Precarización laboral con horarios propios del siglo XIX. Así se manifestaron sindicalistas y abogados laborales al anuncio realizado por el Gobierno respecto a cómo funcionará la concentración de la semana laboral.
Cuando entre en vigencia la nueva reforma del sector, a partir del primero de abril, se podrá trabajar cuatro días, con jornadas efectivas de 12 horas y tener fines de semana de tres días.
Para el abogado laboral, José Luis Ugarte, se ha mostrado el lado amable de la normativa, sin embargo, esto no es más que precarizar las condiciones de trabajo, que puede derivar en explotación, ya que se esconde una sobrecarga de la jornada.
El jurista criticó la idea de ampliación de jornada y dijo: “Cuál es la flexibilidad en favor de los trabajadores, yo no veo ninguna, sólo la extensión de la jornada diaria propia del siglo XIX, doce horas de trabajo efectivo. Te recuerdo que la lucha hace 100 años era 8 horas de trabajo, además es impresentable que parlamentarios de la Nueva Mayoría que votaron a favor de la norma, ahora estén rasgando vestiduras con el exceso de jornada”.
Al respecto, el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, especificó que este nuevo artículo presente en la nueva normativa laboral va a significar una imposición del horario por parte del empleador, y será de acuerdo a su propio proceso productivo.
El especialista precisó que existirá una obligatoriedad implícita cuando el contratante necesite que se haga una jornada específica y donde para el trabajador va a ser imposible refutar o negarse a tal medida.
En este sentido, el especialista dice que “la norma está señalada como voluntaria, pero de alguna manera los empresarios buscarán el acomodo para su proceso productivo y entonces ahí van a pedirle si quieren hacer esa jornada, obviamente los que no la tomen van a encontrase con dificultades”.
En tanto, el dirigente sindical José Ortiz, calificó como un volador de luces este aspecto de la normativa, “donde se le hará creer al trabajador que tendrá menos jornada laboral, pero no será así.”
El ex secretario general de la CUT precisó que detrás de esta publicitada medida, en realidad se vuelve a una legislación de tiempos de dictadura que permitirá contratar personal en caso de huelga y se prohibirá la negociación por rama laboral.
Según el ex dirigente de la asociación gremial ésta es “una mala reforma que no cumplió el compromiso presidencial de poner en armonía los convenios y normativas suscritas con Naciones Unidas y la OIT. Lo que corresponde es que el Estado chileno, el Gobierno, la Presidenta Bachelet y la Dirección del Trabajo se aboquen a eso, ya que están incumpliendo los principios y libertad sindical de los trabajadores”.
Por su parte, el dirigente sindical José Ortiz, criticó a la Central Unitaria de Trabajadores y la acusó de permisiva al no actuar a través de movilizaciones que revirtieran tales medidas que benefician exclusivamente a los empresarios.
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