La agenda del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, estaba completa el pasado miércoles 10 de mayo. Era un día importante para su investigación estrella. Aunque no necesariamente podía esperar que sus diligencias le entregaran información tan valiosa como la que había recabado con otros protagonistas del millonario fraude en Carabineros, tenía la oportunidad de interrogar a los dos testigos más poderosos de la trama.
En la mañana debía ir hasta la Escuela de Oficiales de Carabineros, en Antonio Varas, para interrogar al general director de la institución, Bruno Villalobos, quien debía responder cuándo se enteró de la crisis y acerca de su reacción. Luego, por la tarde, tendría que desplazarse hasta la sede del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en Agustinas, para tomarle testimonio a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, quien durante su etapa de subsecretaria de Carabineros (2006-2010) podría haber recibido alguna alerta sobre las operaciones malversatorias en la Intendencia. Asimismo, la actual consejera del CDE también tendría que hacerse cargo de versiones que la apuntaban como receptora de gastos reservados de Carabineros en ese período.
Esa jornada comenzaría con el general Villalobos, quien presentó sus credenciales como máxima autoridad de la institución: 38 años de antigüedad, general desde 2007, director de Inteligencia, jefe de la Zona Metropolitana, director de Fronteras y coronel de Seguridad Presidencial de Michelle Bachelet durante su primer mandato.
Quizás la gran revelación de su testimonio -en calidad de testigo- sería su relato cronológico respecto del momento en que se enteró del fraude que afectaba a Carabineros, al menos cinco meses antes de que él mismo diera a conocer los hechos. “Tomé conocimiento de ello a fines del año 2016, más bien como en noviembre del año 2016. El general Altamirano me informa que están con una investigación judicial ordenada por la Fiscalía Regional de Magallanes por un supuesto sobresueldo o pago de remuneración de un capitán de apellido (Felipe) Ávila. Al tomar conocimiento de estos graves hechos para nuestra institución, de inmediato mandé a llamar al general (Gonzalo) Blu por si tenía conocimiento de esto y, por cierto, al hasta ese entonces general (Flavio) Echeverría, de lo que estaba sucediendo”, dijo Villalobos.
Todavía sin sospechar el verdadero rol del general Flavio Echeverría, Villalobos instruyó al general inspector Julio Pineda, director nacional de Personal, la realización de una investigación administrativa. Su orden recae por responsabilidad de mando en el propio Echeverría. “Él mismo designó como fiscal investigador al entonces coronel Jaime Paz”, señaló Echeverría, para explicar que hasta ese minuto toda la fiscalización estaba a cargo de los mismos responsables del fraude.
“Asimismo, dispuse al general (Álvaro) Altamirano que pusiera todo a disposición de la fiscalía para que se investiguen estos hechos, que se conformara un equipo especial y se investigara cada detalle. Todo también para que la Inspectoría de Carabineros de Chile procediera a efectuar indagaciones del caso”, agrega.
A continuación, Villalobos contó que antes de sus vacaciones pidió a sus subalternos recopilar la mayor cantidad de antecedentes sobre esta situación, pero se enteró por medio del general Pineda que la investigación administrativa “no estaba avanzando mucho” con Paz, quien después se revelaría como uno de los principales imputados de la causa. Entonces se dispuso el cambio del fiscal administrativo, pasando dicha investigación al entonces coronel (Ignacio) Villarrubia, que dependía de la Dirección de Personal, pero que posteriormente dejaría la indagatoria por su ascenso a general de la Segunda Zona de Antofagasta.
“Y así fue que la investigación administrativa fluyó notablemente”, añadió Villalobos. “Sin perjuicio de los avances de los cuales yo no tengo injerencia en cuanto a la investigación ordenada y encaminada por el Ministerio Público. Puedo agregar que hoy la investigación administrativa está a cargo del general Rivero en atención a que había un general involucrado, por consiguiente, el fiscal investigador debe ser de mayor jerarquía que el investigado”.
El general director recién comprendió la verdadera gravedad de lo ocurrido a fines de febrero, cuando regresó de vacaciones. “Dispongo el día 6 de marzo de 2017 la baja de nueve oficiales, la mayor parte de la especialidad de Intendencia, como, asimismo, se llamó a retiro al general Echeverría en ese instante por su responsabilidad de mando. Insisto, en ese instante”, remarca Villalobos, quien le consultó en varias ocasiones a Echeverría si había participado de alguna manera de la trama.
“Un hecho que recuerdo es que le pregunté directamente si estaba involucrado en estos hechos investigados o si tenía conocimiento de los mismos, recibiendo siempre la misma respuesta: que no estaba involucrado. Bueno, lo demás ha estado en desarrollo de las investigaciones e instrucciones que está efectuando el Ministerio Público”, indicó el mandamás de Carabineros.
Villalobos también aprovechó su testimonio para dar cuenta de las medidas que ha tomado después del fraude. Hacia el final de su declaración, comenta que “nuestra investigación administrativa sigue su curso hasta el día de hoy” y que el escándalo lo “llevó a plantear una reingeniería al interior de la especialidad de Intendencia de Carabineros de Chile” en conjunto con el ministro del Interior, Mario Fernández.
“Así puedo indicar que junto a los cursos de acción antes dichos se dispuso la reestructuración de Carabineros de Chile, cambiando de modo importante y relevante la forma de los controles y la forma de gestionar los recursos entregados a la institución. Entre otros, es de relevancia indicar el término del escalafón de Intendencia, la contratación de personal civil que integre el escalafón de los servicios de finanzas, la licitación de auditorías externas, el aumento de plazo de prescripción de las faltas administrativas, el disponer la retención de los retiros voluntarios y la creación de asuntos internos, entre otras”, remató.
Después de tres horas, Campos dio por finalizado el interrogatorio. A casi tres meses de aquella, su primera y hasta ahora única declaración, la situación de Villalobos sigue en compás de espera, ya que -según anunció el propio fiscal en entrevista con Reportajes- se materializará una ronda de declaraciones a generales del alto mando que dirige.
La hora de Blanco
15.52 horas del 10 de mayo. Decenas de periodistas aguardan en las afueras del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Al interior, la ex ministra de Justicia Mónica Javiera Blanco Suárez daba inicio ante el fiscal Eugenio Campos -y los oficiales de Carabineros Esteban Díaz y Tulio Muñoz- su declaración en calidad de testigo, por el millonario fraude en la institución.
En el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet la abogada, quien ahora ostenta el cargo de consejera en el CDE, fue subsecretaria de Carabineros, autoridad política que en esa época se relacionaba con la institución en los años donde -según ha establecido la indagatoria- operó “la primera mafia” que se descubrió y a la que se le acusa de malversar más de $ 25 mil millones.
En ese sentido, Blanco explicó a los investigadores que como subsecretaria ella se encargaba de ver los temas reglamentarios del personal de la institución uniformada, decretos de nombramiento, ascensos, retiros de oficiales, lo que se sistematizaba a través de una división jurídica que hacía los estudios y luego ella los aprobaba.
Blanco aseguró que respecto de la malversación que se está investigando, “no tengo ningún conocimiento, ni recuerdo los nombres de las personas que ahora figuran como investigadas y de las cuales me he enterado por medio de los medios de comunicación”.
Descartó que el control del dinero de Carabineros pasara por la repartición que dirigió y apuntó a los controles de la institución y externos: “Es un área que escapa al tema de la subsecretaría, es más, son temas que dependen directamente de la institución y sus controles internos, como además de la propia Contraloría”.
Del dinero fiscal con el que contaba, Blanco dijo que este se rendía al Ministerio de Defensa y al de Interior, y cuando se solicitaban fondos esto se hacía con Hacienda y en estas reuniones participaba el general director de Carabineros, ya que cada uno defendía su propio presupuesto.
A veces, la máxima autoridad de Carabineros, declaró Blanco, envió a algún miembro de su gabinete o su jefe de Finanzas. “Durante mi periodo siempre fue el general Iván Whipple”, sostuvo la abogada. Este último ha declarado como imputado en el caso y en la arista -que tramita la Fiscalía Centro Norte- identificó a la ex ministra como destinataria en listados de gastos reservados.
Al respecto, y sin que se le preguntara -al menos en lo que quedó establecido en esa declaración como testigo-, la ex ministra le dijo al fiscal Campos: “Quiero señalar tajantemente que como Javiera Blanco nunca me tocó recibir dineros por concepto de gastos reservados”.
Aclaró que como subsecretaria de Carabineros “sí tuve acceso a información de cómo estos se ejecutaban, pero en mi calidad de funcionario público y por tema de seguridad y por definición de ley, tengo deber de reserva sobre esta información”.
Reforzó que no tenía acceso a gastos reservados, aunque precisó que “hay otro tema que hay que considerar, que también refiere a la ley, es en cuanto a lo denominado “función crítica”, no recuerdo en estos momentos si en mi caso del cargo de subsecretaria de Carabineros tenía dicha asignación, pero es un concepto distinto al de gastos reservados”.
En una hora y 13 minutos, la declaración se dio por concluida.
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