Por Ximena Jara/ Periodista. Ex jefa de contenidos de la Presidencia de Michelle Bachelet.
Puestas a pelear injustamente las sensibilidades, el resultado es un debate perverso, en el que el Gobierno es el primero en mezclar argumentos y confundir vivos con no vivos.
La presentación de un proyecto de ley que permitiría la identificación con nombre de los mortinatos, dado a conocer ayer por el Presidente Sebastián Piñera, ha generado un debate importante en las últimas horas, aunque lleno de equívocos.
Se ha hablado de “un registro civil especial” y también, dentro de la argumentación ha aparecido la idea de que ahora las familias podrán sepultar a sus mortinatos, si lo desean. Aclaremos: según la ley vigente, los mortinatos pueden ser retirados de los recintos hospitalarios si las familias así lo resuelven; el certificado emitido en el servicio médico permite la inscripción en el registro civil, no como persona, sino como no nacido (NN) de una madre que sí está individualizada. Con ese certificado, las familias pueden disponer la inhumación de sus no nacidos, quedando más o menos al arbitrio de los cementerios el permitir – y generalmente se permite – que la lápida lleve un nombre identificando e individualizando a ese mortinato.
Tras una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo Ley de Identidad NN, el proyecto de ley presentado propone permitir que las familias no deban contentarse con la denominación NN, sino que se pueda dar nombre y apellido a ese hijo que no llegó a nacer. Se trata de un tema de alto contenido emocional y que opera a partir de la subjetividad de las familias que pierden un embarazo, y viene a llenar un vacío simbólico de la ley que, en muchos casos, dificulta el duelo.
Sin embargo, la presentación de este proyecto ha tomado un cariz distinto y ha venido, oportunamente, a superponer planos, no porque lo imagine la mala voluntad de las mujeres pro aborto, sino porque los dichos del propio Presidente de la República así lo confirman.
Atendamos a las declaraciones que, en torno a este proyecto, ha hecho el Mandatario. El Presidente habla de que las leyes “otorguen un trato más humano, un trato más civilizado a esos niños que murieron antes de nacer”. Y más adelante en su discurso, el Presidente habla del “compromiso con la defensa de la vida de todos los seres humano, y muy especialmente de esos niños y niñas que están por nacer”.
Es decir, en dos frases, el Presidente se despacha afirmaciones que, en el contexto de la discusión sobre aborto en la sociedad chilena, vale la pena mirar. En primer lugar, llama “niños” a los fetos. ¿Podría ser una licencia para dar “un trato más humano” a quienes no llegan a nacer? Por cierto. Pero luego enarbola, a pito de nada, su compromiso con la defensa de la vida de los niños y niñas por nacer. Es decir, en una ley sobre identificación de nonatos fallecidos, habla de la defensa de la “vida”, lo que parece no tener sentido, más si se trata de los “que están por nacer”, pues es una ley, precisamente referida a las situaciones que los hijos no llegan a nacer.
Estas declaraciones solo se entienden en relación con las multitudinarias marchas de mujeres que han salido a pedir aborto libre y seguro, pues, aunque responde a una demanda real de las cerca de 2 mil familias que anualmente pierden un embarazo, el mensaje es para las multitudes de personas que defienden el derecho a interrumpirlo. Así, y a partir de las ocho semanas, de acuerdo con lo que han solicitado las organizaciones de la sociedad civil, se podría inscribir a un mortinato con nombre y apellido, lo que choca con la convicción de que un embrión no es un ser humano, mucho menos en las primeras 12 semanas.
Puestas a pelear injustamente las sensibilidades, el resultado es un debate perverso, en el que el Gobierno es el primero en mezclar argumentos y confundir vivos con no vivos, poniendo el foco en la “humanidad” de los fetos en gestación y acercando cada vez más la noción de persona – determinada por la ley a partir del nacimiento – al proceso de gestación, enrevesando, amañando y tiñendo el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, planteada como necesaria por millones de mujeres en Chile.
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