Frank Peter Sinclair Manley está en la cima de su carrera. Como ministro consejero, ostenta el cargo más alto que se puede alcanzar dentro del Servicio Exterior chileno, y aunque hace muchos años pudo convertirse en embajador, siguiendo los pasos de su hermano mayor, el actual representante de Chile en Singapur, James Sinclair, optó por otro camino, uno menos luminoso y alejado del foco de atención pública.
Desde que salió de la Academia Diplomática en 1980, Frank Peter -el segundo hijo diplomático del exvicecomandante del Ejército y exmiembro de la Junta Militar en los tiempos de Pinochet, general Santiago Sinclair Oyaneder- se ha desempeñado la mayor parte del tiempo como funcionario consular (en Kenia, Santa Cruz de la Sierra, como director de Política Consular y como jefe de la Dirección de Servicios Consulares), una línea del Ministerio de Relaciones Exteriores donde goza de un mayor grado de autonomía y tranquilidad.
Eso hasta la semana pasada. En la mañana del 5 de diciembre, Frank Sinclair Manley recibió en su despacho como cónsul general de Chile en Córdoba, Argentina, un sorpresivo mensaje que destruyó su atesorada tranquilidad.
Se trata de una notificación del 8° Juzgado de Garantía de Santiago de la audiencia de formalización de cargos en su contra por el delito de tráfico de migrantes indios y nepaleses que se efectuará el 11 de enero próximo, delitos que tienen una pena de hasta cinco años de prisión.
Todo esto en el marco de una investigación de dos años y que llevaba en completo secreto, hasta ese momento, el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Ramírez, y en la cual se imputa al cónsul general, Frank Sinclair Manley, ser parte de una asociación ilícita constituida para el tráfico de inmigrantes.
En la mira del fiscal también se encuentra en calidad de imputado, por los mismos cargos, otro cónsul chileno en servicio activo en el exterior: Gustavo Adolfo Cantuarias Concha. A diferencia de Frank Sinclair, el joven cientista político de la Universidad Diego Portales, de 34 años, recién comienza su vida diplomática.
Tras egresar de la Academia Diplomática en 2012, Cantuarias había visto despegar su carrera en diciembre de 2014, cuando, con el grado de tercer secretario -el más bajo del escalafón profesional- asumió su primera destinación en el extranjero: cónsul de Chile en Nueva Delhi. En la India estuvo hasta febrero de este año, cuando fue trasladado a Irlanda, donde actualmente se desempeña como cónsul general de Chile en Dublín.
Pero entre 2015 y 2017, desde Nueva Delhi, Cantuarias emitió visas de estudiante -las que permiten hasta un año de residencia en Chile- a 228 ciudadanos indios y nepaleses, las que están actualmente bajo la lupa de la Fiscalía de Alta Complejidad que dirige el fiscal Felipe Sepúlveda. Al menos 160 de esos inmigrantes siguen viviendo en Chile, y un número aún no clarificado usó su paso por Santiago como puente para seguir rumbo a Estados Unidos, aprovechando las facilidades de tener una residencia temporal chilena.
Según la investigación de la PDI, para validar la entrega de esas visas de estudiante a ciudadanos indios y nepaleses los migrantes presentaban en el consulado de Nueva Delhi documentos y certificados otorgados por el Multicultural Institute of Education Ltda.
MCI Ltda. o MCI Institute Ltda., los nombres de fantasía con que también operaba el Multicultural Institute, es una sociedad creada el 13 de noviembre de 2014 por Frank Sinclair Manley, Christian Andrés Chahuán Sabag -cada uno con el 30% de las acciones- y por Jitendra Kumar Khatwani Takorda, quien figura con el 40% de las acciones. Tanto Chahuan Sabag (de 34 años) como Khatwani Takorda (de 46 años) se encuentran imputados como miembros de la asociación ilícita y ya fueron notificados de que deberán comparecer el próximo 11 de enero a la audiencia de formalización de cargos en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Ese día, en la audiencia judicial también será formalizada como imputada Josefina Sinclair Alcalde, una de las hijas del cónsul Frank Sinclair.
La joven, de 25 años, recibió en octubre de 2015 de su padre la cesión de su participación en la sociedad MCI Ltda. Sin embargo, cercanos a la muchacha aseguran que ella no se habría vinculado a las actividades de la sociedad, de las que desconocía incluso dónde funcionaba y a la que seguía vinculado de manera informal el cónsul Frank Sinclair.
Promovían pasaportes y visas
Según consta en la escritura pública, el objeto de MCI Ltda. era “promover, agenciar, representar, desarrollar programas de integración y formación en educación superior de postulantes de Asia y Oceanía en Latinoamérica, identificando y seleccionando candidatos a educación superior en países de Asia y Oceanía para que participen en universidades de América Latina en cursos de doctorado, maestría, diplomados y pasantías”.
En la página web de MCI Ltda. aparecen como “partner” de la sociedad las universidades SEK, la universidad española Rey Juan Carlos y tres universidades argentinas: la Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Siglo 21 y Universidad Blas Pascal, todas ellas con sede en Córdoba, donde Sinclair es actualmente cónsul. Incluso, en su página de Facebook, MCI Institute promocionaba sus servicios con fotos de estudiantes indios asistiendo a clases en la Universidad SEK.
Consultados por Reportajes, la Universidad SEK señaló que “Universidad SEK alcanzó un convenio educacional con Foundation of Education Programme for Asia and Latam, a través del cual impartió clases y tituló, durante los años 2016 y 2017, a 78 estudiantes extranjeros -en dos diplomados y un magíster- que cumplieron con los requisitos académicos establecidos. El convenio educacional no continuó ante la falta de estudiantes extranjeros que reuniera las condiciones establecidas en los reglamentos de la universidad”. A su vez, Roberto Ipharraguerre, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Provincial de Córdoba, donde supuestamente se iban a impartir algunos cursos, afirmó que “jamás se efectuaron esos programas”.
La empresa Multicultural Institute Ltda. se comprometía a facilitar los procedimientos de documentación, pasaporte, despacho y transporte de los postulantes.
Según los testimonios recogidos por la PDI y la fiscalía, los inmigrantes pagaban entre US$ 6.800 y US$ 8.000 a Multicultural Institute por todo el proceso. Por lo que los investigadores presumen que los miembros de esta eventual asociación ilícita podrían haberse embolsado cerca de 900 millones de pesos.
En julio de 2015, Frank Sinclair y Jitendra Kathawani buscarían extender los negocios a otras áreas geográficas. Así, crearon las sociedades MCI South America Ltda. y MCI Institute Central America & Caribbean Ltda. En esta última es socia también la funcionaria diplomática dominicana Ninotchka Torres Castro.
En esos años, desde 2013 hasta fines de 2015, Frank Sinclair Manley se encontraba en Santiago, desempeñándose en el Ministerio de Relaciones Exteriores en jefaturas de departamentos en los que tenía injerencia directa sobre la tramitación de pasaportes y visas. Primero como director de Política Exterior y luego como director del Servicio Consular.
Sumario en Cancillería
La Cancillería ya estaba al tanto de estas indagatorias que apuntaban a dos de sus cónsules y que se conocen justo en momentos en que el gobierno busca “ordenar la casa” en el tema migratorio, y en medio de la polémica por la decisión de no firmar el Pacto Mundial por las Migraciones.
Según fuentes de Cancillería, la PDI le informó que había procedido a entregar antecedentes al Ministerio Público sobre un eventual delito de asociación ilícita para el tráfico de personas y/o trata de personas. Además, el 4 de diciembre pasado fue la Cancillería la que envió los oficios del 8° Juzgado de Garantía a los dos funcionarios que se encuentran en el extranjero, notificando la fecha de la audiencia de formalización de cargos.
Los indicios en la Cancillería de que el cónsul Frank Sinclair podría estar vinculado en irregularidades, sin embargo, venían de antes. El cónsul, incluso, fue sancionado a principios de este año con tres meses con goce de medio sueldo.
La Cancillería había dispuesto un sumario el 18 de mayo de 2016, luego de que las embajadas de India y Haití alertaran la existencia de “prácticas y procedimientos para reclutar alumnos extranjeros por parte de centro de estudios chilenos”, señalan fuentes de Cancillería. Los antecedentes apuntaban directamente a Multicultural Institute MCI.
Se había descubierto, además, la existencia de un documento legalizado por el Departamento de Legalizaciones de la Dirección de Servicios Consulares (Diser) relacionados con ese instituto de estudios, acerca del cual existen presunciones de irregularidades. Las fuentes no especifican si ese documento se visó en el periodo en que Sinclair era precisamente el director del Diser.
Aun así, en el Ministerio de Relaciones Exteriores indican que el 30 de enero de 2018 se dictó la medida disciplinaria contra Sinclair.
Esta no es la primera sanción que recibe el cónsul Frank Sinclair. En 2011, mientras se desempeñaba como cónsul general de Chile en Santa Cruz, Bolivia, se le amonestó por faltar al artículo 23 del Reglamento Consular, que prohíbe expresamente a los diplomáticos de carrera “ejercer en provecho propio” actividades profesionales o comerciales en el Estado donde se encuentran destinados.
La sanción surgió luego de que el diario La Estrella publicara una noticia sobre las gestiones que había realizado Sinclair ante la directora de ProChile de la Región de Arica y Parinacota en favor de la sociedad “Artigas y Sinclair Ltda.”, la misma que había creado un año antes junto a Nelson Artigas, un empresario chileno radicado en Santa Cruz de la Sierra, con el fin de importar y comercializar en Bolivia cuadernos, papeles de oficina y otros productos.
La Cancillería le ordenó a Sinclair en esa ocasión abstenerse de realizar negocios en su lugar de destinación y disolver la sociedad.
Cinco años después, Frank Sinclair reincidió. Ahora en Córdoba, donde se desempeña como cónsul de Chile desde enero de 2016.
En el portal de noticias del gobierno de la provincia de Córdoba figura una noticia que pasó inadvertida en la Cancillería chilena. El 1 de agosto de 2016, bajo el título de “La UPC recibirá estudiantes de Asia”, se informa de la firma del convenio marco entre la Universidad Provincial de Córdoba, representada por su entonces rectora Isabel Bohorquez, con el Multicultural Institute for Education y la Fundación of Education Programme for Asia and Latinoamerica, las dos con sede en Chile y representadas por Christian Chahuán Sabag, para recibir a estudiantes extranjeros en cursos de turismo.
“La iniciativa llega a la universidad provincial a través del cónsul de Chile, Frank Sinclair Manley, quien acompaña a esta casa de estudios en el objetivo de generar lazos institucionales”, señala la nota de prensa.
Lo que no sabían en la Universidad Provincial de Córdoba es que el cónsul era fundador de la empresa que estaba promoviendo y seguía vinculado a ella a través de su hija.
Ninguno de los dos cónsules accedieron a entregar su versión a Reportajes y, ahora, la fiscalía va más allá de una falta al reglamento interno de los funcionarios diplomáticos chilenos. El 11 de enero, lo que enfrentará Frank Sinclair será cargos por una presunta asociación ilícita para el tráfico de personas. R
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