A través de un comunicado, visado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, el Ministerio Público anunció que deberá archivar o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, debido a la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas.
“Ante numerosos oficios de diferentes fiscales a cargo de investigaciones que involucran hechos constitutivos de delitos tributarios, el Ministerio Público ha resuelto archivar o no perseverar en estas investigaciones cuando no ha obtenido respuesta del SII, cada vez que frente a los mismos hechos el Servicio ha decidido recurrir a los Tribunales Tributarios. La fiscalía ha tomado tal decisión en el entendido de que no se ejercerá, por ahora, la acción penal (…). La línea seguida por la fiscalía apunta a evitar mantener vigentes investigaciones que no pueden prosperar, sin la previa instancia del Servicio”, explicó el Ministerio Público.
En el mismo documento hacen ver sus cuestionamientos a que el SII tenga exclusividad para perseguir investigaciones de carácter tributario: “Los delitos relacionados con la recaudación de recursos públicos son especialmente graves, pues atentan contra el interés de cada uno de los ciudadanos y del país en su conjunto. En esta perspectiva es que la fiscalía no puede dejar de insistir en que el ejercicio de la acción penal en materias de delitos tributarios, electorales y también de colusión debiera estar en manos del Ministerio Público, pues es el órgano constitucional autónomo que tiene la exclusividad en la dirección de las investigaciones penales, lo que aseguraría la plena igualdad de las personas ante la ley”.
Esa fue la respuesta oficial del Ministerio Público a la información entregada ayer por Reportajes, de La Tercera, que reveló la decisión del SII de no presentar querellas en varios casos.
Según el artículo, hace dos semanas la Dirección de Grandes Contribuyentes del organismo comenzó un masivo proceso de notificación a empresas que habían sido vinculadas en las causas Penta y SQM. En el documento se les informaba de un plazo de 10 días para presentar sus descargos ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) o bien pagar multas correspondientes por infracciones tributarias.
De este modo, se ponía en marcha la decisión del director del SII, Fernando Barraza (nombrado en agosto de 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet), de poner fin a los casos que han marcado la agenda política los últimos dos años a través de la vía pecuniaria y no la penal.
Según los cálculos de Impuestos Internos, mediante las multas el Fisco puede recaudar entre el 50% y el 300% del perjuicio fiscal ocasionado por las facturas y boletas falsas incorporadas a la contabilidad de las empresas. El monto estimado por multa sería de más de $ 1.000 millones.
El problemas radica en que, según el Artículo 162 del Código Tributario, el SII es el único organismo con atribuciones para presentar querellas o denuncias por delitos tributarios sancionados con pena corporal (el Consejo de Defensa del Estado sólo puede hacerlo a solicitud el director del SII).
Molestia de fiscales
La decisión del SII generó la inmediata molestia y rechazo de los fiscales que iniciaron las causas anticorrupción, como Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Según publicó Gajardo en su cuenta de Twitter: “El fraude fiscal es un delito muy grave, que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean”. Luego compartió publicaciones de prensa sobre cómo el SII ha aumentado la recaudación en los últimos años y escribió: “A partir de las investigaciones por fraudes tributarios, la evasión sistemáticamente ha bajado”.
En la misma línea, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, subrayó que “si él (el director del SII) toma esa decisión, me imagino que lo hace en sus facultades, y las motivaciones que tenga la verdad que yo no las puedo calificar, lo que sí lamento es que el castigo a los responsables de estas graves infracciones no esté entre las prioridades de Impuestos Internos”.
La arremetida de los fiscales fue contestada por el abogado Gabriel Zaliasnik, defensor del senador UDI Iván Moreira en el caso Penta. “Activismo de fiscales daña al Ministerio Público (…). Calificar de inaceptable decisión autónoma de SII denota poco respeto por estado de derecho”, escribió en un tuit, retuiteado por la ex ministra Cecilia Pérez, el diputado Gustavo Hasbún y el propio Moreira.
En cambio, para Mauricio Daza, abogado querellante de la ONG Ciudadano Inteligente: “Esta es una actuación impresentable, la cual, lejos de buscar el cumplir con los fines del SII, lo que se pretende es garantizar impunidad para personas que han cometido claros delitos tributarios.
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