiende a considerarse así solo de manera provisional. Es más importante alcanzar el poder que representar a la gente. Cada vez se piensa menos en términos de una oposición duradera y más de una salida temporal del gobierno. Observamos cómo la oposición, en términos concretos, se articula desde los extramuros de la política a partir de los movimientos sociales con sus nuevos y viejos repertorios de protesta. De este modo, no solo el rol de oposición se ha desplazado desde los partidos, sino que también las funciones de intermediación están desapareciendo o, al menos, están siendo absorbidas parcialmente por otros actores.
Mientras los partidos sigan apostando por el actual estilo anestesiado de hacer política, mientras permitan una vida interna empobrecida y, sobre todo, mientras la política siga desenfocada de los problemas de la gente, la actual crisis de autorización democrática, esto es, de quien hace la política, será cada vez más de difícil revertir y seguirá poniendo en duda la necesidad de instancias de intermediación en las que, en definitiva, se forma la voluntad política.
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