En medio de la discusión del proyecto de ley de integración social y urbana, que hoy se discute en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propuso que se concesionen terrenos públicos para que privados construyan proyectos viviendas sociales para arriendo.
Esta iniciativa, dice el gremio, abarca la integración social en zonas consolidadas -porque se podrían levantar inmuebles en suelo efectivamente bien localizado, dotado de servicios y buen acceso a transporte-, en desmedro de una política de “movilizar” la ciudad y sus estándares a toda el área urbana, en especial a las zonas más deficitarias de todas las comunas. Esta medida, señalan, impulsaría la oferta pública de viviendas para beneficiarios del subsidio de arriendo.
El presidente de la CChC, Patricio Donoso, dice que “una solución que permita definir localización y controlar precios puede ser desarrollando este modelo de asociación público-privada”. Explica que “el Estado tiene terrenos bien localizados, podría ponerlos a disposición para que en esos terrenos se desarrolle un proyecto bajo este mecanismo, que lo financie un privado, y el Estado, en la medida de asegurar un otorgamiento de subsidios a largo plazo, lo va financiando. Se puede dar una mayor solución a una mayor cantidad de personas, financiarlo a largo plazo y una vez que se financie quedar con la propiedad”, dice.
Para ello, eso sí, es necesario facultar a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para concesionar el uso de inmuebles, con el propósito de que se construyan y administren viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una de las fórmulas que la CChC propone es un nuevo decreto o ley de subsidio de arriendo, acorde a las necesidades actuales. “Si el día de mañana el mercado de los arriendos empieza a subir en forma creciente, aquí el Estado ya tiene el precio fijo, que es otro problema que tiene el Estado con el subsidio de arriendo”, señala Donoso.
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