Como lo anticipaban expertos y abogados laboralistas, la judicialización que trae consigo la implementada Reforma Laboral se hará efectiva a partir de este lunes. Ese día vence el plazo para que los sindicatos de las denominadas empresas estratégicas presenten sus reclamaciones ante la Corte de Apelaciones, por no tener derecho a huelga en los próximos dos años.
El pasado 1 de agosto los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa, decidieron conceder esta categoría a 102 compañías, principalmente de servicios básicos, como eléctricas, sanitarias, gas; algunas hasta encargadas de oleoductos y centros de diálisis.
Catorce sindicatos ya han anticipado que si no son acogidas las reclamaciones por parte de la justicia recurrirán al Tribunal Constitucional y no descartan apelar a organismos internacionales para recuperar su derecho a ejercer la huelga.
Uno de los más duros contra la resolución de la autoridad es el abogado constitucionalista Hernán Bosselin. En representación de los 14 sindicatos calificó que la decisión de dejar sin un derecho fundamental a trabajadores de 102 compañías es inconstitucional.
En su argumento explica que “esa disposición del Código del Trabajo ha sido interpretada de manera amplísima, en términos tales que niegan ejercer el derecho a huelga que está reconocido en la Constitución y tratados internacionales, en consecuencias los ministros de Estado han infringido la Constitución y violado conversiones que resguardan y protegen el derechos a paralizar”.
Para el abogado Hernán Briones la resolución no está de acuerdo con la realidad económica de las empresas, no se ajusta a la Constitución ni a la Reforma Laboral. El experto, además, sanciona que la norma que dictó la nómina de empresas estratégicas tampoco estaría bien fundada, pues no contiene suficientes argumentos y evidencia contradicciones.
El jurista desestima que las 102 empresas en la lista sean efectivamente estratégicas, a su juicio, el Gobierno trató de defender a “enormes empresas, normalmente en manos extrajeras que tienen enorme capacidad para presionar y generar mercados monopólicos y oligopólicos”, usando la nueva reforma laboral en desmedro de las clases trabajadoras.
Las razones de los trabajadores
El presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Empresas Eléctricas, Félix Medina, denunció que prácticamente todas las compañías de servicios básicos incluidas en la lista de empresas estratégicas, mantienen casi el 90% de su fuerza laboral con trabajadores subcontratados, los que sí tienen derecho a paralizar.
El escenario, según explica el dirigente, es forzado, puesto que es solo el 10 por ciento de los trabajadores los que no podrían paralizar. “El objetivo final, fuera de esta apelación, es dejar visible que la mayor labor que se hace en empresas eléctricas en cuanto a mantenimiento y operación, están tercerizados, por tanto, apunta a que todos estos recursos lleven a internalizar nuevamente esta gran masa de trabajadores que tienen un empleo bastante precario, además de conseguir sentarnos a una mesa en igualdad de condiciones con el empleador y no sólo por condiciones económicas, sino que también sociales que se han ido perdiendo”.
Para el presidente del sindicato de trabajadores de la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), Marcos López, y que hoy controla las empresas Copec del grupo Angelini, es paradójico que durante la dictadura no fueron considerados como estratégicas y ahora sí. El dirigente acusó presiones e influencias empresariales para que hoy fueran incluidos en las listas de los que no tienen derecho a huelga.
“Cuando estuvimos en dictadura no éramos estratégicos, este último tiempo hemos sido clasificados de esta forma, creo que hay manos e intereses económicos que son los que priman, ya que actualmente la compañía está capacitada para suplir labores, se encuentra automatizada desde el 2000; también existe gente que no pertenece al sindicato y que puede manejar perfectamente la compañía cuando se estime conveniente, no hay problema en eso”, aseveró.
Entre el pasado viernes y este lunes se espera una verdadera avalancha de recursos de sindicatos para revertir la prohibición de huelga. Mientras el Ejecutivo anunció que hará valer dictámenes de Contraloría y regulaciones sectoriales para defender su postura ante la Corte de Apelaciones.
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