La Corte Suprema ordenó dejar sin efecto descuentos en remuneraciones de 125 trabajadores de la JUNJI de la Región de Antofagasta por haber participado en las movilizaciones de 2016. De esta forma el Máximo Tribunal confirma la sentencia dictada anteriormente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Corte Suprema falló, el pasado 12 de septiembre, a favor de 125 trabajadores/as de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) de la Región de Antofagasta, en respuesta a un recurso presentado por la Agrupación Nacional de Empleados/as Fiscales de esta zona, el cual exigía dejar sin efecto los descuentos de remuneraciones, tras participar de las movilizaciones durante el proceso de negociación por el reajuste general del Sector Público del año 2016.
El presidente regional de la ANEF Antofagasta, Freddy González, sostuvo que este fallo marca el final de un largo camino emprendido en defensa de quienes trabajan en el Sector Público y un precedente a nivel regional y nacional para que “jefes de servicios que se ven con poderes eviten iniciar una política del terror”.
“Este fallo es categórico y reivindica las demandas de Aprojunji (Asociación Pro Funcionarios JUNJI) y a todos los demás servicios que han sido objeto de represalias sin existir de por medio un acto administrativo que lo amerite”, afirmó en alusión a que el libelo del Máximo Tribunal del país argumentó que para hacer efectivo dichos descuentos la institución pública debió efectuar sumarios administrativos o investigaciones sumarias a cada una de las personas involucradas, situación que no aconteció.
Por su parte, la presidenta regional de la Aprojunji, Ana Ortiz Aquez, sostuvo que desde abril de este año, quienes trabajan en la JUNJI, en su mayor parte jefas de hogar, se han visto afectadas en sus remuneraciones con descuentos individuales que alcanzan el millón de pesos. “Hubo meses, inclusive, que obtuvieron una remuneración de veinte mil pesos”, narró.
González dijo que: “Esta medida marca un precedente a nivel nacional. Es muy importante para quienes ejercen la función pública porque de ahora en adelante las autoridades medirán las consecuencias de los descuentos arbitrarios. Este es el resultado de un trabajo en equipo, un trabajo regional y una defensa formidable para las trabajadoras y trabajadores”.
Agregó que la JUNJI deberá buscar los mecanismos para devolver las 149 horas extras que han debido cumplir quienes participaron en el paro del Sector Público, entre el 20 de octubre y 17 de noviembre de 2016, y en el ejercicio de diversas funciones en 14 jardines repartidos entre San Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta y Chiu Chiu.
Finalmente, resaltar que el derecho a huelga del sector público es una medida incluida en el protocolo de acuerdo entre la ANEF y el Gobierno, suscrito el 2 de julio de 2015, y que para su pleno cumplimiento es necesario modificar la ley 19.296 sobre Asociación de Funcionarios y el Estatuto Administrativo, medida que se está discutiendo en al actual proceso de negociación sectorial.
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