Un oficio a las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas acordó enviar la comisión investigadora de la Cámara que indaga las pensiones en las ramas castrenses y en Gendarmería.
El objetivo es que se responda sobre las fundamentaciones que explican la entrega de jubilaciones por concepto de invalidez.
El lunes 3, el vicepresidente ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas, expuso ante esa instancia legislativa. Y en una presentación en Power Point que entregó a los diputados se señala que “a diciembre de 2015 se pagaron 106.723 pensiones”. De ellas -según el documento-, 6.169 correspondieron a jubilaciones por invalidez, que se catalogan como de “inutilidad” de primera, segunda o tercera clase (425, 5.633 y 111, respectivamente). En total, corresponde a un desembolso de $ 5.249 millones.
La de segunda clase se define, según un escrito elaborado en 2012 por la Dirección de Presupuestos (Dipres), como “aquella que, además de imposibilitar la continuidad en el servicio, deja al individuo con inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas”.
Uno de los casos que está siendo analizado por la comisión investigadora es el de una jueza, lo que fue advertido por el diputado Leonardo Soto (PS) -quien es el presidente de esa instancia fiscalizadora- en la última sesión. Sin embargo, aquella vez el parlamentario no entregó detalles.
Se trata de Patricia Rivera Narváez, quien se jubiló como funcionaria de Capredena con $ 1.752 mil en 1998, mismo año en que Contraloría dictaminó que las pensiones no podían superar las UF 60. Rivera, sin embargo, figura en un listado entregado a la comisión investigadora entre quienes exceden ese límite. Y es situada en la categoría de pensión de invalidez de segunda categoría. Actualmente, no obstante, se desempeña como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago.
Otro caso incluido en ese registro, y que fue difundido el fin de semana pasado, es el del general en retiro Patricio Franjola, ex auditor de la Fach, quien recibe una pensión de $ 6 millones 800 mil, lo que fue cuestionado por el contralor Jorge Bermúdez en la sesión de la comisión realizada la semana pasada.
Ese listado -entregado por Capredena a través de un oficio a la comisión a fines de julio- detalla 36 casos de jubilaciones por sobre el límite legal fijado por Contraloría, en el que aparecen la cuñada de Juan Emilio Cheyre, con una pensión de $ 3 millones, y la hermana del general (R) Alfredo Ewing, con $ 4,8 millones. Y es esta situación la que indaga la comisión: si hubo presiones indebidas de altos mandos y generales en retiro.
Pero, ahora, la instancia decidió abrir, en paralelo, una nueva línea de investigación sobre la entrega de pensiones de invalidez.
Según un dictamen de la Contraloría, “los titulares de una pensión de retiro por inutilidad de segunda clase únicamente se encuentran impedidos de ejercer cargos remunerados en las instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, incompatibilidad que no se aplica a los casos en que estos perciban sueldos u honorarios en otros organismos de la administración del Estado”.
Pese a ello, el diputado Soto considera que el problema es que “prácticamente nadie fiscaliza cuáles son los diagnósticos médicos que las fundamentan y justifican, por lo que ahí hay un espacio para el abuso que es necesario revisar a fondo”.
Todo esto -agregan en la comisión- considerando que varios de ellos son civiles y no están expuestos a ejercicios de guerra que expliquen un alto número de afectados por invalidez, certificación que entrega, además, una comisión de sanidad interna de las FF.AA.
La instancia legislativa también consultará sobre este tema al Ministerio de Defensa y a Contraloría.
Denos su opinión