Ad portas del esperado anuncio del proyecto de reforma previsional del gobierno, cuyo envío al Congreso se reagendó para la semana del 7 de agosto, Espacio Público evaluó algunas de las propuestas de mejora al sistema de pensiones chileno que se han puesto en la mesa. Los expertos del centro de estudios Eduardo Engel, Andrea Repetto, Eduardo Fajnzylber, Damián Vergara, Patricio Fernández y Sebastián Gray sometieron a análisis algunas de las ideas matrices que tendría el proyecto y otras tres propuestas surgidas en el debate respecto de cuatro principios que consideran básicos para cumplir la expectativa ciudadana en torno a una reforma al régimen de AFP. Estos son aumentar el monto de las pensiones actuales y futuras, incorporar elementos de seguro colectivo y de seguridad social, dotar de legitimidad al modelo y asignar un mayor rol al Estado como garante de la seguridad social.
Sobre la propuesta del Ejecutivo dicen que, en principio, es “técnicamente viable”, dado que cuida los incentivos al ahorro y no implica un alza insostenible en el gasto fiscal. “Es un avance en seguridad social, a pesar de que es difícil evaluar su suficiencia con la información disponible, en particular en relación a la protección contra lagunas y riesgos financieros, ya que tres de los cinco puntos adicionales seguirán estando destinados a cuentas de contribución definida”, cita la entidad.
Pero también reparan que no hacer reformas significativas al 10% que va a las AFP “limita el efecto sobre la legitimidad y el rol del Estado en el mismo”. Esto, porque si bien habría un ente público administrando el aumento de 5% en la cotización obligatoria que se propondrá en la reforma, “la ciudadanía podría seguir sintiendo una frustración al verse obligada a entregar su aporte a una entidad privada con fines de lucro”, dado que la actual cotización obligatoria de 10% seguirá en las cuentas individuales que gestionan las AFP, porque no existiría una opción estatal de ahorro como sí la hay en la banca y salud.
Incluso, plantean que una AFP estatal podría haber tenido un efecto mayor en legitimidad que la nueva entidad pública que se propondría.
Legitimidad
“Se pudo haber hecho más en términos de legitimidad y aseguramiento colectivo”, apunta Fajnzylber, porque si bien la propuesta del gobierno aumentaría las pensiones actuales, el único guiño hacia una mayor legitimidad del sistema es la creación del ente estatal. Es “un minirreparto, pero el grueso del sistema sigue siendo de AFP y no hay grandes cambios por ese lado”, añade, precisando que la legitimidad no es solo un tema político. “La gente no confía en el sistema y eso provoca que no quiera cotizar en él ni haga APV, etc… Esta propuesta está técnicamente bien hecha y va a aumentar las pensiones, pero la gente verá que es más o menos más de lo mismo”, dice.
Un tema complejo, dado que la demanda ciudadana por reformar al sistema no se limita a mejorar las pensiones, sino precisamente a legitimar el modelo y eso abarca “cuestionamientos a la creación del sistema, los escándalos de los jubilazos de FF.AA., la idea de una promesa incumplida de pensión y un Pilar Solidario que no llega a la clase media, que está desprotegida y que tanto en esta área como en la salud tiene que cargar con sus propios costos en individualidad”, sostiene Repetto.
La economista, en todo caso, considera la respuesta del gobierno como una opción eficiente, lo que está demostrado en la experiencia internacional. “El Thrift Savings Plan o TSP de EE.UU. para empleados del gobierno y uniformados tiene costos que son un décimo de los costos de las AFP”, afirma. ¿Qué lo permite? “Es centralizado y licita todos los recursos a empresas administradoras que compiten por ofrecer la comisión más baja para mantenerla, y porque se ahorran en ventas y en marketing, que es buena parte de los gastos extras que tiene nuestro sistema de AFP, que no afectan en absoluto las pensiones de las personas, pero sí sus costos”, responde.
Fajnzylber también cree que la nueva entidad pública que gestionaría el 5% de excedente de cotización tendría un bajo costo de administración y que “el gasto mayor será para el Estado, pues tiene que pagar ese 5% a sus funcionarios”. En su opinión, sin embargo, el costo no es lo preocupante, sino la promesa de mejores pensiones que se fijó sobre la nueva entidad. “Decir que subirás 20% las pensiones a todo el mundo es un tremendo compromiso y no tenemos el modelo para ver esto en el futuro”, acota.
Fernández, en tanto, advierte que “el dato es que la seguridad social no se les pide a las empresas, sino al Estado y, por tanto, no tengo que ser financista para tener cierta tranquilidad en mi vejez; esa responsabilidad será del Estado”. El país ha pasado desde un diagnóstico común a respuestas terminantes que no encuentran punto de acuerdo, según Fernández. “El llamado es a definir cuáles son los retos y buscar una salida que convoque el apoyo necesario para que esto se solucione”.
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